La Casa de los Perros: Los finiquitos de los ex funcionarios
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Un finiquito es la remuneración a la que todo trabajador tiene derecho cuando renuncia a su empleo de forma voluntaria. Esta prestación, que está amparada por la Ley Federal del Trabajo, debe incluir los días trabajados y no pagados en el mes, además de una parte proporcional del aguinaldo y vacaciones.
Cuando los funcionarios de la anterior administración renunciaron a su cargos obviamente que recibieron su finiquito por los servicios prestados a los zacatecanos. La suma que recibieron 35 secretarios y subsecretarios ascendió más o menos a los tres millones 953 mil pesos.
Así, por ejemplo, el ex secretario de Administración, y hoy diputado local priista, al abandonar el cargo en marzo del 2016, para irse de campaña por el Partido Nueva Alianza, recibió un finiquito de 200 mil 14 pesos.
Cuando se habla que las mujeres no reciben un suelo, y en este caso un finiquito equitativo en comparación con el que reciben los hombres, muchos no lo creen, pero para muestra un botón: Angélica Náñez, al dejar la Secretaría de las Mujeres, por el mismo periodo de trabajo que Le Roy Barragán, y el mismo nivel de responsabilidad –los dos eran secretarios–, se llevó sólo 47 mil 714 pesos.
Pero no es el caso de Perla Martínez Delgado, quien con siete meses al frente de la Semujer –ella venía de un cargo en el PRI–, obtuvo una remuneración de 145 mil 173 pesos; mientras que Leticia Soto Acosta, quien asumió la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado en marzo de 2015, recibió un finiquito por sus servicios durante año y medio –se fue en septiembre de 2016–, por 152 mil 50 pesos.
Otro caso es el de Adolfo Bonilla Gómez, que ocupó la Secretaría de Economía (Sezac) el 20 de abril de 2015, y la dejó 10 meses después, en febrero de 2016, para dirigir el Partido Revolucionario Institucional, al marcharse se fue con 69 mil 844 pesos. Hoy es secretario del Campo.
Cuando Bonilla Gómez deja la Sezac, llega en su lugar Federico Borrego Iturbe, quien estuvo al frente de la dependencia hasta septiembre de 2016, es decir siete meses, y aún así obtuvo un finiquito por 150 mil 339 pesos.
Según información proporcionada por la Secretaría de Administración, vía Infomex, José María González Nava, también hoy legislador local por el tricolor, dejó el cargo para irse de campaña y lo hizo con 156 mil 875 pesos.
Podemos hablar también de Rafael Sescosse Soto, quien fungió como jefe de la Oficina del gobernador a partir del 20 de abril de 2012, al retirarse del cargo en septiembre del 2016, obtuvo un finiquito por 135 mil 354 pesos.
En comparación con lo anterior, Ernesto Acosta Escalante, también con siete meses al frente de la Secretaría de la Función Pública, se fue a su casa en septiembre del año pasado con 150 mil 339 pesos; además, Silverio López Magallanes, que se quedó al frente de la Secretaría del Campo, por el mismo periodo, le pagaron como finiquito 96 mil 979 pesos.
La razón de la disparidad en la entrega de los finiquitos se podría explicar por la antigüedad y los salarios, pero aún así resulta raro, sobre todo si tomamos en cuenta que tanto Guillermo Huizar, como Fernando Soto Acosta, que se mantuvieron durante todo el sexenio pasado, aunque en diferentes Secretarías, obtuvieron un finiquito por 140 mil 554 para el último secretario de Finanzas, y de 142 mil 554 pesos para el último de Administración.
A Comparecer
A raíz del Punto de Acuerdo presentado pro el diputado de Morena, Omar Carrera, sobre los incidentes ocurridos en la Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas, ayer mismo sesionó la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia, de la LXII Legislatura, y se tomaron algunas decisiones.
La principal, no permitir que un caso de presunto abuso a menores sea pasado por alto, de ahí que a la par de las investigaciones que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), así como los psicólogos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y la propia Procuraduría del Menor y la Familia, las diputadas harán la suya.
Esta Comisión, que preside Ma. Guadalupe Adabache Reyes, y que integran las diputadas Carolina Dávila Ramírez e Iris Aguirre Borrego, acordaron involucrar también a sus homólogas de la Comisión de Derechos Humanos, que dirige la petista Geovanna Bañuelos de la Torres, y que integran Guadalupe Nallely Román Lira, Patricia Mayela Hernández Vaca, Guadalupe Celia Flores Escobedo y María Elena Ortega Cortes.
Así, llamarán a comparecer a la directora del DIF Estatal, Yadira Galván Sánchez; además de, obviamente, a la directora de la Casa Hogar, Guadalupe Álvarez García, y, de paso, a la Jurídica del SEDIF, su hermana Isabel Cristina.
Pero la cosa no quedará ahí, pues a diferencia de las otras investigaciones, aquí sí están dispuestas a escuchar a las mujeres que se encargaron de denunciar el hecho. Bien por las diputadas.
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