La Casa de los Perros: El CD de la verdad
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Cuando el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, se negó a entregar, en repetidas ocasiones, la información sobre la llamada «nómina secreta», que ahora dicen que ni era tan secreta, que siempre estuvo a disposición de todos los ciudadanos, y que además es totalmente legal, moral y justa, el CD con la información entregada al ciudadano que la solicitó amparado en la Ley de Transparencia rompió en parte con esa opacidad en la que los funcionarios se amparan para hacer de los recursos públicos, lo que les viene en gana.
El inquilino de La Casa de los Perros, entre sus muchas promesas de campaña incumplidas hasta el momento, al final promesas de un político que dice no ser político, aseguró que todos sus actos estarían a la vista de todos. Nada más falso.
Hoy en día, solicitar cualquier información pública al Gobierno del Estado, que se jacta de ser el más transparente del país –poco les faltó decir que del mundo–, es un transitar tortuoso, lleno de mentiras, evasivas y hasta exigencias de pagar por lo que se tiene derecho, lo que al final obliga al ciudadano a interponer recursos de inconformidad que se convierten también en puros enredos con la única finalidad de ocultar la corrupción.
Alejandro Tello, cada vez que le ponen un micrófono en la boca, no duda en alardear que él sí es honesto, que sus actos de gobierno, muy pocos ciertamente, son transparentes como el agua, y que en el multipremiado portal de transparencia está todo lo que los zacatecanos desean saber. Otra mentira.
Y además, cuando un ciudadano solicitó la información de la «nómina secreta» recibió de parte de los funcionarios, y del mismo gobernador, descalificativos que como mínimo de mentiroso no lo bajaron. Bueno, hubo un ex funcionario, Jaime Santoyo, quien supuestamente trabajaba como secretario de Gobierno en el pasado sexenio, que hasta amenazó con demandar a quien, según él, hizo mal uso de la información. Tácticas para inhibir el goce de este derecho humano.
Este día, en el Congreso del Estado, la presidenta del IZAI, Julieta del Río Venegas, acude a comparecer, y por ello todos esperamos que, de una vez por todas, aclare qué pasó realmente cuando al órgano garante llegó el CD con la información, dolosamente entregada sin membrete y confusa, y el Instituto, como puente entre la ciudadanos y los sujetos obligados que se amparan a través de un recurso, la hicieron llegar al solicitante.
Los diputados tendrán en sus manos el CD y la historia completa de las 42 resoluciones que obligaron, sí, obligaron a Jorge Miranda, a entregar los datos de los sueldos y estímulos que los burócratas de la pasada administración recibieron. Ya no podrá mentir más.
Este simple CD, se debe decir, obligó igualmente a que los estímulos legales, justos y morales que reciben los integrantes del gobierno diferente, los mismos que al principio fueron negados por el mismo Alejandro Tello, se abrieran a la sociedad, aunque a medias, se debe decir.
La Ley de Transparencia tiene hoy en día nuevas obligaciones que deben ser cumplidas, y por ello toda la información pública tendría que estar ya en la Plataforma Nacional de Transparencia, digitalizada para que pueda ser consultada por cualquiera, lo que no ha sucedido.
Ojalá que la comparecencia de hoy sea en verdad un ejercicio de transparencia, y que los integrantes de la LXII Legislatura cuestionen también a Julieta del Río sobre los derechos que tienen los ciudadanos a pedir la información sin que sean acosados ni señalados. Los tiempos en que se debe entregar la información y las sanciones que se tendrían que aplicar a quien se haga el occiso. Estos nuevos tiempos de apertura democrática así lo exigen.
Los inhabilitados
Mucho se ha hablado de que esta semana, la Secretaría de la Función Pública iniciaría varios procesos de inhabilitación en contra los ex funcionarios Fernando Soto, Marco Vinicio Flores, Mario Rodríguez, Luis Chávez y Raúl Estrada Day. Y todo parece indicar que así ya sucede.
Lo malo del caso es que, al menos Fernando Soto, habría dicho a sus cercanos que de ser llamado al patíbulo de los acusados, no está dispuesto a guardar silencio y destaparía la cloaca que involucra a quien fungió como titular de la Secretaría de la Finanzas en el sexenio de Miguel Alonso Reyes, antes que él, es decir, el actual gobernador.
Y es que, claro está, dice tener todos los elementos para demostrar que su antecesor no sólo avaló las deudas millonarias, sino que también recibían bonos y bueno, mil cosas cosas más.
Así las cosas en este enredado estado, más vale que Paula Rey Ortiz tenga todos los elementos para que no se le escapen, como a Guillermo Huizar en su momento, los que tienen a Zacatecas en este supuesto atolladero económico.
Twitter: @lasnoticiasya @claudiag_valdes
