La Casa de los Perros | El saqueo institucionalizado
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El gobierno clama pérdida. Cuatro millones de pesos al día, dice el “secretario” de Obras Públicas, se esfuman entre las manos de la burocracia.
Pero ni el gobierno ni el gobernador pierden; es el pueblo quien paga, el ciudadano quien financia cada negligencia, cada capricho de los poderosos que juegan con dinero ajeno como si fueran dueños de un imperio inagotable.
Se indignan porque la obra del viaducto elevado ha sido suspendida provisionalmente por orden judicial. Se quejan del inmovilismo, del retraso, de la parálisis, pero omiten un detalle esencial: es su propia ineficacia la que ha llevado a este punto.
¿Quién, sino la misma Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José Luis de la Peña Alonso, es responsable de que no se tramitaran las autorizaciones conforme a la ley?
El daño económico no lo causa una jueza que hace valer la legalidad, sino la incompetencia de quienes, investidos de poder, desprecian la norma con la arrogancia de quien se sabe impune.
El inquilino de La Casa de los Perros, con esa altanería de los que creen que la historia los absolverá, proclama que el viaducto “va porque va”. ¿Y quién es él para decretarlo? ¿En qué momento la voluntad de un solo hombre reemplazó los cauces institucionales?
“El desarrollo de los pueblos es inaplazable”, sentencia, como si fuera un monarca iluminado, incapaz de reconocer que un país sin ley no es desarrollo, sino barbarie.
Pero el juego de espejos va más allá.
Se señala con dedo acusador a la jueza que ordenó la suspensión. Se insinúa corrupción en el Poder Judicial, se agita la bandera del pueblo contra la justicia. Se habla de “intereses aviesos”, de “intereses políticos”, y en el discurso oficial no hay espacio para la autocrítica.
La obra no se detuvo por conspiraciones oscuras; se detuvo porque hay ciudadanos que han recurrido al derecho, que han encontrado en los tribunales el último refugio ante el avasallamiento de quienes gobiernan con puño de hierro y con desprecio absoluto por la norma.
El verdadero saqueo no lo cometen los jueces que hacen valer la legalidad. Lo cometen aquellos que juegan con millones como si fueran migajas, los que imponen su voluntad sin más argumento que su propia soberbia, los que, cuando son atrapados en su propia incompetencia, culpan a la justicia y no a su propia ineptitud.
Es el pueblo quien paga.
Cada peso que se desvanece en la parálisis de una obra mal planeada es un peso que no se invierte en escuelas, en hospitales, en seguridad.
Y mientras tanto, los poderosos juegan a ser dueños del destino de Zacatecas, convencidos de que el poder absoluto es su derecho y que la rendición de cuentas es un obstáculo molesto que se puede eludir con discursos altisonantes y acusaciones infundadas.
Pero la verdad es inapelable: aquí no hay justicia, sólo el saqueo institucionalizado.
La responsabilidad de Raúl Brito
La transparencia en el manejo de los recursos públicos no es una concesión ni una opción: es una obligación.
Ahí radica la importancia de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, cuyo titular, Raúl Brito Berumen, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de que la fiscalización no sea sólo un trámite burocrático, sino un verdadero ejercicio de control y justicia.
En un intento de prevenir desvíos y malas prácticas, la Auditoría, junto con la LXV Legislatura y la Fiscalía General de Justicia, convocó a una capacitación para presidentes municipales, síndicos y tesoreros.
Un acto que, en el papel, parece loable: dotar a los funcionarios de herramientas para evitar caer en irregularidades. Sin embargo, la historia reciente nos obliga a ser escépticos.
¿Cuántos de estos servidores públicos actuarán con la ética que el cargo exige? ¿Cuántos verán en esta capacitación un escudo de papel para futuras justificaciones?
Las atribuciones de la Auditoría son claras: fiscalizar cada peso que provenga del erario, vigilar el correcto uso de los sistemas de cómputo y exigir informes puntuales de los entes fiscalizados.
No es un favor, es su deber.
De lo contrario, el resultado es el mismo de siempre: alcaldes en prisión, presupuestos desviados y ciudadanos estafados.
La capacitación es un paso, pero la clave está en la fiscalización efectiva, en la supervisión implacable y en la consecuencia real para quien abuse de los recursos públicos.
Brito Berumen, en su último año como auditor, tiene ante sí una oportunidad histórica: demostrar que la Auditoría no es un ente decorativo, sino un verdadero guardián del dinero público.
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