La Casa de los Perros | Cuando la democracia queda en el abandono
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La crisis presupuestaria que enfrentan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en varias entidades del país pone en riesgo la legitimidad y operatividad de los procesos electorales.
El caso de Zacatecas es particularmente alarmante: un recorte del 33.8 por ciento en 2024, y en 2025 del 65.9 por ciento en su presupuesto, además de un adeudo millonario con el Instituto Nacional Electoral (INE), dibujan un escenario desolador para la democracia en el estado.
No es casualidad que Zacatecas haya sido clasificado como un estado de “alto riesgo presupuestal” por el INE.
La falta de recursos compromete la capacidad del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para organizar las elecciones locales de jueces y magistrados, parte fundamental de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial.
A ello se suma la deuda de 6.5 millones de pesos con el INE por los convenios de colaboración firmados para sacar adelante la elección local concurrente de 2024, convirtiendo a este organismo en el único en el país que arrastra un adeudo de este tipo.
La reducción presupuestaria responde a una estrategia de los congresos locales, dominados por Morena y sus aliados, que han recortado los fondos de manera sistemática.
A nivel nacional, la tendencia ha sido clara: estados como Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas y Ciudad de México han sufrido ajustes drásticos.
En el caso de Zacatecas, los recortes no son sólo una cuestión administrativa; son una amenaza directa a la capacidad del IEEZ para cumplir con su deber constitucional.
El mensaje que envían estos recortes es preocupante. Si la autoridad electoral no cuenta con los recursos suficientes, ¿cómo garantizará la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso electoral? La incertidumbre afecta a la elección judicial local, y sienta un precedente peligroso para futuros comicios.
El debilitamiento de los OPLE es un problema financiero, un golpe a la institucionalidad democrática. Cuando los organismos responsables de garantizar elecciones justas y equitativas no pueden operar adecuadamente, la democracia misma queda en entredicho.
En Zacatecas, esta crisis presupuestaria no es un problema aislado, sino el síntoma de una política que, en lugar de fortalecer las instituciones democráticas, las asfixia deliberadamente.
Es urgente que el INE, el Tribunal Electoral y la sociedad civil exijan soluciones inmediatas. La elección de jueces y magistrados es un paso clave en la construcción de un Poder Judicial independiente, y dejar en la indefensión al IEEZ pone en peligro la elección y la confianza en las instituciones.
Si no se revierte esta tendencia, el país se encamina a un deterioro irreversible de su sistema electoral.
Zacatecas es hoy el ejemplo más evidente de lo que sucede cuando la democracia se deja sin recursos: una estructura debilitada, en deuda y al borde de la inoperancia. El costo de este abandono no será solo administrativo, sino profundamente político y social.
La eterna negociación
El reciente acuerdo entre la fallida nueva gobernanza y la Sección 34 del SNTE sobre el pago de becas a hijos de maestros parece un triunfo a medias. Mil 200 pesos por estudiante suenan a una solución, pero ¿realmente resuelve la raíz del conflicto o sólo es un parche más en la historia de demandas magisteriales que se repiten año tras año?
Es curioso cómo las respuestas gubernamentales a las exigencias del magisterio siempre llegan después de bloqueos, plantones y presión social.
No se trata de un acto de buena voluntad, sino de un simple cálculo político: ceder lo suficiente para evitar un colapso, pero no tanto como para establecer precedentes de soluciones definitivas.
El pago de las becas provendrá de «economías» de la Secretaría de Educación, lo que deja en el aire una pregunta clave: ¿por qué este dinero no estaba disponible antes de que los maestros salieran a las calles?
La sección 34 del SNTE ha logrado garantizar que el número de expedientes presentados sea respetado, pero el proceso está lejos de ser eficiente. La entrega de documentos comenzará el 24 de febrero y el pago tardará al menos una semana, les prometen.
Mientras tanto, los maestros continúan con bloqueos en edificios gubernamentales hasta que las bases aprueben los acuerdos. Es decir, la negociación no está cerrada, y la posibilidad de nuevas manifestaciones sigue latente.
Por otro lado, la Sección 58 del SNTE, liderada por Marcelino Rodarte, mantiene su postura firme. Exige la inclusión de temas urgentes en la minuta y deja claro que cualquier incidente en los plantones será responsabilidad del gobierno.
Esto refleja una desconfianza justificada: los compromisos con el magisterio muchas veces se desvanecen en la burocracia y la falta de voluntad política.
Más allá de las becas, la discusión incluye bonos para jubilados, apoyos para maestros de educación física y de música, así como acceso a vivienda y pensiones dignas. El gobierno promete mesas de diálogo, pero las promesas no pagan cuentas ni garantizan estabilidad laboral.
El magisterio ha aprendido a negociar con resistencia y presión. Y mientras no haya soluciones estructurales, Zacatecas seguirá viendo este mismo guion repetirse, con diferentes actores, pero con la misma lucha de fondo.
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