La Casa de los Perros: La transparencia obliga
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) significa un paso muy importante no sólo para abonarle a la democracia, sino para acabar, de una vez por todas, con la opacidad en la que todos los gobiernos, en sus tres niveles, han estado acostumbrados a trabajar.
Eliminar la muy errónea idea de que la información que los funcionarios públicos tienen en sus manos es de su pertenencia ha implicado un duro cambio de mentalidad que muchos no están aún dispuestos a entender, y menos a afrontar con seriedad y responsabilidad.
Esto quedó en evidencia cuando un ciudadano, quien haya sido, solicitó una serie de datos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su Artículo 39, marca con todas sus letras como pública. El miedo, quizás, a ser descubiertos en irregularidades en el manejo de los recursos públicos orilló a funcionarios de dos administraciones gubernamentales, la del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, y la del actual inquilino de La Casa de los Perros, a negarla sistemáticamente.
Los comisionados del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Julieta del Río Venegas, Raquel Velasco y Antonio de la Torre, haciendo valer sus atribuciones, obligaron a la Secretaría de Finanzas a entregar lo que por Ley debería estar publicado en el portal de transparencia del Gobierno del Estado, para evitar motes como el de «nómina secreta».
Pero se olvida que esta actuación no es la primera en la historia del IZAI. Cada semana, durante las sesiones del pleno, que por cierto son transmitidas en vivo, se ha obligado a un sinnúmero de funcionarios a entregar lo que quieren ocultar, y cuando se han negado de manera reiterada hasta multas se les han impuesto, siendo el propio Fernando Soto Acosta, ex secretario de Finanzas, quien fue sancionado con el pago de poco más de 10 mil pesos por opaco.
Hoy, con la PNT, la esperanza es que ningún ciudadano tenga que recurrir a recursos, es más, ni siquiera a solicitudes, pues la obligación a tener toda la información ya subida no admite plazos. Por ello, causa suma extrañeza que el titular de la Sefin haya anunciado que será hasta dentro de 15 días cuando el apartado de estímulos a funcionarios estaría disponible. Esto ya no es posible. No debe ser.
Y no es admisible cuando las Unidades de Transparencia de los 142 sujetos obligados, siempre acompañados por el personal del IZAI, trabajaron día y noche, antes del 5 de mayo, para cumplir a cabalidad con la Ley. Su esfuerzo fue grande.
Por esta razón llegó a Zacatecas, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Óscar Guerra Ford, con una única misión, reconocer la labor del IZAI al frente de esta maratónica labor que llevó a la entidad a ocupar el segundo lugar en cargas de información.
Acostumbrados siempre a ver a Zacatecas ubicado en los últimos lugares de crecimiento económico, y en los primeros en inseguridad y violencia, el saber que un compromiso se cumplió con un aporte de más de tres millones 500 mil registros, no debe soslayarse y sí reconocerse, sin egoísmos ni envidias. Es un trabajo por Zacatecas, nada más.
Ahora la invitación es a que todos, absolutamente todos, naveguen por la PNT, consulten, investiguen y, si algo no encuentran que pregunten, seguramente los comisionados del IZAI, como lo ha dicho su presidente Julieta del Río, no será rehén de intereses políticos y hará valer la confianza que hoy tienen los ciudadanos en el Instituto.
Disculpa
La mayoría de los políticos, no sólo en Zacatecas, sino en todo el país, no saben de manejo de crisis y cuando cometen un error, y son descubiertos, se esconden, lo niegan, culpan al vecino o, como se vio con el caso de la «nómina secreta», dejan todo en manos de inexpertos comunicadores que lo único que ocasionan es hundir más y más en el descrédito, a quien ingenuamente les contrató.
La acusación, que atinadamente hizo la diputada priista Isadora Santivañez, no sólo del error ortográfico en la moneda conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917, sino del raro manejo del presupuesto de más de cuatro millones de pesos, en contra de la también legisladora Geovanna Bañuelos, parecía difícil de superar.
Pero, contrario a la costumbre, la petista salió, dio la cara y, además, pidió disculpas no únicamente a los zacatecanos, sino a sus propios compañeros que fueron víctimas de los señalamientos de la sociedad. En la sesión ordinaria de la LXII Legislatura, Geovanna Bañuelos reconoció su error pero, además, anunció que el problema ha sido solucionado. El proveedor pagará por el equívoco y las monedas volverán a manos de los afortunados, con la libertad de no encontrarse con el horror ortográfico.
Aún así, quedan pendientes muchas explicaciones de parte de la diputada petista, quien sí tiene que dar a conocer a toda la sociedad el manejo que ha hecho de los recursos destinados a los festejos, como también por qué se gastan más de 20 mil pesos en una comida, o quiénes fueron los beneficiarios, con nombre y apellido, del hermoso gesto de recibir una moneda conmemorativa.
Sobre todo cuando ella, ante los medios de comunicación aseguró se han gastado algo así como 421 mil pesos, cuando en el informe financiero presentado en la Comisión Especial, y dado a conocer por lasnoticiasya.com, los números hablan de al menos un millón 200 mil pesos.
Ojalá que así como citó a conferencia de prensa para disculparse, haga la misma convocatoria para demostrar que no hay nada turbio en el manejo y disfrute de los recursos públicos destinados a este festejo que, si bien es importante, no amerita despilfarrar el dinero del pueblo en comilonas, cuadros y regalitos.
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