La Casa de los Perros: El inútil sistema estatal anticorrupción de Zacatecas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), hasta hoy, no le han servido a Zacatecas para nada. Y esto quedó evidenciado durante la última sesión ordinaria en donde la presidenta del IZAI, Fabiola Torres Rodríguez, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEZ), Arturo Nahle García, por fin hicieron catarsis y dijeron estar hartos de reunirse durante más de dos horas para nada.
Las caras de fastidio de la secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez; del auditor superior, Raúl Brito Berumen, y del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Uriel Márquez Cristerna, lo decían todo.
Y fue justamente la líder del IZAI quien, tras una larga perorata de la presidenta del CPC, Blanca Mena Murillo, estalló: ni el SEA ni el CPC han logrado una vinculación con la sociedad, que ni los conoce, y tampoco se han alcanzado los objetivos para los que fueron creados. Se reúnen a perder el tiempo y nada más.
El señalamiento de Fabiola Torres fue de inmediato secundado por Arturo Nahle que, por cierto, aprovechaba la sesión virtual para desayunar. Reunirse para decidir usar las redes sociales, ubicar buzones de queja y aprobar convenios con la Universidad Autónoma de Zacatecas, que no sirven para nada, sin duda es una forma muy deshonesta de desquitar el sueldo.
Y es que, por fin, alguien dijo lo que a todas luces siempre sucede. Los convenios que se firman con la UAZ, hasta hoy, no se han traducido en algo tangible, servible. “Sólo son ceremonias en donde se firman documentos para tomar una foto”. Más claro, sólo Nahle García lo podía decir.
Las sesiones, dijo el presidente del TSJEZ, deberían ser para que nos truenen los dedos, para que se exijan cuentas, para ser proactivos, para que los señalamientos sobre actos deshonestos de los funcionarios públicos que circulan profusamente en los medios de comunicación y las redes sociales se ventilen y se dé una solución, no para escuchar las quejas de los integrantes del CPC de que el presupuesto no les alcanza.
Y Arturo Nahle fue más allá al señalar que en estas sesiones lo mejor sería preguntar a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, porque sí hay una, aunque Usted amable lector no lo crea, que encabeza Salvador Villa Almaraz, cómo van las 400 y tantas denuncias por corrupción que no se han judicializado. ¿O ya fueron absueltos todos los acusados?
También para que el IZAI aclare porque tal o cual dependencia gubernamental no transparenta los viáticos de los funcionarios, o que el Tribunal de Justicia Administrativa diga si hubo licitaciones chuecas que tienen en el cajón de los magistrados más de un año sin resolverse.
Pero igualmente para que la Secretaría de la Función Pública comente qué sanciones ha impuesto a los funcionarios acusados de otorgar indebidamente concesiones de taxi, o que el Poder Judicial aclare si se han exonerado a servidores públicos acusados de peculado.
O, ¿por qué no?, saber de voz del mero mero de la Auditoría Superior del Estado si ya se fincaron responsabilidades en contra de los alcaldes y, sobre todo, si los que tenían en la espalda la obligación de resarcir recursos “ya regresaron la lana que se robaron”.
Para cerrar con broche de oro, Arturo Nahle concluyó: el Comité de Participación Ciudadana son los representantes de la sociedad, “son nuestros jefes, los que nos pagan, a los que nos debemos, ustedes son el corazón del Sistema Estatal Anticorrupción, y si no se asumen como tal no tiene sentido su existencia”. ¡Ups!
No le cumplen a la ciudadanía
Ante los duros señalamientos de ser un inútil organismo para la sociedad, y ya con la cola entre las patas, Blanca Mena decidió apuntar su flamígero dedo al Poder Legislativo. Dijo que a pesar del par de escritos que les han enviado a los diputados de la LXIII Legislatura, hasta hoy han hecho caso omiso y no quieren, por sus pistolas, designar al titular del Órgano Interno de Control. Como quien dice, quieren juzgar, pero no ser juzgados.
La presidenta del alicaído e incompleto CPC reconoció que los diputados, a menos de un mes de marcharse, no harán lo que durante meses se han negado ha cumplir. La cuestión es que, los que llegan, también se hagan patos y den largas a la obligación de tener un ente que los fiscalice.
Renunciaron
En esta sesión, tan larga como su nombre: Comité Coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se supo dos de los integrantes del llevado y traído Comité de Participación Ciudadana mejor renunciaron desde mayo. Se marcharon apenas diciendo adiós.
Iván Noé Martínez Ponce argumentó que en el trabajo que tiene como docente en la UAZ, y que es del que vive, le fue incrementado y que mejor se dedicaba a lo suyo y que ahí les fuera bonito a los demás.
Jesús Ramírez González dijo no poder cumplir con sus obligaciones en este organismo. Alegó problemas de salud y el hecho de ser un hombre jubilado que tiene mejores cosas qué hacer con su vida.
Lo bueno es que el CPC, para gracia de Dios, ya trabaja en la emisión de una nueva convocatoria para que los diputados, otra vez, hagan el respectivo espectáculo y elijan a quien podrá compartir las obligaciones, y el sueldo, obviamente, con las tres integrantes que quedan: Banca Mena, Herlinda Goretti López Verver y Vargas y Karina García de la Torre.
Cabe destacar que, en este entramado de burocracia anticorrupción, hay otro organismo que parece ser, tampoco hace nada.
Se trata de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción que encabeza Juan Edgar Burciaga Solís y que integran otros 12 funcionarios que, hasta hoy, tampoco han rendido cuentas de su quehacer.
Tremendo cuerpo burocrático que significa el Sistema Estatal Anticorrupción en Zacatecas, y que hasta hoy no ha servido para maldita la cosa ¿no será también corrupción?
Las concesiones de taxi
Las concesiones de taxi ya no son tan lucrativas como hace algunos años, pues la llegada de plataformas como Uber y Didi, aunque duela, les han quitado la chamba a quienes, sintiéndose durante años los dueños del negocio, lo descuidaron y llevaron, ellos solitos, a la ruina.
Pero aun así hay ingenuos que dan todo por tener el valioso papelito en su poder para poder sacar a circulación un taxi por las calles de Zacatecas.
Y sí, fueron alrededor de 19 personas las que, como en su momento lo evidenció el gobernador electo David Monreal Ávila, recibieron una concesión de manera irregular. Más bien, ilegalmente. Las cosas como son.
David Monreal y su equipo, convertidos ahora en la luz en el camino que Zacatecas esperaba, exigieron detener la entrega de concesiones de taxis. De inmediato el todavía inquilino de La Casa de los Perros saltó y dijo que él no había firmado, durante todo su quinquenio, ningún documento de ese tipo.
Y fue la secretaría de la Función Pública, Gabriela Rodríguez, en la misma sesión, quien aprovechando el buscapiés que le lanzó Arturo Nahle, que provechó para aclarar que ella sí trabaja y que una vez que salió a la luz el lío con las concesiones abrió una carpeta de investigación en donde hubo ya hallazgos interesantes.
Primero, que el gobernador Alejandro Tello Cristerna jamás firmó un documento de ese tipo y que tampoco hay alguno en el que, como se llegó a temer, se hubiera falsificado su firma.
La honra de Tello Cristerna, en este tema, queda intocable.
Segundo, que el exsecretario de Gobierno, y hoy diputado electo, Jehú Salas Dávila, tampoco tuvo vela en ese entierro.
A funcionaria se comprometió ante sus compañeros del Sistema Estatal Anticorrupción de que, en breve, es decir, antes de que esta administración llegue a su fin, dará a conocer el resultado de la investigación en donde sí hay evidencia de que ciudadanos “fueron engañados por otros servidores públicos”.
Resulta que alguien abusó de sus funciones de manera indebida y se ostentó como persona facultada para entregar concesiones sin serlo.
Hasta el momento, dijo Gabriela Rodríguez, no hay evidencia si hubo dinero de por medio en la entrega de alrededor de 19 concesiones, pero de que se fincarán responsabilidades, se fincarán.
Ella dejó hasta ahí el tema, pero, como siempre sucede, alguien filtró que el presunto culpable de este acto de corrupción es el subsecretario de Transporte Público, Gabriel Morales Torres, quien tomó protesta en el cargo el 26 de febrero del 2020.
Por lo pronto, se supo que al haber sido este un acto ilegal, las concesiones que Gabriel Morales signó no valen para nada y se recomendará que, como parte de la sanción, se declaren nulas.
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