La Casa de los Perros | Museo de la Corrupción, memoria selectiva

CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ

Zacatecas, tierra de saqueos y olvidos, estrena museo.

Pero no uno que celebre su vasta historia minera ni su resistencia revolucionaria. No. Se trata del Museo de la Corrupción, una vitrina digital donde el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, expone los excesos de gobiernos pasados con la pompa de un curador de arte.

Ahí desfilan los rostros de exfuncionarios inhabilitados, las ruinas de proyectos faraónicos y los presupuestos desangrados.

Un relato meticulosamente editado, donde el gran villano es el sexenio del hoy diputado federal priista Miguel Alonso Reyes, y los silencios sobre la administración actual pesan más que cualquier exposición.

El paseo guiado por la infamia muestra al exsecretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, con una inhabilitación de 20 años, el fallido proyecto de la presa Milpillas, y las glorietas de la muerte, entre otras perlas del despilfarro.

Pero ¿qué hay del saqueo más reciente?

Extrañamente, el museo de la memoria oficial omite, convenientemente, episodios turbios como la gran estafa legislativa. ¿Los protagonistas? Exdiputados reconvertidos en altos funcionarios: Gabriela Pinedo Morales, hoy secretaria de Educación; Jesús Padilla Estrada, otra vez diputado y ahora presidente de la Jucopo; y Héctor Menchaca, nada menos que titular del Órgano Interno de Control (sí, como suena) en el Gobierno Municipal priista de Fresnillo.

Todos ellos, según múltiples indicios presentados hace algunos ayeres justamente por Ernesto González, se habrían embolsado millones sin el menor rubor. Tristemente el caso fue olvidado y no ameritó ni siquiera una exposición en alguna sala temporal.

Tampoco aparece el nombre de Jeu Ramón Márquez, excoordinador de Protección Civil en Zacatecas. Brilla por su ausencia en la lista de los corruptos expuestos. Recordemos que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas supuestamente lo investigaba por cohecho y extorsión. Presuntamente entregaba certificados a cambio de dinero.

La corrupción en Zacatecas no es novedad. Lo nuevo es disfrazarla de pedagogía histórica mientras la impunidad sigue gobernando. Porque, a pesar de las denuncias y las inhabilitaciones, el dinero desviado no regresa y las sanciones penales son una quimera.

El propio secretario de la Función Pública lo admite: las carpetas de investigación fueron archivadas en la administración de Alejandro Tello para dejar prescribir los delitos. Así, quienes han orquestado el desfalco en Zacatecas siguen paseando impunes por las calles de la capital, sin que un solo peso haya sido recuperado.

Y mientras se anuncian investigaciones en curso sobre Milpillas y las Glorietas de la Muerte, lo único tangible es el colapso financiero de Zacatecas y la decoración de ruinas con discursos reciclados.

A la par de esta exposición de hipocresía institucional, el abogado Jorge Rada Luévano y el alcalde capitalino Miguel Varela Pinedo logran una nueva suspensión provisional del viaducto elevado, un proyecto que también apesta a irregularidades.

Pero en lugar de enfocarse en este desorden administrativo que impacta la economía local con pérdidas millonarias, González Romo prefiere su papel de curador de escándalos ajenos, mientras la corrupción presente se disfraza de justicia selectiva. El Museo de la Corrupción no es más que un decorado barato para distraer a la opinión pública.

La verdadera exposición, la que importa, sigue en las calles: en la falta de justicia, en la impunidad rampante y en los bolsillos vacíos de un pueblo que ya no se traga las narrativas oficiales. La historia no se blanquea con infografías. Se rescribe con justicia. Y de esa, en Zacatecas, no hay ni un museo.

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