La Casa de los Perros: En la mira de la PGR
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Antes de que el 2016 llegara a su fin, la ex diputada de Morena, Soledad Luévano Cantú, acudió a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia penal por el presunto uso ilegal de más de mil millones de pesos que el Gobierno del Estado habría desviado de programas para promover la imagen del ex mandatario Miguel Alonso Reyes, en los medios de comunicación.
La hoy presidenta de la asociación civil Soledad Ciudadana asentó en la denuncia que mientras el Congreso del Estado le autorizó a Alonso Reyes, 19 millones de pesos para la contratación de publicidad y la promoción de la imagen institucional, en la realidad hubo una ilegal y millonaria transferencia de recursos.
Según Soledad Luévano, quien llegó a la PGR con facturas, convenios y 123 fojas de pruebas bajo el brazo, la intención es que a través de una investigación penal, se deje al descubierto «una red para corromper y silenciar a algunos medios de comunicación y manipular a la opinión pública de Zacatecas».
Claro está que la ex candidata a la presidencia municipal de la capital, a quien los tribunales electorales le arrebataron el triunfo, hizo cuentas y aseguró que si se descontaban los días inhábiles, el ex gobernador habría gastado algo así como un millón de pesos diarios en publicidad. Algo escandaloso si se revisan los montos que los medios de comunicación locales recibieron.
Experta auditora, la ex oficial mayor en el gobierno que encabezó Ricardo Monreal Ávila, consiguió toda clase de pruebas para demostrar que se le pagaron nueve millones 280 mil pesos a la empresa Solution Integration Consulting Group SA de CV, dedicada a la creación y administración de perfiles falsos en redes sociales.
También dijo que el actual director general de Fonatur le pagó a la empresa NYANARK SA de CV, unos cuatro millones 60 mil pesos con la finalidad de enviar miles de mensajes de texto durante las campañas electorales.
En el enorme legajo entregado a la PGR, aparecieron empresarios de los medios de comunicación local como Adolfo Bonilla, hoy secretario del Campo, y Javier Torres, ex diputado local, quienes fueron beneficiados no sólo con puestos públicos, sino con facturas millonarias.
Por esta razón, Soledad Luévano acusó directamente a los ex funcionarios Fernando Soto Acosta, que inició como secretario de Finanzas y terminó el sexenio al frente de la Secretaría de Administración; J. Guadalupe Soto Landeros, coordinador de Comunicación Social; Rafael Sescosse, secretario particular del ex gobernador, y Alejandro Reyes Smith, primo del ex mandatario y encargado del Departamento de Imagen Institucional.
La sociedad zacatecana fue testigo de cómo la Morena, iba y venía a la PGR exigiendo resultados de sus querellas. De hecho, la mayoría llegó a pensar que este tipo de denuncias, que sí existen, aunque el inquilino de La Casa de los Perros diga que no las hay, quedarían empolvadas en el cajón del olvido.
Pero no, pues resulta que la PGR, ahora al mando de Raúl Cervantes, sí se ha tomado en serio la investigación y, por lo pronto, ha enfilado sus baterías en contra del ex jefe de prensa Soto Landeros. A él es a quien tienen en la mira y como en estos casos siempre la cuerda se rompe por lo más delgado, ahora ya nadie duda que sería él, el chivo expiatorio del sexenio.
Por lo pronto, a La Casa de los Perros llegó un oficio de la PGR en donde solicita, con carácter de urgente, proporcionar a la autoridad de la Federación, el soporte documental y/o videos; audio de todos y cada uno de los spots publicitarios relacionados con los convenios de colaboración de servicios publicitarios y/o contrato de prestación de servicios realizados entre la Secretaría de Administración y los proveedores, con la intermediación de la Coordinación de Comunicación Social.
Se sabe que como esto era urgente, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Tello Cristerna, ya habría entregado la información, de ahí que el nuevo jefe de prensa de las delegaciones federales en Zacatecas, cargo de nueva creación, y desde el cual no se emiten ni boletines, ni información, ni comunicados, ni fotografías, ni nada de nada, sabe que la ley ya le pisa los callos.
Un pelo al gato de ángora
Las empresas mineras y la cervecera Modelo, como lo han querido hacer creer a los zacatecanos, no son los únicos con la obligación de pasar a pagar el Impuesto Ecológico, ya que según las cuentas del Gobierno del Estado, serían hasta 400 los contribuyentes con esta obligación, y no sólo Peñoles, Frisco, Goldcorp, Capstone Gold, Plata Panamericana, y hasta la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este Impuesto Ecológico incluye además a los gobiernos municipales. Si contaminas, tienes que pagar.
Y a pesar de que los multimillonarios (en dólares) lloran por todos los rincones, y publican carísimos desplegados en la prensa nacional, quejándose de que casi casi se irían a la quiebra si son obligados por la Ley a pagar, la verdad de las cosas es que a estas súper empresas apenas se les afectaría en el 2% de sus ingresos anuales. Un pelo al gato de ángora.
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