La Casa de los Perros: ¿A la cárcel por ejercicio indebido de funciones?
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura, los integrantes de las bancadas del PRI, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano presentarán un Punto de Acuerdo para reconvenir públicamente a la morenista Imelda Mauricio Esparza. Y, de paso, recordarle que si insiste en la locura de creerse la mandamás del mundo mundial, hasta una denuncia penal le podrían interponer a ella y a su recomendada, Ana Bertha Luna Quintero.
Para empezar, los diputados, ya hartos en verdad de los tejes y manejes de la presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), le vuelven a decir que ella no puede poner y quitar funcionarios a su antojo.
Y que el hecho de que no se hayan publicado en el Periódico Oficial, las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo –se aprobaron el 22 de diciembre del 2021– que señalan que los nombramientos de director de Administración y Finanzas, por ejemplo, requieren de la venia de las dos terceras partes del pleno, y no del capricho de una diputada o una bancada que hoy aparece como minoritaria y disminuida, sólo quiere decir que al Ejecutivo, dice el Punto de Acuerdo, se le queman las habas por seguir cortando el bacalao en la Legislatura.
Los legisladores que presentarían el Punto de Acuerdo le dicen a Imelda Mauricio que su actuar hoy se encuadra en el Artículo 193 del Código Penal. Sí, porque ella, supuestamente, ha cometido ya el delito de ejercicio indebido de funciones como servidora pública y eso se castiga con una pena de uno a tres años de prisión y una multa.
Como diputada, obviamente, debería conocer esta reglamentación ¿verdad? El violentarla, entonces, no tiene disculpa alguna.
Gabriela Basurto Ávila, Guadalupe Correa Valdez, Xerardo Ramírez Muñoz, Juan Mendoza Maldonado –estaba en veremos el apoyo de Martha Rodríguez Camarillo–, como cabezas de sus bancadas y con asiento en la CRICP, van también en contra Ana Bertha Luna, quien al no tener un nombramiento oficial y ostentarse como directora “encargada” de la Administración y Finanzas del Poder Legislativo, también estaría cometiendo un delito: Usurpación de funciones públicas.
El Código Penal, en su Artículo 228 dice que aquel que sin ser servidor público se atribuya ese carácter y ejerza funciones como tal se puede ir a la cárcel entre tres meses y tres años. También deberá pagar una multa.
La cuestión es que esta mujer, a quien se le atribuyen facultades casi mágicas, como manejar como a su títere al secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, y mangonearlo para que entregue, o no, recursos a los Poderes, órganos autónomos y demás dependencias, en dos meses se ha hecho de más enemigos que Bin Laden en sus mejores momentos.
Ella, dicen en los pasillos que cruzan el estacionamiento del Congreso, ha dedicado su tiempo a juntar documentos sobre los depósitos que se han entregado a los diputados Susana Barragán Espinoza, Xerardo Ramírez y Enrique Laviada Cirerol. Por órdenes de Imelda Mauricio quiere demostrar, a como dé lugar, que los viajes a los Alpes suizos, a Playa del Carmen y a Canadá fueron pagados con recursos de la LXIV Legislatura.
Recordar que en tiempos de la 4T sólo está permitido viajar, y en autobús de pasajeros, a no más de cien kilómetros a la redonda. Más allá de eso es atentar en contra de los principios juaristas de vivir en la justa medianía.
Ana Bertha Luna, además, dicen se la tiene jurada a morenistas como Priscila Benítez Sánchez, Maribel Galván Jiménez, Violeta Cerrillo Ortiz y Armando Delgadillo Ruvalcaba, porque han osado ir en contra de su patrona, la exalcaldesa de Villa González Ortega. También a ellos, ya lo prometió, le sacará sus trapitos al sol.
Si a los diputados no les da calambre la amenaza de que no recibirán su dieta nunca, este Punto de Acuerdo verá la luz hoy y los zacatecanos escucharán cuando se le exhorte “respetuosamente” a Imelda Mauricio a abstenerse de violar la ley, ajustarse a lo que sus atribuciones le confieren y no sobrepasar sus facultades porque, de lo contrario, el Órgano Legislativo presentará la denuncia penal correspondiente. Lo mismo va para Ana Bertha Luna.
Suerte tienen ellas de que su destino esté supeditado a negociones políticas, porque cualquier otra persona que delinque va directito a chirona.
Para terminar, se pedirá a la Auditoría Superior del Estado, a cargo de Raúl Brito Berumen, a quien ahora todo mundo voltea a ver para que les resuelva sus querellas personalísimas, a que dé “seguimiento” a los actos descritos y promueva las acciones de carácter penal o administrativo a que haya lugar.
¿Alguien recuerda en la historia de Zacatecas, un inicio tan atropellado de una legislatura? Esto sí da para un récord Guinness.
La revocación
Resulta que hasta ayer eran 21 los estados que han rebasado el cien por ciento de firmas recabadas para poder cumplirle el capricho al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que los mexicanos no sólo vayan a las urnas a participar en un inútil proceso de revocación de mandato, sino que aprueben echar a la basura millones y millones de pesos.
Hasta el momento se han ingresado 11 millones de firmas, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo ha aprobado dos millones 741 mil 685, lo que quiere decir que de siete millones, 46 mil 282 que se han revisado, algo así como tres millones 900 mil, por razones como van desde que eran de una persona fallecida, de una mascota o simple y sencillamente eran un invento de la 4T, no sirvieron para maldita la cosa.
Los seguidores de López Obrador necesitan todavía 16 mil 542 firmas para alcanzar el 3 por ciento mínimo requerido, lo que sin duda lograrán.
Ya que los millones y millones de mexicanos validen con su participación real este ejercicio de soberbia y ego será, sin duda, otra cosa.
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