La Casa de los Perros: Inclusión gubernamental
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Todos recuerdan cuando, en un acto cien por ciento altruista, colmado de bondad y amor al prójimo, la diputada federal y secretaria de Asuntos de Personas con Discapacidad del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, anunció su decisión de donar el bono navideño que se autoentregaron los legisladores federales en 2016, a la Asociación Civil «Inclusión Zacatecas».
Dicho bono de 150 mil pesos llegó así, íntegro, a esta Asociación Civil, más una aportación personal de la diputada priista, de 10 mil pesos. Faltaba más.
Este bono forma parte de la lista de abusos en los que incurrieron, y siguen incurriendo, los diputados federales que, desde San Lázaro, y con el poder que les da ser el Poder Legislativo, se repartieron ese año pasado más de 70 millones de pesos.
Claudia Anaya, hoy senadora electa priista y quien accede al escaño como primera minoría, ya que Soledad Luévano Cantú y José Narro Céspedes, de la coalición Juntos haremos historia, ganaron la elección, en enero del 2017, en un acto de transparencia hizo público el acto en el que se transformó, como por arte de magia, en un Santa Claus para quienes reciben apoyos de dicha asociación.
Pero, a la ex perredista, se le olvidó, en ese acto de pureza en la rendición de cuentas, contarle a los zacatecanos y al mundo entero que dicha asociación no sólo fue fundada por su familia, sino que hasta la fecha la siguen usufructuado con amplios y jugosos apoyos otorgados por el Gobierno del Estado desde el 2012.
Ahora, gracias al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), Ismael Solís Mares, nos enteramos de que Claudia Anaya recibió, a nombre de Inclusión Zacatecas, Asociación Civil, el título de propiedad de las oficinas de gestión ubicadas en la colonia Las Peñitas.
Según la publicación en Facebook de Solís Mares, dicha asociación tiene por objeto “promover en Zacatecas la inclusión social de grupos vulnerables y la eliminación de su discriminación, además de fomentar políticas públicas en favor de la ecología y medio ambiente”.
Y así, por todo ello, este funcionario público se congratuló de llevar a cabo acciones con las que se “genera certeza jurídica en el actual gobierno de Alejandro Tello Cristerna”.
Recordemos que Inclusión Zacatecas es una asociación civil constituida según Escritura Pública 562 de fecha 14 de septiembre de 2012, pasada ante la fe del Notario Público 43 de la ciudad de Zacatecas, licenciado Carlos Pinto Núñez, inscrita en el resguardo público de propiedad y del comercio de la ciudad de Zacatecas mediante el Documento 28 Folios 184-192 Volumen LXVI Sección Tercera de fecha 12 de octubre de 2012, con registro federal de contribuyentes IZA120914TU7.
Como presidenta de dicha asociación aparece Mariana Anaya Mota, hermana de la diputada y hoy regidora priista del Ayuntamiento de Zacatecas, y Víctor Anaya Mota, director de la Asociación y hoy coordinador del Centro de Ferias y Exposiciones del Gobierno del Estado.
Sin operación política
Y mientras la vida política se mantiene estancada en Zacatecas, entre los que no digieren aún la derrota y los que no saben qué hacer con el triunfo, el caos llegó a la capital vía manifestaciones que la Secretaría General de Gobierno no logró desactivar a tiempo.
En Ciudad Administrativa, un grupo de transportistas de la coalición de sindicatos materialistas de Fresnillo, que exigían ser tomados en cuenta para realizar la obra carretera de El Mineral a Valparaíso –que por cierto lleva a cabo una empresa constructora de Jalisco–, bloqueó el acceso vehicular a las oficinas gubernamentales desde las 6:00 horas.
Y como ni el diálogo ni la prevención son el fuerte en esa oficina gubernamental, y nadie, suponemos, vio venir dicha protesta, lo más fácil fue enviar a un buen número de policías estatales, montados en sus poderosas patrullas, para evitar que la protesta llegara a más. En fin.
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