La Casa de los Perros | La búsqueda de los desaparecidos: números sin rostros
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La denuncia de la injusticia es un deber irrenunciable; en el México de hoy, la lucha contra la desaparición forzada es una necesidad imperiosa.
Zacatecas, una tierra marcada por la tragedia, anuncia con bombo y platillo la creación de un Programa Estatal de Búsqueda de Personas, una estrategia que promete ser un parteaguas, un cambio radical.
Pero ¿se trata de un compromiso real con la verdad y la justicia o es solo un espejismo burocrático para calmar conciencias?
Los datos son el fundamento del análisis, y en ellos encontramos una narrativa preocupante.
La Fiscalía General de Justicia del Estado afirma que las desapariciones han disminuido un 34 por ciento respecto al primer trimestre de 2024, sin que se precise cuál es la base de comparación, cuál es la metodología utilizada para establecer tal cifra ni cuáles son las razones de esta presunta reducción.
La credibilidad de una política pública no se sustenta en porcentajes fríos, sino en la percepción de las víctimas y en la capacidad de garantizar justicia.
Las acciones de búsqueda han aumentado: de 63 brigadas en 2023 a 195 en 2024, y 96 en lo que va del año. El incremento es innegable, pero surge la pregunta: ¿estas brigadas han servido para localizar a los desaparecidos o solo para sumar cifras en los informes gubernamentales?
De los más de cinco mil 600 servidores públicos desplegados, ¿cuántos han contribuido efectivamente a encontrar a personas desaparecidas y cuántos han servido solo para llenar expedientes?
El programa plantea cinco ejes: prevención, búsqueda, identificación humana, atención a familias y evaluación de las acciones.
Sin embargo, las madres buscadoras, las que con sus propias manos excavan la tierra en busca de restos, saben que el verdadero problema no es diseñar programas, sino ejecutarlos con efectividad y voluntad política.
El convenio con el INE para la identificación humana es un paso adelante, con 206 cuerpos identificados en 2024 y 57 en lo que va del año.
Pero esto no devuelve a los desaparecidos con vida ni resuelve la crisis de inseguridad. Se honra a los muertos con su identificación, sí, pero se honra más a los vivos garantizando que no desaparezcan.
El evento para presentar la construcción del programa estatal en materia de búsqueda de personas estuvo lleno de frases altisonantes: “no estamos para buscar reconocimiento, sino para cumplir la responsabilidad”, afirmó el eterno representante del gobernador, Rodrigo Reyes Mugüerza.
Pero en una crisis de desapariciones, la responsabilidad no se proclama en discursos, sino que se ejerce con hechos.
Zacatecas se suma al esfuerzo federal de una cédula única de identidad, una medida acertada pero insuficiente en un país donde los perpetradores de desapariciones muchas veces visten uniforme y llevan placa.
La desaparición forzada es un crimen que requiere no solo tecnología de identificación, sino justicia efectiva contra quienes la ejecutan y encubren.
El programa puede ser un parteaguas o una ilusoria estrategia más, depende de su aplicación real y de la voluntad de enfrentarse a un sistema que durante años ha permitido la impunidad.
Mientras la verdad se siga buscando en fosas clandestinas y no en los despachos de los responsables, las palabras seguirán siendo solo eso: palabras.
Educación: promesas y desigualdad
La educación, se nos ha dicho hasta el hartazgo, es la base del desarrollo de una nación. Pero cuando los discursos se traducen en acciones, la realidad se encarga de desnudar las intenciones.
El reciente anuncio del gobierno federal sobre la inversión de 759.5 millones de pesos para transformar 35 secundarias en bachilleratos en 17 estados del país no solo revela una apuesta por la expansión educativa, sino también las grietas de una distribución inequitativa de recursos.
El Estado de México, como era de esperarse, se lleva la parte del león: 10 secundarias convertidas en bachilleratos, estratégicamente ubicadas en Ecatepec, Texcoco y Naucalpan. Guanajuato sigue con cuatro, mientras que Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Sinaloa recibirán dos cada uno. Y en la otra orilla, casi como un gesto simbólico, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas apenas recibirán un solo plantel.
Aquí es donde las cifras adquieren un cariz más cruel: Zacatecas, un estado que históricamente ha padecido la falta de opciones en Educación Media Superior, apenas verá transformada la Secundaria Emiliano Zapata.
Un solo plantel para una entidad donde miles de jóvenes se ven obligados a migrar a otras ciudades en busca de un lugar en la preparatoria. Un solo plantel para un estado donde la educación es, muchas veces, un privilegio geográfico.
El discurso oficial intenta matizar la realidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que el objetivo es que ningún joven tenga que migrar lejos de su comunidad para estudiar el bachillerato. Para ello, se suman 18 nuevas preparatorias y la ampliación de 33 planteles existentes, con un total de 38 mil 700 espacios adicionales. Pero en Zacatecas, la ecuación sigue siendo desfavorable: la oferta sigue sin responder a la demanda.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) invertirá mil 215 millones de pesos en la construcción de 18 nuevos bachilleratos en 12 estados. Pero el reparto de estos planteles parece responder a criterios que poco tienen que ver con la equidad y más con las necesidades políticas del momento.
Las cifras son inapelables: 10 mil 500 estudiantes serán beneficiados con las 35 reconversiones anunciadas. Pero la pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿por qué Zacatecas, un estado con tantas carencias educativas recibe apenas una fracción mínima de estos recursos? ¿Por qué el gobierno federal no asume el reto de saldar la deuda histórica con las regiones más desfavorecidas?
Si la educación es, como se proclama, el pilar del desarrollo, entonces su acceso no puede depender del capricho de la geografía ni de las dinámicas de poder. Zacatecas no necesita migajas, sino oportunidades reales para sus jóvenes. Y en este reparto de esperanzas, una sola escuela es poco menos que un insulto.
La historia juzgará si este proyecto fue un verdadero esfuerzo por cerrar brechas o solo una estrategia más de administración de desigualdades.
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