La Casa de los Perros: Gobierno que intimida
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
De todos es sabido que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) también espía, el mismo procurador Francisco Murillo Ruiseco se jactó en varias ocasiones de que, en cualquier momento, podía intervenir cualquier celular y enterarse desde los mensajes que se envían y reciben vía Whatsapp, hasta escuchar las llamadas de quien tuvieran en la mira. Fuera quien fuera.
Él dijo que esta práctica, utilizada también por el Gobierno de la República que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, para espiar a periodistas y defensores de los derechos humanos, en Zacatecas sólo se usa para seguir a delincuentes. ¿Le creemos?
Tras las revelaciones del periódico estadounidense The New York Times, Murillo Ruiseco, como cosa de broma, anunció la creación de una Unidad Especializada de Investigación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al mismo tiempo, igual que Peña Nieto, aceptó tener equipos de inteligencia que, juró y perjuró, sólo son para seguir a los supuestos malos.
El procurador asegura que desde la PGJEZ no se hacen labores de espionaje, pues a él no le interesa saber qué están haciendo otras personas «excepto los delincuentes”, lo que obviamente es difícil de creer, como tampoco le creemos al presidente de la República.
Perseguir el delito con el uso de tecnología de punta es el pretexto magnífico para que todos, no sólo los periodistas o los defensores de los derechos humanos, sean acosados e intimidados. De hecho ya lo hacen, pues ahora se ha convertido en un delito, este gobierno diferente así lo hacen parecer, el hacer uso del derecho a saber y llevar a cabo solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El gobierno, opaco y mentiroso como es, ha emprendido una cacería de quienes hacemos uso de nuestro derecho y preguntamos lo que ellos no quieren que la gente sepa. El gobierno, a través de sus funcionarios, se encargan no sólo de amenazar a los que cuestionamos, sino además de darle largas y poner obstáculos cuando se pregunta no sólo su salario, sino en qué y cómo se gastan el recurso público. Eso hoy se ha convertido en un pecado.
Han llegado al grado de iniciar investigaciones vía hackers para descubrir quiénes dedican su tiempo a enviar solicitudes y hasta exigen que si se va a preguntar lo haga uno sin seudónimos. «Hazlo con tu nombre» sugieren con actitud amenazante.
Lo que parecen ignorar, como muchas cosas, es que si un ciudadano es fastidiado por funcionarios muy menores por preguntar, ya hay instancias para efectuar la denuncia correspondiente. Lo que quieren pasar por alto es que los ciudadanos, cualquier ciudadano, puede ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia y usar un seudónimo, llamarse Batman o Superman, o, por qué no, Donald Trump, como le venga en gana sin que nadie, absolutamente nadie se lo impida.
La creación de esa Unidad Especializada de Investigación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una vacilada más de este gobierno diferente que sí espía, que sí intimida y que busca, a cualquier precio y de cualquier manera, acobardar, amedrentar, amilanar, atemorizar. Se les olvida que su fiesta se les puede acabar más pronto de lo que imaginan.
Fiasco
Con bombo y platillo, el gobierno diferente anunció un ambicioso Programa de Retiro Voluntario, para al menos 800 trabajadores que ya estaban en edad de jubilación y que se habían negado a ello por falta de incentivos. Todo bajo una premisa: adelgazar la nómina.
Y es que la falta de recursos, supuestamente, tenía ahogadas las finanzas de la entidad, cuestión de la que el inquilino de La Casa de los Perros acusó al ex gobernador Miguel Alonso Reyes; pero a ocho meses de que se echó a andar dicho programa esto resultó un fisco.
Hasta el momento, según dijo el secretario de Administración, Jorge Pedroza Ochoa, al menos 300 personas ya se adhirieron a este ambicioso plan, pero la novedad es que al menos un 50% de dichas plazas fueron reactivadas, es decir, se crearon 120 plazas nuevas principalmente en mandos medios y superiores, es decir, con jugosos sueldos y, obviamente, bonos respectivos.
Y es que si bien se habrían ahorrado unos 160 millones de pesos, los mismos se destinaron para lo mismo, seguir engordando la nómina gubernamental con un sinnúmero de amigos y parientes que ya laboran en Gobierno del Estado.
Así, la promesa de Alejandro Tello de que no se contrataría más personal ante la emergencia financiera que vivía la entidad, y las medidas para evitar y reducir gastos quedó en eso, en una más de las promesas incumplidas.
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