La Casa de los Perros: Pataleta legislativa
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La disputa por oficinas y dinero que los diputados del bloque oficial (Morena, PES y Verde) encabezan en el Congreso pareciera no tener fin.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su Artículo 24, marca en primer lugar: Asistir a las sesiones que celebre la Legislatura del Estado. Pero como berrinche mata a deber, ayer 11 diputados del bloque oficial decidieron que en tanto el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) no emita el resolutivo que les devuelva sus comisiones (sobre todo y ante todo la que maneja el dinero), esas que con tanto esfuerzo se adjudicaron cuando ejercieron –ellos sí pueden–, su mayoría, simple y sencillamente no asistirán a cumplir con su trabajo.
Eso sí, presentaron justificantes que primero dirigieron “A la Mesa Directiva”, para después tener que corregirlos (cómo duele) so pena de no ser válidos, y escribir con todo el dolor de su corazón: Enrique Laviada Cirerol, presidente de la Mesa Directiva. Preferible aguantar el coraje antes que recibir un descuento en su dieta.
La cuestión es que el Trijez puede llevar a cabo sesión hoy mismo, y resolver el entuerto, pero igual pueden pasar semanas o meses. Mientras tanto, los diputados ya dijeron que continuarán con el berrinche y no acudirán a sesionar.
No queda duda, ellos tendrán que sopesar si esta vida de legisladores les dará para presentar tantos justificantes o, como lo marca la Constitución, Artículo 56, se haga necesario llamar a los suplentes o a los de representación proporcional en el orden de votación obtenida por su partido en la elección correspondiente, en el caso de que el propietario ande ya en otros menesteres.
Y otra que dolió: Con un apretado quórum, la nueva mayoría logró su cometido y sesionó, dejando con un palmo de narices a quienes apuestan por seguir conflictuando a un Zacatecas que ya bastante tiene con los peores indicadores en economía y seguridad, como para seguir aguantando las pataletas de los diputados.
Al final, los que sí fueron a cumplir con sus obligaciones lo hicieron bien, tanto que hasta dieron entrada a dos iniciativas en las que el Poder Ejecutivo, léase el inquilino de La Casa de los Perros, estaba de por medio. Una que modifica las Leyes de Transporte, Tránsito y Vialidad, de Instituciones Policiales y del Sistema Estatal de Seguridad para “extinguir los vicios en la entrega de concesiones”. Y la otra, de gran calado: la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
En ambas iniciativas, la firma de David Monreal Ávila estaba ahí, estampada, esperando el respaldo de sus diputados. Pero no, en la nueva gobernanza se quedaron con las ganas.
De cualquier manera, ambas iniciativas fueron enviadas a comisiones para ser revisadas por los diputados que sí quieran desquitar la dieta. Se espera sean aprobadas sin problema, sobre todo la que Arturo Nahle García, como presidente del Tribunal Superior de Justicia envió con el respaldo de los magistrados.
Como él mismo lo dijo, no se quiso cometer el mismo error del presidente Andrés Manuel López Obrador, de primero enviar y luego preguntar, y por ello se dedicó a hacer algo que le sale muy bien: política. Por ello entregó la iniciativa con el aval, como hace mucho, pero mucho no se veía, de los tres poderes. Cuando se quiere, se puede.
Cinco pesitos
En la secretaría general de Gobierno son evidentes sus prioridades, como seguirle el juego al concesionario del transporte público, y subsecretario del ramo en la nueva gobernanza, Bernardino Campos García, en la intentona de incrementar cinco pesos el pasaje de los autobuses.
Con el argumento de que la situación es “insostenible”, concesionarios del transporte público urbano buscan afanosamente un incremento de entre un 40 y 60 por ciento en el costo del pasaje. Y para lograr su cometido lanzan la amenaza: o se sube el precio o se dejan de operar algunas rutas.
Y para apoyarlos pues quién mejor que el propio funcionario estatal, ese que pasa a formar parte de la lista de quienes dobletean funciones. Unas horas es concesionario, otras, burócrata en la Secretaría General de Gobierno. ¿Y el conflicto de interés? ¡Ah! Bien, gracias.
El negocio, dijeron los concesionarios y choferes en voz de su representante, Claudio Vázquez López, ya no es rentable, sobre todo porque recuerdan que fue en el 2018 cuando se dio el último incremento, sin dejar de lado el que, durante el 2020, obviamente la afluencia de los pasajeros bajó en un 45 por ciento, por aquello de la pandemia.
Eso sí, la eterna promesa de modernizar el lote de unidades no es esta vez un pretexto para la subida del pasaje. El extra que se obtendría sería sólo para cubrir salarios de los choferes y concesionarios, y todo lo referente a los costos de mantenimiento como aceite, llantas, cuestiones mecánicas y el pago de los combustibles.
De llegar el sí esperado por parte de la nueva gobernanza, el costo por persona pasaría de 8.50 a 13.50 pesos. La tarifa preferencial con credencial de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) o Inapam será de 10.50 pesos. El personal de Limpia seguiría exento del pago.
Discriminados
Sin las remesas, Zacatecas, y el país entero, no tendrían viabilidad económica. Esa es la pura verdad. Pero tal pareciera que el esfuerzo que miles y miles de paisanos llevan a cabo para sostener a sus familias no es tomado en cuenta.
Durante la sesión ordinaria de la LXIV Legislatura, el diputado priista José Juan Estrada Hernández relató la triste historia de unos jóvenes que aspiraban ingresar a la UAZ, con la finalidad de dar seguimiento a su preparación académica.
La cuestión es que, al intentar realizar su trámite en una de las Unidades Académicas, fracasaron de una manera rotunda ya que en la plataforma de la universidad no existen opciones para quien nació en Estados Unidos.
El legislador recordó desde la Tribuna que en México viven alrededor de 900 mil niños que nacieron en Estados Unidos y que en su mayoría han sido privados de oportunidades educativas, en muchos casos debido a factores sociales, culturales y económicos.
Por ello el exhorto a la UAZ para que elimine toda forma, procedimiento y política de discriminación contra estudiantes que nacieron en Estados Unidos, que cuentan con doble nacionalidad y que aspiran a cursar algún programa académico de su oferta educativa.
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