La Casa de los Perros | México sin INAI
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hoy, cuando México despierta sin el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el país contempla, entre perplejo y expectante, la llegada de Raquel Buenrostro Sánchez a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
A las 16:00 horas, pisará las ruinas de lo que un día fue el bastión de la transparencia, arropada por las tres comisionadas que, en un acto de resistencia, defendieron la legalidad hasta el último aliento: Julieta del Río Venegas, Blanca Ibarra Cadena y Josefina Román Vergara.
Pero ¿de qué murió el INAI? No fue un colapso repentino ni una enfermedad incurable; fue una ejecución meticulosa, un asesinato burocrático perpetrado por quienes, desde dentro, lo sumieron en el fango de la corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación lo dejó claro: cuatro excomisionados habrían llevado al instituto al abismo. Viajes onerosos, visitas a table dance, extorsiones a trabajadores, desvíos de recursos… la letanía de irregularidades es tan escandalosa como vergonzante.
No bastó con saquear, no fue suficiente con deshonrar la causa de la transparencia; también orquestaron protestas con la complicidad de unos 30 empleados, bloqueando la Avenida Insurgentes, en un último y patético acto de resistencia.
No engañaron a nadie, menos aún a Raquel Buenrostro y Rosa Icela Rodríguez, quienes observaban, desde sus despachos, la grotesca puesta en escena.
Es tiempo de mujeres, se dice. Y ellas, Julieta, Blanca y Josefina, entendieron que había algo más grande que sus diferencias: su expediente limpio ante la ASF, su lucha contra los corruptos, su respeto inquebrantable a la Constitución.
Con la cabeza en alto, formarán parte del Comité de Transferencia, sabedoras de que la traición no se conjuga con su nombre.
Y Raquel Buenrostro, con el peso de la encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene claro que su primer gran misión es desenmarañar el saqueo y llevar a la justicia a quienes, con desparpajo, convirtieron la transparencia en una burla.
En el ocaso del INAI, algunos zacatecanos, invitados por Julieta del Río, se hicieron presentes. “¡Regrésate a tu rancho!”, les gritaron. Pero ellos no volverán con las manos vacías. Su talento ha sido reconocido y encontrarán cabida en la nueva estructura gubernamental. Para ellos, la puerta no se cierra; se abre.
Mientras tanto, Adrián Alcalá tendrá que responder. ¿Fue o no el artífice de las movilizaciones? ¿Tejió acuerdos con los otros tres excomisionados marcados por la corrupción? ¿Usó su puesto para favores y prebendas?
La ley le concede el derecho de integrarse al Comité de Transferencia, pero antes deberá enfrentarse a la secretaria y responder por su pasado.
Y Julieta del Río también tiene camino por recorrer. Su libro “Luz en la Sombra” llevará su voz a foros nacionales e internacionales. Hará un recuento de su lucha en los órganos de transparencia, de sus batallas y sus victorias. Después, volverá a Zacatecas, lista para lo que sigue…
El INAI se ha ido, pero la historia no ha terminado. Aún quedan cuentas por saldar. Y la justicia, como el sol, siempre encuentra un resquicio por donde colarse.
La gran mascarada
Lo que se despliega ante nuestros ojos no es más que una grotesca comedia de errores, una puesta en escena donde el poder, en su arrogante soberbia, pretende dar lecciones de justicia mientras sus propios argumentos se derrumban como un castillo de naipes.
Tres quejas, tres intentos fallidos de revestir con ropajes legales lo que no es más que una pobre maniobra de distracción.
Ángel Muñoz, Susana Rodríguez y José Luis de la Peña, obedientes amanuenses del régimen han firmado con su pluma la prueba irrefutable de su ineptitud. No hay complicidad, corrupción ni conflicto de interés que imputar, solo la necedad de un poder que se resiste a reconocer su derrota.
Pero lo que en verdad asombra no es la fragilidad de sus argumentos, sino la desvergüenza con la que la fallida nueva gobernanza ha decidido emprender una campaña de acoso y difamación contra la jueza Margarita Quiñónez Hernández, cuyo único delito ha sido conceder la suspensión provisional de una obra que el gobierno insiste en imponer a toda costa.
Incapaz de refutar con razones, la fallida nueva gobernanza se refugia en la descalificación: la llama corrupta, la acusa de intereses oscuros, pero ni una sola prueba pone sobre la mesa.
Ciudadanía Participativa de Zacatecas, en voz de Francisco Valerio Quintero, lo han dejado claro: la ley es la que debe hablar, no la furia de un poder herido en su orgullo.
No hay amedrentamiento que valga cuando la razón está del lado de quienes han impugnado esta obra.
Movimiento Ciudadano, el abogado Jorge Rada y otras organizaciones han promovido amparos que, aunque no resueltos, siguen firmes. No se han rechazado porque hay razones de peso, porque el gobierno ha violentado normas, porque la prisa y el autoritarismo no son argumentos.
El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, intenta justificar la embestida con otra maniobra burda: insinúa que la jueza ha actuado por razones políticas y que su fallo es un «uso político de la justicia».
¿Pero qué otra cosa es el recurso de queja presentado por el gobierno si no el intento de doblegar a un Poder Judicial que no le es sumiso?
El INAH, mientras tanto, calla. Un silencio ominoso que hace sospechar que la complicidad no está en los jueces, sino en quienes deberían velar por el patrimonio histórico y hoy miran hacia otro lado.
¿Qué es más probable, que una jueza frene una obra por corrupción o que un gobierno pretenda imponerla con sobreprecio y sin permisos completos?
Que los jueces no se amedrenten. Que el INAH no guarde más su vergonzoso mutismo. La ciudadanía está atenta, y la historia no perdona a quienes se arrodillan ante el poder.
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