La Casa de los Perros: El negocio familiar en la Banda Sinfónica de Zacatecas

CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ

Con bombo y platillo se anunció un Concierto de Gala que la Banda Sinfónica del Estado ofrecería en el Complejo Cultural Los Pinos. Y es que la celebración del 90 aniversario de esta agrupación musical no debería ser para menos.

Fue el inquilino de La Casa de los Perros quien movió sus influencias para que, en este recinto, al que no habían sido invitados desde su inauguración, les abriera las puertas. El objetivo al final se cumplió.

Así, el primer domingo de marzo, los más de 80 integrantes de la Banda Sinfónica del Estado llegaron a Los Pinos. Pero lo que nadie esperaba era que una parte de los integrantes levantara una enorme manta de protesta. Acusaron al gobernador Alejandro Tello de “falta de compromisos”.

“En el marco del 90 aniversario de nuestra institución, el colectivo de músicos integrantes de la Banda Sinfónica del Estado de Zacatecas manifestamos nuestra inconformidad por la falta de respuestas y soluciones de parte de las autoridades correspondientes, ante la problemática laboral conocida”.

Además, solicitaron el cumplimiento de los compromisos “que el señor gobernador Alejandro Tello Cristerna tuvo a bien otorgar y pactar en una audiencia de trabajo del día 22 de enero de 2020 a toda nuestra institución y que las autoridades han ido postergando”.

Pidieron también “respeto por nuestro trabajo y la vinculación de nuestros derechos laborales. Que el festejo de nuestra institución, la buena voluntad del señor gobernador y el orgullo de los zacatecanos por su Banda Sinfónica, no se vea empañado por acontecimientos tan penosos”.

La novela en la Banda Sinfónica del Estado apenas comenzaba.

Y es que el “colectivo”, encabezado por Esaú Salvador García Alvarado, hijo del director Salvador Ortega García –al que busca suceder en el cargo–, quien en su perfil de Facebook se ostenta como “Jefe de Personal” de la agrupación, y cobra 22 mil 276.22 pesos al mes como “Músico Mayor”, según la Plataforma Nacional de Transparencia, como es obvio, contó sólo la versión familiar.

Este colectivo, cuya cuna mece el propio director Salvador Ortega García, y en el cual también participa otro de sus hijos, Juan Pablo García omitió contarles a los asistentes al evento dominical, y a los zacatecanos que en las redes sociales se enteraron de las protestas, que el enojo tiene un único motivo: la llegada de una administradora a la Banda Sinfónica del Estado.

Porque, para quienes no lo sabían, Salvador Ortega, quien en 1996 fue nombrado por el exgobernador Arturo Romo Gutiérrez, como director vitalicio, y que el pasado 2019 celebró 60 años como integrante de la Banda Sinfónica, se había encargado del manejo de los recursos públicos que, mes con mes, llegaban a la agrupación.

Él contrataba músicos, y los despedía también. Manejaba lo recibido por la venta de entradas a algunos conciertos. Era el encargado de la promoción y, sobre todo, de los viáticos. La razón: nunca se habían tenido lineamientos de operación ni un reglamento de la Banda. Había un mandón y nada más.

Las irregularidades llegaron a tal grado que, de manera anómala, Ortega García cobraba a los municipios y a los organismos autónomos sus presentaciones, léase desde informes de los alcaldes hasta ceremonias protocolarias. Los recibos que con su firma entregaba, hoy en poder de la Secretaría de Administración, fueron la prueba que detonó lo que hoy se vive en la Banda Sinfónica.

Así, el gobierno diferente llegó y, fue el secretario de Administración, Víctor Rentería López, quien recibió la indicación directa del gobernador de poner orden de una vez por todas. Claro que esto no le gustó nada a quien durante años ha mantenido de manera exitosa un jugoso negocio familiar.

Ya jubilado, Salvador Ortega cobra por “servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios”, 52 mil pesos al mes sin prestaciones. Su contrato es para realizar la “Promoción y dirección de la Banda Sinfónica del Estado, realizar arreglos y composiciones musicales, acudir y programar conciertos, así como sus respectivos ensayos, dirigir la escuela de música y cualquier acción inherente a la operación de la Banda Sinfónica, Coro y Orquesta”, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

En su contrato no se menciona como una de sus atribuciones el recibir recursos públicos para disponer de ellos a su libre albedrío. Esto, a la larga, provocó la molestia de una parte de los músicos que fueron los primeros en alzar la voz.

Esto porque en las giras, por ejemplo, los músicos llegaban a “hotelillos pulguientos”. De hecho “metía de a cuatro por cuarto”, se quejaron. El viático para comidas nadie lo tocaba. Él decidía a dónde, qué y cómo se alimentaba la Banda.

Hoy, que hay una mujer al cargo de la administración, los integrantes de la agrupación fueron alojados, de forma digna, en el hotel Sevilla Palace, ahí en Reforma. Y llegaron un día antes, para que pudieran descansar y ofrecer su mejor actuación en Los Pinos.

El negocio familiar llegó a su fin. Los pataleos ya no servirán. Ahora lo que urge es que Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública, haga su trabajo e inicie una investigación seria para que, de existir malos manejos, ese actuar sea castigado conforme a la Ley.

Cabildos sin compromiso

Harto preocupado se encuentra el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, luego de que 56 ayuntamientos no parecen tener la mínima intención de cumplir con su obligación y citar a sesión de Cabildo para discutir y, en su caso aprobar, la reforma constitucional en materia laboral.

De no hacerlo, no sólo ponen en riesgo la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, sino también la pérdida de 34 millones de pesos que ya se gestionaron ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Hasta hoy sólo Huanusco, gobernado por la panista Alma Delfina López, y Tepetongo, que encabeza el priista Sinforiano Armenta, han cumplido. Hoy la cuenta regresiva ha iniciado. Quedan sólo dos semanas.

Presidente nacional

En momentos en que el tema de la salud se encuentra en el centro de la atención no sólo del país, sino del mundo, tras la epidemia de Coronavirus que ha llegado a México –en donde hay cinco casos confirmados y varios más en estudio–, el hecho de que el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, haya sido nombrado presidente de la Red Mexicana de Municipios por la Salud, resulta de la mayor importancia.

Esta Red, que aglutina a dos mil 500 municipios de todo el país, tiene hoy un reto enorme, el mismo que deberá enfrentar con aplomo el zacatecano. La estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno será primordial no sólo para implementar las medidas preventivas que ha establecido la Secretaría de Salud del Gobierno de México, sino también lograr que el pánico no cunda entre la población.

Ardua tarea le espera a Ulises Mejía Haro. La ventaja, tendrá constante comunicación con personajes como el secretario de Salud; el de la Defensa Nacional y Marina, así como los directores del IMSS e ISSSTE. Seguro que las ventajas serán a la larga de beneficio para Zacatecas.

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