La Casa de los Perros | Si maestros claudican, ¿qué aprenderán nuevas generaciones?
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La lucha magisterial en Zacatecas no es sólo una batalla por mejores condiciones laborales, sino un ejemplo vivo de resistencia y dignidad.
Los docentes, con su paro y manifestaciones, nos recuerdan que los derechos no se mendigan, se exigen.
En un país donde la sumisión ante el poder ha sido norma, los maestros demuestran que es posible y necesario plantarse con firmeza.
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ha instado a los sindicatos de educación a permitir el regreso a clases mientras continúan las negociaciones.
Su argumento, basado en la preocupación de los padres de familia y el derecho de los infantes a la educación es válido, pero simplista. No se puede pedir a los maestros que regresen a las aulas mientras la fallida nueva gobernanza sigue dando respuestas vacías y postergando soluciones reales.
La reunión entre los funcionarios y los líderes sindicales, transmitida en vivo, dijeron, “como un acto de transparencia sin precedentes”, dejó claro que el diálogo es constante, pero los acuerdos concretos siguen siendo inexistentes.
La negativa de los docentes a firmar una minuta de acuerdos refleja la profundidad de la crisis: no es una simple cuestión de paciencia o negociación, sino de hechos contundentes.
Si el gobierno realmente quisiera resolver la problemática, pondría en la mesa recursos y compromisos verificables, no únicamente promesas.
El anuncio de la secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, sobre la gestión de siete millones de pesos en becas para hijos de docentes intenta ser un gesto positivo, pero insuficiente, sobre todo cuando la federalización de la nómina educativa, pendiente desde 2011, sigue siendo una deuda histórica que pone en jaque la estabilidad del sector.
Mientras tanto, los sindicatos exigen respuestas concretas y no más dilaciones burocráticas. La idea de la fallida nueva gobernanza de reasignar fondos hasta abril de 2025 es una excusa administrativa que deja en claro que la educación no es una prioridad inmediata.
Este conflicto debe servir de lección para los estudiantes. Si los maestros vuelven a clases sin obtener soluciones, ¿qué mensaje recibirán las nuevas generaciones? Que al final, el poder siempre gana, que la lucha es en vano y que lo mejor es agachar la cabeza.
Sin embargo, si los docentes resisten hasta obtener una respuesta digna, estarán enseñando la lección más valiosa de todas: la dignidad no se negocia, se defiende.
Es cierto que los alumnos tienen derecho a la educación y que los padres tienen razones para estar preocupados. Pero culpar a los maestros por la suspensión de clases es mirar el problema desde la óptica equivocada.
La verdadera responsabilidad recae en un gobierno que ha ignorado las demandas del sector educativo durante años y que sigue apostando al desgaste como estrategia de negociación.
Las protestas no pueden verse como un capricho ni como una molestia, sino como un grito de justicia. Un pueblo que no lucha por sus derechos está condenado a la sumisión. Los docentes, con su paro, están dando una enorme lección que debería ser replicada en todos los sectores.
La educación no sólo ocurre en las aulas; hoy, la verdadera enseñanza se está dando en las calles.
Violencia sexual
La Universidad Autónoma de Zacatecas enfrenta un momento crucial en la lucha por erradicar la violencia de género dentro de su comunidad.
Mientras organizaciones feministas insisten en la necesidad de un nuevo protocolo contra la violencia sexual, desde la administración universitaria se presentan avances a cuentagotas.
Sin embargo, no basta con la simple elaboración de documentos: es urgente garantizar su implementación efectiva y, sobre todo, que quienes aspiren a dirigir la institución sean un ejemplo de integridad.
El llamado de la «Red de Investigación de Feminismos y Desarrollo» y el «Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual» no es menor.
Exigen un protocolo construido desde la base, con la participación de todas las partes involucradas, y que no quede en letra muerta.
La UAZ debe comprometerse con la creación de un marco legal realista, operativo y con consecuencias claras para quienes vulneren los derechos de las mujeres universitarias.
Pero más allá del protocolo, existe un aspecto ineludible que debe atenderse antes de la elección de nuevas autoridades: la aplicación de la llamada Ley Tres de Tres contra la violencia de género, aprobada por el INE el 16 de enero de 2024.
Es impensable que en pleno 2025 aún deban hacerse llamados para evitar que deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales o perpetradores de violencia familiar puedan aspirar a cargos de poder en la universidad. La academia, como bastión del conocimiento y la ética, debe dar el ejemplo.
Si la UAZ pretende ser una institución libre de violencia de género, debe comenzar por asegurarse de que sus líderes sean personas intachables. No hacerlo solo perpetuaría la impunidad y el mensaje de que las mujeres en su comunidad seguirán sin la protección que merecen.
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