La Casa de los Perros: Entre empresarios quejumbrosos y un secretario gris
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la actuación del secretario de Economía, el ideólogo de la nueva gobernanza, Rodrigo Castañeda Miranda, está más que reprobada por una simple razón: las cifras alegres con las que quiere avalar su trabajo “carecen de certeza, claridad y datos duros para poder tener una estrategia de desarrollo económico material y realizable”.
Nada más cierto que eso.
Pero, hay que decirlo fuerte y claro, los empresarios son muy buenos, y muy listos, para criticar desde la bola al funcionario, pero cuando hay que hacer señalamientos firmes, cara a cara, sin una organización que los proteja, nada más no se atreven.
Lo de ellos es pura simulación pues cuando desde La Casa de los Perros les llega una invitación a reunirse, normalmente con una comida de por medio, acuden sin chistar y hasta sonriendo y aplaudiendo.
Por eso, para su desgracia, y para felicidad del funcionario de marras, cuando los empresarios emiten un comunicado oficial, poco efecto tiene en la toma de decisiones. Saben bien en el gobierno que con una promesa de contrato todo, absolutamente todo, se calma.
Diría la senadora Lilly Téllez: ¡sentado y callado!
Pero bueno, esta vez, los del Consejo Directivo del Centro Empresarial de Zacatecas, así, sin nombres, aunque todos sabemos que el mero mero de la Coparmex es Antonio Sánchez González, le dieron vuelo en las redes sociales a su “llamado urgente” para que, con certeza, Rodrigo Castañeda le deje de hacer al tío Lolo y diga bien cuáles son las metas de esta nueva gobernanza en materia de desarrollo económico.
En el escrito de la Coparmex se habla que el Banco de México, el INEGI, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dan cuenta de los retrocesos que en materia económica padece Zacatecas, pero que estos análisis, para la nueva gobernanza, no sirven para maldita la cosa.
Entonces, estos de la Coparmex se pierden en una letanía en la que se les van los párrafos reiterando una y otra vez que no existen metas, y que no hay estrategia y, de nuevo, que no hay certeza.
Este grupúsculo de empresarios se remite a las cifras del INEGI en donde se detalla que el personal ocupado en el comercio disminuyó en seis mil 391 personas en el segundo trimestre de 2022; y alega que, en el primer semestre de 2022, la economía de Zacatecas mostró nulo crecimiento, y que la inflación, en la primera quincena de julio de 2022 se ubicó en 8.16% anual, “la cifra más alta de los últimos años” porque, sí, adivinó: no hay estrategia.
¿Ilusos? los de la Coparmex quieren que la nueva gobernanza dé a conocer trimestralmente, un informe sobre empleo, formalidad, indicador de la actividad económica por sectores. Se olvidan de que lo de hoy en la 4T zacatecana es la opacidad, la política del avestruz y los tacos de lengua.
Al final del comunicado, la Coparmex tampoco da a conocer sus propias cifras, ni cómo, sin reuniones comilona de por medio, ellos están dispuestos a ayudar a Zacatecas. Y ocultos en el anonimato de la organización, exigen a un gris secretario que hasta hoy no ha dado el ancho porque no está en lo que debe estar que se ponga las pilas.
Así, no vamos a avanzar.
Reprobada
Aunque no se crea, en Zacatecas sí hay una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero su trabajo es tan, pero tan malo, que en la evaluación que el Imco llevó a cabo la calificó no sólo como deficiente, sino que además la ubicó entre las peores evaluadas del país.
Para no perder la costumbre de andar al final de la lista.
Según el reporte Levantemos la Voz, y para reafirmar eso de que el dolor de muchos es consuelo… de muchos más, Zacatecas se fue al sótano acompañado de entidades como Veracruz, Tlaxcala, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Guanajuato, Estado de México, Chiapas y Aguascalientes.
En el estudio se detalla que de las 14 variables del marco jurídico 2022 que se deben cumplir, la Fiscalía de Zacatecas sólo acata cuatro: fundamento legal, catálogos de delitos de corrupción, ley orgánica y organigrama.
Pero cuando le hablan de autonomía, manual de procedimientos, reglamento interno, acuerdos, así como protocolos de investigación, de audiencias, de protección de testigos, de entradas vigiladas, de operaciones encubiertas y de corrupción al interior, ni enterada está.
El IMCO también pone el acento en el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Salvador Villa Almaraz, no sabe nada de protocolos, manuales o normatividad para preparar al personal que realiza las audiencias del procedimiento penal, lo que al final, efectivamente, afecta el desempeño de los servidores públicos durante las audiencias y termina por evitar la correcta resolución de los casos.
Otro señalamiento es que dicha Fiscalía no cuenta con una normatividad de protección de testigos, lo que no sólo inhibe las denuncias, sino que pone en peligro a los que, hartos, se animan a levantar la voz.
Cuando la nueva gobernanza llegó a Zacatecas, lo primero que hizo fue recortar el presupuesto de áreas vitales, una de ellas la Fiscalía General de Justicia, de la que depende esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de ahí que el Imco señala que, como los cangrejos, las cosas van para atrás.
Refiere que hoy cuando se habla de recursos, Zacatecas tiene un nivel de cumplimiento deficiente; en el 2020 era regular, pero su presupuesto se redujo en un 6.1 por ciento y por eso terminó ubicada entre las 10 fiscalías anticorrupción con mayor decremento.
Hoy en día, esta área gubernamental no tiene independencia presupuestal, no hay adquisición de inmuebles ni de vehículos, equipos de cómputo, mobiliario ni de software, ni nada de nada.
Va algo peor: no todos los peritos cuentan con licenciatura, además de que no todos recibieron capacitación al igual que los analistas y los oficiales ministeriales. Y, por si fuera poco, no hay investigaciones en contra del personal.
Al momento, según Imco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sólo cuenta con cuatro ministerios públicos, de ahí que cada uno atienda 131 investigaciones, y cinco policías anticorrupción, que deben estar atentos a más de 100 investigaciones cada uno. Total, el desastre total.
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