La Casa de los Perros | La política del destierro en Zacatecas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hay gestos que delatan. Y en política, el gesto es a veces más elocuente que el discurso.
En Zacatecas, la grieta entre la fallida nueva gobernanza y el gobierno municipal capitalino se ensancha con cada desplante, con cada afrenta.
Lo ocurrido en el Mesón del Jobito es prueba fehaciente de que la política local no se maneja con diplomacia, sino con desaires y exclusiones.
Miguel Varela Pinedo, alcalde de la capital zacatecana, asistió a una invitación legítima.
El Colegio de Médicos Veterinarios, presidido por Gustavo Santiago Franco, lo convocó a un evento de capacitación para médicos interesados en la autorización de manejo de rumiantes.
Pero lo que debía ser un acto institucional se convirtió en un espectáculo de mezquindad política.
El secretario del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, no resistió la presencia de Varela Pinedo. Hostil y desmesurado, optó por el camino más burdo: presionar para que el alcalde abandonara el recinto.
Y lo logró. Varela, para evitar mayores confrontaciones, prefirió retirarse.
Se tuvo que llevar consigo el programa de apoyo a los ganaderos de la capital que tenía preparado para exponer ante los presentes.
Así, el proyecto quedó trunco, no por falta de interés, sino por el veto político de Cervantes Viramontes y, obvio, la fallida nueva gobernanza que lo maneja como títere.
Los médicos veterinarios, testigos de la afrenta, consideraron la expulsión del alcalde como una arbitrariedad. No era un evento del gobierno estatal, no era un cónclave de burócratas, sino un espacio técnico donde primaban el conocimiento y las soluciones.
Pero en Zacatecas, la política es un juego de territorialidad donde la silla que ocupas importa más que las ideas que traes consigo.
Aquí nadie puede llamarse sorprendido. La tensión entre la fallida nueva gobernanza y el gobierno municipal no es de apenas, pero ahora se ejerce con un descaro infantil, como si las instituciones fueran propiedad privada de quienes las administran temporalmente.
La exclusión como norma, el desaire como argumento. En este caso, la víctima no fue únicamente un alcalde, sino un sector productivo que esperaba respuestas y apoyo.
Zacatecas no necesita políticos que actúen como capataces de un feudo, dictando quién entra y quién no a los espacios públicos. Necesita funcionarios con visión, con madurez, con altura.
Pero parece que en el estado el poder es tan frágil que un simple apretón de manos o una fotografía en el mismo evento se convierten en una amenaza.
Así se gobierna cuando se teme más a la sombra del adversario que a la propia incompetencia.
La violencia disfrazada de disculpa
Y sí, porque cuando el poder se siente amenazado, recurre al instinto más primitivo: la violencia. No la violencia física necesariamente, sino la del desprecio, la calumnia, el desdén institucional.
En Zacatecas, la fallida nueva gobernanza sigue dando muestras de ello.
Ante la suspensión provisional del viaducto elevado —ordenada por la jueza Margarita Quiñones con base en irregularidades evidentes—, la respuesta oficial no fue la rectificación, ni el diálogo, ni siquiera la defensa técnica del proyecto. Fue el ataque personal, la insinuación venenosa, el recurso cobarde de quien no tiene argumentos, pero sí impunidad.
El inquilino de La Casa de los Perros, en lugar de explicar por qué se avanzó en una obra sin los estudios ni permisos necesarios, optó por la jugada clásica del autoritarismo mediocre: «Nos disculpamos si hubo alguna mala expresión, pero no podemos dejar pasar que en este país hay jueces corruptos».
Una frase que no es una disculpa, sino un puñal.
Porque en el México de hoy, acusar a un juez de corrupción sin pruebas no es una opinión: es una sentencia de muerte política.
Y cuando esa acusación se dirige contra una mujer que simplemente hizo su trabajo, el mensaje es aún más claro: Aquí, quien desafíe al poder será linchado públicamente.
Pero esto del segundo piso no es únicamente sobre una obra mal planeada o sobre una jueza que cumplió con su deber. Es sobre un sistema que sigue viendo a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría.
Las insultan si hablan, las desacreditan si deciden, las condenan si no se someten.
Y mientras esto ocurre, las instituciones que deberían protegerlas guardan silencio. Karla Isabel Guardado Oropeza, titular de la Secretaría de las Mujeres en Zacatecas, ha sido cómplice de este silencio.
Ese silencio no es casual. Es estratégico. Es el silencio de quien prefiere servir al poder antes que a las víctimas.
En un estado donde los feminicidios se cuentan por decenas, donde las víctimas son reducidas a estadísticas manipuladas, su ausencia es una traición.
Las cifras mienten. Las autoridades las maquillan. Los feminicidios se registran como «homicidios culposos» para que el escándalo sea menor.
Por ello, mientras las calles se llenan de sangre y las familias claman justicia, el gobierno prefiere discutir si una jueza es «corrupta» por detener una obra irregular. La prioridad no es la vida de las mujeres, sino la vanidad del poder.
El 8 de marzo de 2024, durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Zacatecas reprimió a quienes exigían justicia.
Hoy, un año después, nadie ha respondido por ello.
El inquilino de La Casa de los Perros y la fallida nueva gobernanza pueden seguir creyendo que la misoginia y la intimidación son herramientas legítimas. Pero subestiman a las mujeres de Zacatecas.
Subestiman a una sociedad que, aunque agotada por la violencia, no ha perdido la memoria. La pregunta no es si este episodio quedará impune, sino cuánto más tardará la gente en decir basta.
Porque el poder, cuando se acostumbra a la impunidad, olvida una cosa: la historia no la escriben los gobernantes, sino aquellos que resisten. Y las mujeres de Zacatecas llevan demasiado tiempo resistiendo.
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