La Casa de los Perros: Las órdenes de aprehensión «pendientes» en Zacatecas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El fiscal general de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, confesó durante su comparecencia ante diputados de la LXIII Legislatura que, efectivamente, se encuentran activas “algunas” órdenes de aprehensión en contra de los lideres que bloquearon los accesos a la Mina Peñasquito allá en Mazapil.
El cuestionamiento sobre el tema fue directo. Los legisladores preguntaron por el dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), Felipe Pinedo Hernández, y por el dueño de la empresa transportista CAVA, Ascensión Carrillo Vázquez. La respuesta fue simple: “no lo debería decir, pero algunos de esos actores ya tienen su respectiva orden de aprehensión”.
La cuestión es, cuándo harán válido este proceso judicial, o es que la aplicación de la ley se postergará hasta en tanto no lleguen a un arreglo con los extranjeros de Newmont Goldcorp y estos, como acostumbran, otorguen el perdón una y otra y otra vez según sus personalísimos intereses. Total, qué tanto es tantito…
Y si ya se negoció en Culiacán la liberación de un delincuente, en pos del bien común, por qué en Zacatecas no se podrá hacer. Faltaba más.
Murillo Ruiseco, desde la Tribuna, reconoció también que, si bien la mayoría de los 58 alcaldes de Zacatecas se coordina con la Fiscalía en cuestiones de seguridad, hay algunos que prefieren sacar la vuelta, luego de que, reveló, han sido directamente amenazados por el crimen organizado.
La falta de apertura de algunos presidentes municipales al tema es comprendida, pues a estas alturas nadie –aunque por ahí varios se rasguen las vestiduras cuando se refieren al llamado culiacanazo — quiere ponerse al tu por tu con los delincuentes que, ya lo sabemos, están bien organizados y son de armas tomar.
Y si no lo creen, ahí las cifras que entregó el fiscal de Zacatecas. Se llevaron a cabo 19 procedimientos abreviados y 20 juicios orales que concluyeron con el encarcelamiento de 54 personas.
La cuestión es que estas 54 personas “pueden estar involucradas en la comisión de diversos homicidios dolosos; para decirlo más claro, son sicarios, por lo que no se habla de procurar justicia sólo en 54 casos de homicidio, sino en muchos más”. Entonces ¿Hay alguna duda?
Desaparecidos
La diputada Navidad Rayas Ochoa, presidenta de la Comisión Legislativa de Justicia de la LXIII Legislatura, es quien encabeza los esfuerzos para que, de una vez por todas, se dictamine la ley de desaparición forzada de personas en Zacatecas.
Con el tacto suficiente, la de Morena ha logrado la participaron de colectivos en búsqueda de personas desaparecidas; así como del fiscal especializado en Desaparición Forzada de Personas y de Luz Domínguez Campos, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
Y es que, de ningún amanera se puede pasar por alto el hecho de que, hasta enero de 2019, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas señalaba que en el país había más de 40 mil personas desaparecidas en el país; aunque diversas organizaciones sociales, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que en los últimos 12 años se han perpetrado más de 300 mil desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país.
Lo peor, como ayer lo informó el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron en los refrigeradores del país más de 40 mil cadáveres sin identificar.
A esto se le suma el que la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, señala que del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019 se hallaron 81 sitios con 222 fosas clandestinas en las que se encontraron 337 cuerpos en diversos estados del país. Aquí Zacatecas aportó 10 fosas.
A pesar de esta numeralia, en Zacatecas ha pasado de noche el tema, a pesar de que penosamente ocupa los primeros lugares en lo que a desaparición forzada se refiere.
De ahí que Navidad Rayas, junto con el diputado Héctor Menchaca Medrano, presentaron el pasado 30 de mayo la Iniciativa para lograr una ley en la materia. De manera separada, la legisladora Alma Dávila Luévano presentó una iniciativa en esta materia. El problema es que, de parte de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza y PVEM, no hay interés alguno.
Diputada aguerrida
Duros resultaron los cuestionamientos que, eso sí, con energía sorteó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
Pero lo que llamó la atención fue la participación de una legisladora zacatecana muy joven, la más joven de todas quien, sin la estridencia de las panistas, dio a conocer su posicionamiento. Hablamos de Frida Esparza Márquez.
La perredista criticó que este gobierno hubiera institucionalizado la militarización de la seguridad pública con la Guardia Nacional, una corporación que, además, aseveró la zacatecana, ha sido ineficiente, lo que ha quedado demostrado en diferentes hechos en donde han sido lastimados infantes.
Esparza Márquez, que poco a poco se ha posicionado entre su bancada, de ahí que muy seguido se le ve en Tribuna, le dijo al funcionario federal que el Poder Legislativo le ha dado todos los mecanismos solicitados por el Ejecutivo para el combate a la inseguridad, pero el problema sigue ahí, latente. Sin cambio.
Y para que no quedara duda, puso sobre la mesa el hecho de que las fuerzas de seguridad si bien no son utilizadas para reprimir a la ciudadanía, sí son usadas para victimizar a los migrantes.
Al final, ratificó, a nombre del PRD, que la solicitud de juicio político en contra de Alfonso Durazo sigue firme.
Coordinación
En Saltillo, los secretarios de gobierno de los estados de Zacatecas, Coahuila, Chihuahua y Durango se reunieron para dar seguimiento al Convenio de Coordinación y Colaboración vigente.
Entre los acuerdos a los que llegaron los funcionarios estatales, entre los que se encontraba el zacatecano Jehú Salas Dávila, esta dar seguimiento puntual al tema de los autos chocolate, migración e incluso homologación legislativa, como pueden ser los horarios de venta de alcohol, que afecta principalmente a la región Laguna entre los estados de Durango y Coahuila.
También se acordó el uso de tecnología para detectar autos robados y aquellos que han participado en algún delito pues, aunque parezca ilógico, hay entidades que no cuentan hoy en día con estos mecanismos.
Nos vemos el lunes
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