La Casa de los Perros: C5 sin certeza jurídica en Zacatecas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
A los integrantes de la LXIV Legislatura no les bastó con llevar a la quiebra, con sus decisiones tomadas en el pleno del Congreso, a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
¡No! los actuales diputados, que se han caracterizado por dedicarse a gastar el presupuesto en comidas, gasolina y viajes, ahora se empeñan en seguir demostrando que son ellos, y nadie más que ellos, los peores servidores públicos por los que alguna vez votaron los zacatecanos.
Con lágrimas de emoción rodando por nuestros ojos recordamos aquel 6 de marzo de este 2023, cuando el gobernador David Monreal Ávila, acompañado de su entonces consentido Julio César Chávez Padilla, en su calidad de presidente municipal de Guadalupe, y ya cargando en la espalda la muerte de Raúl Calderón Samaniego, bajista del grupo Los Románticos de Zacatecas, colocaron la primera piedra de la “obra más importante en materia de seguridad en los últimos 25 años”.
Y ahí andaba, feliz, feliz, la otrora secretaria de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, que en todas las fotografías aparece con una sonrisa de oreja a oreja. Plena ella en su papel de dama de compañía.
Se trataba, ni más ni menos, que de la ceremonia de arranque oficial de la construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C-5), con el que, en caballo de hacienda, se continuaría “con la estrategia de seguridad que lleve al bienestar y a la pacificación de Zacatecas”.
Porque la idea en la nueva gobernanza es sólo una: no desistir jamás en este anhelo de lograr la tranquilidad y el bienestar y juntos afrontar este flagelo y construir la paz. ¡Qué chulo de bonito!…
A lo lejos, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ubicada en lo más alto del Cerro de San Simón, los observaba reír, los miraba abrazarse con la infaltable palmadita en la espalda al estilo PRI. Todo era felicidad.
Sí, porque ahí se planeó construir las nuevas instalaciones del C-5 que, presumieron, contarán con tecnologías que permitirán a las autoridades coordinar acciones de prevención, atención, investigación e inteligencia.
Y fue Manuel Eduardo Flores Sonduk, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y Alejandro Hinojosa Lavín, director del C-5, quienes doraron la píldora a los presentes, y a los que después leyeron el taco de lengua que sirvió la Taquería Oficial conocida en el bajo mundo como Coordinación de Comunicación Social.
Este par de funcionarios explicaron que el nuevo complejo tendrá áreas estratégicas para generar un flujo eficiente de información y trabajo, con espacios administrativos y de monitoreo; de capacitación e inteligencia; de tecnología, seguridad, logística, mantenimiento y servicios, además de reclutamiento, análisis, certificación y desarrollo.
Se habló de que, en la primera etapa, en la que se planea gastar unos 750 millones de pesos, se implementaría un sistema de videovigilancia urbana que incluirá 615 cámaras de última generación, ubicadas en 135 puntos estratégicos. También, un sistema de reconocimiento de placas y verificación vehicular, que permitirá el seguimiento y resguardo de automóviles implicados en algún hecho delictivo.
Pero como esta obra es en grande, la nueva gobernanza planeó que se puedan disponer de 73 arcos carreteros, 40 cámaras, 40 antenas lectoras y 20 paneles de mensaje variable instalados en 10 posiciones.
Y, por si fuera poco, instalar un sistema de llamadas con los números telefónicos 911 y 089 para brindar a la ciudadanía “atención calificada y eficaz ante emergencias de seguridad, salud y protección civil”.
Pero que quede claro, esto es la primera etapa, porque para después, dijeron que se incorporarían dos estaciones con drones tácticos, como los que usan los del crimen inteligente y organizado, para acceder a la videovigilancia no tripulada y seguimiento a delitos.
Claro está, la idea es además poner en marcha un sistema de radiocomunicación con más de mil terminales portátiles.
El problema estriba en que los diputados siguen de vacaciones, ellos dicen que algunos sesionan en algo que llaman Comisión Permanente, y no han podido dar trámite a oficio 064/2023, con fecha del 6 de junio, que recibieron en la Oficialía de Partes, el 8 de junio a las 12:30 horas, en donde el Ayuntamiento de Guadalupe «pone a su consideración» la desincorporación, para su posterior enajenación en la modalidad de donación a favor del Gobierno del Estado, de la «desmembración» de un terreno de 88 mil 250 metros cuadrados del Cerro San Simón.
Como quien dice, la nueva gobernanza organizó tremenda ceremonia e inició la millonaria obra en un terreno que no es suyo, que no tiene certeza jurídica para decirlo más rápido.
Algo así como sucedió con la construcción del Hospital de la Mujer en Fresnillo que, hasta hoy, funciona a medias en un terreno que no se sabe bien a bien de quién es.
La cuestión es que, si bien la nueva gobernanza se brincó todas las trancas habidas y por haber, para mostrar que sí están en lo que deben estar, los diputados locales han contribuido con esa parálisis legislativa que los aqueja, a que este magno proyecto se encuentre ahí, volando, volando.
Ojo, a este pequeño trámite tenía que darle seguimiento la Secretaría de Administración, cuya titular, Verónica Hernández López de Lara, al parecer obvió.
Si bien se tiene la certeza de que en la LXIV Legislatura no pondrán peros a la continuación de esta obra, o eso se espera, la pregunta es ¿cuándo?
Mientras tanto, los zacatecanos pueden observar a lo lejos que el desmembramiento del Cerro San Simón está en pausa.
Y así, mientras los diputados regresan de sus vacaciones nosotros procedemos a sonreír, felices, porque esto no se acaba, hasta que se acaba…
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