La Casa de los Perros: Diputados difamados
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hace algunos años, la periodista Isabel Arvide fue denunciada por la actriz Sasha Montenegro, por el delito de difamación, luego de que en una entrevista televisiva “dañara” la imagen de la viuda del expresidente José López Portillo y sus hijos.
Igualmente, recordamos lo sucedido a la periodista Olga Wornat, quien tuvo que indemnizar a Martha Sahagún, luego de que la esposa del expresidente Vicente Fox la acusara de daño moral. Sentencia que, por cierto, fue avalada en última instancia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y qué decir de lo sucedido a la también periodista San Juana Martínez Montemayor, quien igualmente tuvo que indemnizar al expresidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, que la denunció por difamación, luego de que la reportera publicara, sin pruebas, una serie de artículos en la que aseguraba que el perredista contrataba prostitutas.
Fue la juez de lo Civil de la Ciudad de México, Martha Roselia Garibay Pérez, quien determinó que la periodista del portal sinembargo.com, perjudicó los “afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada y consideración que los demás tienen sobre Ortega, al publicar información sin ninguna base de veracidad”.
Estos casos vienen a colación luego de que el pasado 27 de diciembre del 2018, en la portada del periódico impreso Zacatecas en Imagen, se aseguró que los diputados perredistas Juan Mendoza y Eduardo Rodríguez, la petista Gabriela Pinedo, el de Encuentro Social, Raúl Ulloa, y el panista Pedro Martínez habían “exigido” al Gobierno de Zacatecas, el pago de 15 millones de pesos para aprobar el paquete económico 2019.
En la página 7 de la misma edición, en una nota firmada por “La Redacción”, se acusa a dichos legisladores de querer “extorsionar” al gobierno para que aprobaran legislaciones pendientes y el paquete económico.
Al siguiente día, en conferencia de prensa, los diputados señalados anunciaron que no permitirían que se les desacreditara públicamente, de ahí que presentarían una denuncia en contra de quien resultara responsable, por el delito de difamación, tras haber sido “calumniados” y poner en duda su honorabilidad.
Tras el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el secretario de Gobierno, Jehú Salas Dávila, se comunicó vía telefónica con el legislador de Encuentro Social, a quien le ofreció una aclaración “en el mismo espacio y sin costo” en el medio de comunicación que dirige el panista Luis Enrique Mercado Sánchez.
Con lo que no contó el funcionario estatal fue que el director del periódico no aceptaría la petición gubernamental, de ahí que la disculpa nunca se publicó.
Hoy, cuando el tema parecía haber quedado en el olvido, los diputados Gabriela Pinedo y Raúl Ulloa se apersonaron en la Fiscalía General de Zacatecas para presentar la denuncia prometida.
Así, a partir de ahora, el fiscal general, Francisco Murillo Ruiseco, quien se mantuvo muy al pendiente de la acción de los legisladores, tiene en su cancha la denuncia 230/2019-2, en la cual no sólo se presentan pruebas documentales, sino también la narración de los hechos que hemos compartido. Vaya, vaya…
Sí fallaron las formas
El hecho de que a la superdelegada Verónica Díaz Robles se le haya “pasado” informar al inquilino de La Casa de los Perros de la próxima vista a Zacatecas del presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente nos habla de un error no sólo en las formas, sino en el saber hacer política.
La llamada telefónica de Alejandro Tello Cristerna a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no es un acto desproporcionado ni fuera de lugar. Pedir respeto a un gobierno constitucional electo por la mayoría de los zacatecanos era lo mínimo que el jefe del Poder Ejecutivo estatal tenía que hacer.
Y si bien, Verónica Díaz, como delegada de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, es la encargada de la logística de la visita este viernes 18 de enero, eso no la releva, de ninguna manera, de la obligación de seguir los protocolos.
Hasta ayer, el propio secretario de seguridad pública, Ismael Camberos Hernández, no había recibido una comunicación oficial sobre la gira del mandatario, pero de lo que si dijo estar seguro es que una vez que hubiera la comunicación adecuada, se implementará un operativo especial para cuidar la integridad del presidente de México durante su estancia en Zacatecas.
Muy aplicado
Por cierto, es justamente el secretario Ismael Camberos el que, a pesar de la reducción en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de algo así como seis millones de pesos, no anda con los brazos caídos, y más que afligirse se ha aplicado para lograr que antes del 9 de septiembre, la totalidad de los elementos policiales de Zacatecas cuenten con su Certificado Único Policial (CUP).
Y es que después de esta fecha fatal, aquel policía, ya sea estatal, de la Metropol o municipal, que no tenga certificado de haber concluido por lo menos la preparatoria, superar el examen de confianza, y tener una evaluación al desempeño aprobatorio, deberá dejar las filas de la corporación a la que pertenezca.
La SSP, por lo pronto, firmará un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para que sea esta institución la que nivele la escolaridad de los policías. Y será la Máxima Casa de Estudios la que otorgará la acreditación, luego de que es la que ofrece el menor costo por la capacitación; cobra 600 pesos por semestre por cada elemento.
Nos vemos el lunes
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