La Casa de los Perros | Una democracia en ruinas en Zacatecas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El poder, cuando renuncia a la responsabilidad, se convierte en farsa. Y la farsa, en tiempos de elección, es una forma particularmente peligrosa de corrupción.
Zacatecas se ha sumido, otra vez, en un experimento fallido de institucionalidad: reformó su Constitución para democratizar al Poder Judicial, pero dejó a su órgano electoral sin los recursos para hacerla posible. Como si el acto de legislar pudiera suplantar al de gobernar. Como si promulgar fuera suficiente para cumplir.
No hay dinero, dicen. Pero el dinero no es el fondo del problema. Lo grave es la ausencia de voluntad política, la comodidad del cálculo y la deliberada estrategia de escamotearle oxígeno a las instituciones cuando más lo necesitan.
El Instituto Nacional Electoral —con toda su diplomacia rota por el hartazgo— lo ha dicho sin eufemismos: “¿Para qué hacen una reforma si no tienen con qué financiarla?” No es una pregunta retórica. Es la denuncia de una traición.
Porque lo que está en juego no es simplemente un proceso extraordinario. Es el nombramiento de quienes habrán de juzgar, de decidir sobre la vida de los otros. La autoridad que se erige sin legitimidad es apenas un eco vacío de legalidad. Un espectro vestido con toga.
Y en Zacatecas, ese espectro se pasea impune. El organismo electoral local pidió 105 millones de pesos; le entregaron 60. Hoy tiene una deuda con el INE, un déficit de 86 millones, y el calendario encima.
¿Cómo formar, capacitar, supervisar, pagar y organizar una elección judicial con menos de la mitad de lo necesario? ¿Qué clase de democracia acepta estos términos y firma en la línea punteada?
El Congreso local, por su parte, pide que se investigue a los aspirantes al Poder Judicial. No se trata de una legítima exigencia de transparencia. No a estas alturas. A menos de tres semanas del nombramiento, lo que sugiere esa solicitud es otra cosa: miedo, sospecha, cálculo.
¿Qué sabe el Congreso que no dice? ¿Qué quiere evitar o encubrir? ¿Es esta una purga preventiva o un grito tardío frente a un sistema que ya colapsó?
La elección judicial se convierte así en una puesta en escena, una representación sin fondo ni forma, donde los actores ya conocen el libreto, pero al público se le niega hasta el derecho de saber de qué trata la obra. Y lo más trágico: sin recursos, sin controles, sin garantías, los ciudadanos no podrán confiar ni en el escenario ni en quienes lo pisan.
Zacatecas se ha transformado en un laboratorio de la decadencia democrática. Sus gobernantes han confundido la autonomía con el abandono, la ley con la simulación, la austeridad con el sabotaje. No basta con que el INE intervenga a última hora con sus capacitadores y sus técnicos. La democracia no se salva con parches ni con llamados desesperados desde Ciudad de México.
La elección judicial debía ser un acto fundacional. Un paso hacia una justicia más limpia, más abierta, más legítima. Pero sin financiamiento, sin transparencia, sin voluntad, ese paso se convierte en retroceso. Y los retrocesos en materia democrática no son inocuos: dejan heridas que tardan décadas en sanar.
Aquí no hay errores. Hay decisiones. Y cada decisión —negar presupuesto, no impugnar, callar— fue tomada con plena conciencia de sus consecuencias. No es ingenuidad. Es negligencia deliberada.
Zacatecas no se merece esta comedia amarga. Sus ciudadanos tienen derecho a saber quién quiere juzgarlos, con qué medios y bajo qué reglas. Tienen derecho a confiar. Y nadie, ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni el OPLE, tiene permiso para arrebatarles ese derecho.
Porque sin confianza no hay justicia. Y sin justicia, no hay Estado. Hay simulacro.
Y el simulacro, al final, siempre se paga con sangre.
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