La Casa de los Perros | Las credenciales olvidadas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Diez mil credenciales para votar aguardan, huérfanas, en los Módulos de Atención Ciudadana de Zacatecas. Diez mil ciudadanos que, tras el trámite, dieron media vuelta y jamás regresaron. ¿Olvido, desdén o simple apatía? La cifra pesa, como pesa la indiferencia.
El Instituto Nacional Electoral ha dado un plazo definitivo: hasta el lunes 31 de marzo para recogerlas. Quien no acuda, verá cómo su credencial se sella en la frialdad de una bóveda bancaria, intocable hasta después del 1 de junio, día de la elección. No hay prórrogas ni excusas.
El dato que provoca el escalofrío: mil 126 credenciales destruidas, trituradas sin haber cumplido su cometido, sin haber marcado un voto, una decisión, una voz.
Son símbolos de una democracia que se encoge cuando sus actores deciden no aparecer. Porque cada credencial sin recoger es un silencio más en las urnas, un espacio vacío en el coro ciudadano.
No es un simple trámite burocrático; es un acto político. Ir por esa credencial es abrir la puerta a la posibilidad de elegir, de incidir, de resistir. No hacerlo es, por el contrario, ceder el terreno a otros, dejar que la corriente arrastre.
Zacatecas tiene seis módulos fijos y 17 itinerantes, con horarios precisos. La información está sobre la mesa. Ahora, el peso recae sobre la voluntad individual. ¿Queremos ser un número más en la estadística del olvido o una marca firme en las decisiones de nuestro estado?
El plazo se acorta. La urna, que aguarda, no entiende de excusas.
La dignidad en paro
En Zacatecas, las palabras rebotan como piedras contra un muro: incumplimiento, paro, adeudo, discriminación. El Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres (Supdacobaez) ha levantado la voz, y lo ha hecho porque no queda más remedio. La paciencia tiene un límite.
El conflicto es claro: la fallida nueva gobernanza adeuda 18 millones de pesos a los trabajadores del Cobaez, una cifra que representa 11 meses de salario y prestaciones retroactivas. Un acuerdo firmado con la administración estatal en enero de este año, y refrendado a nivel federal, debería haber garantizado el pago desde febrero. Pero las promesas, como suele suceder, se las ha llevado el viento.
Lo que agrava esta situación es el descaro institucional.
Mientras los sistemas de Telebachilleratos y los Cecytez han recibido sus recursos, el Cobaez sigue esperando.
“¿Por qué esta discriminación?”, pregunta con razón el secretario general del sindicato, Gerardo García Murillo.
La respuesta del gobierno ha sido un cúmulo de excusas: que si el documento no ha sido firmado por la Federación, que si hay fallas en el protocolo, que si las deudas del Cobaez entorpecen el proceso. Palabras huecas, cortinas de humo.
El sindicato, por su parte, se enfrenta a acusaciones de desfalco: 27 millones de pesos, dicen las autoridades. Pero esos recursos, explican los líderes sindicales, corresponden a salarios y prestaciones de los años 2017 a 2020, destinados al Comité Ejecutivo y al personal administrativo. ¿Cómo es posible que ahora esas cifras se usen como arma arrojadiza, como si fueran pruebas de corrupción?
La táctica es evidente: desviar la atención, criminalizar la protesta, desacreditar al que exige lo justo. No es nuevo. Es el guion de siempre.
La verdadera tragedia, sin embargo, recae en las aulas vacías y en el silencio de los colegios.
Los estudiantes del Cobaez ven cómo la negligencia gubernamental secuestra su derecho a la educación. Y mientras las autoridades juegan a lavarse las manos, el paro sigue, las medidas se radicalizan y el conflicto se encona.
¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo la retórica hueca sustituirá a las soluciones? ¿Hasta cuándo los trabajadores del Cobaez tendrán que mendigar lo que ya les pertenece? ¿Hasta cuándo la fallida nueva gobernanza entenderá que pagar salarios no es un favor, es una obligación?
El Supdacobaez ha dejado claro que no se conformará con minutas ni promesas vacías.
Exigen el pago inmediato de los 36 millones de pesos que, entre Estado y Federación, se les debe. Y si las autoridades creen que con silencio e indiferencia apagarán la protesta, sólo están alimentando la hoguera.
La dignidad está en paro. Y si alguien no rompe este círculo vicioso de desidia gubernamental, Zacatecas seguirá siendo, una vez más, el escenario de un conflicto que nunca debió existir.
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