La Casa de los Perros: Recaudando ando
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Finalmente tronó lo que tenía que tronar. Los integrantes de las secciones 62, 72, 261 y 102 del Sindicato Nacional Minero Frente, encabezados por Carlos Pavón Campos, ya lo habían advertido. Tomarían medidas radicales hasta “echar atrás” el llevado y traído “Impuesto Ecológico”. Y las tomaron.
Durante más de 16 horas bloquearon la carretera federal 45 en sus dos sentidos. Ni de Zacatecas a Fresnillo ni viceversa hubo paso. En momentos dejaron la vía libre para las ambulancias y enfermos, aunque muchos perdieron sus vuelos. Imposible llegar al Aeropuerto de Calera. La presión ejercida por los trabajadores de las minas Fresnillo PLC, Madero y Sabinas, del Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres González, dueño del Grupo BAL, que tendría en su chequera unos 21 mil millones de dólares, y que apenas hace unos días dio espaldarazo al presidente Enrique Peña Nieto, frente a las agresiones de Donald Trump, fue mucha. Demasiada.
El poder del tercer hombre más rico de México se hizo apenas sentir en Zacatecas, a través de los trabajadores mineros que, tan aguerridos como lo son para apoyar campañas electorales de los priistas, como la del propio inquilino de La Casa de los Perros, lo son también para aguantar embates de la autoridad.
En las redes sociales, los funcionarios al servicio del Gobierno del Estado comenzaron a avasallar con propaganda a favor del Impuesto Ecológico, al grado que hicieron sentir a los zacatecanos que cuando ese dinero de los súper millonarios llegara a las arcas de Zacatecas, la vida sería casi casi como en Suiza, Dinamarca o Australia. Puro primer mundo. Se vale soñar. Pero, la verdad sea dicha, lo que se llegue a recaudar no alcanzará para obras ni mucho menos para remediar el daño al medio ambiente que las empresas han ocasionado en Zacatecas, y que ha sido solapado durante años y años por los mismos gobernantes que hoy amenazan hasta con embargos. Eso servirá para remediar, apenas un poco, el desfalco del que la entidad ha sido objeto gracias a quienes han detentado el poder.
Para que tanto brinco si el suelo está tan parejo. En la campaña emprendida desde el Gobierno del Estado se reiteró y reiteró que los trabajadores mineros eran manipulados por el mero dueño de la minera. Que los engañaban vilmente al decirles que sus utilidades, que siempre son muy jugosas, serían reducidas al mínimo. En pocas palabras, que lo dicho por sus líderes era falso de toda falsedad. Pero de pronto, y de manera inesperada, la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, salió a dar un anuncio “muy relevante”: El gobernador publicaría un Decreto Gubernativo, algo así como las Órdenes Ejecutivas de Donald Trump, «para garantizar» que los empleados de las empresas sujetas al pago del impuesto ecológico no salieran perjudicados. No que no. Es decir, que con esta orden gubernamental se obligará a las empresas a acreditar ante la Secretaría de Finanzas (Sefin), contra el impuesto a su cargo, un importe equivalente “a la afectación que pudiese darse en la participación de utilidades de los trabajadores”.
Sí, así, sin querer queriendo, con este Decreto Gubernativo, el inquilino de la Casa de los Perros terminó por aceptar que los trabajadores mineros no estaban tan alejados de la realidad, que sus preocupaciones tienen sustento. Que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) invariablemente se reduciría. Y para que “no haya más pretextos válidos para seguir bloqueando vías de comunicación y al margen de la ley”, el Gobierno de Zacatecas dejará de percibir el 10 por ciento del total del Impuesto Ecológico y lo guardará para cuando llegue mayo y haya que hacer la repartición respectiva.
Por lo pronto, Industrias Peñoles y Fresnillo PLC, ya tiene listo su amparo; Goldcorp está a la espera de la reunión que sostendrá hoy Jim Carr, ministro de Recursos Naturales de Canadá, con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en cuya agenda el tema es, sí, adivinaron, Zacatecas y su impuesto ecológico. Nadie niega que estos grandes millonarios deban pagar, lo deben hacer, es lo justo, pero el oficio político para que esto sea una realidad fue pasado por alto.
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