La Casa de los Perros: ¿A dónde irán 72 millones de pesos?
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Lo que para muchos era un sueño guajiro, por fin se concretó ayer. El abuso legislativo cometido por los representantes populares dueños de una curul en el Congreso del Estado, a partir de enero del 2019, ya no podrán hacer uso indiscriminado y opaco de unos 72 millones de pesos al año. Ahora sí, se acabaron las herramientas legislativas.
Y fue el diputado Luis Medina Lizalde, de Morena, por cierto, uno de los que más insistió en el tema, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer la noticia.
“Con gran satisfacción les comparto que la reforma que elimina los gastos clientelares (“herramientas legislativas”) y las sesiones privadas, hoy obtuvo el aval de las dos terceras partes de los cabildos, sin un solo voto en contra”.
Esta reforma constitucional, además, elimina de tajo también las “sesiones privadas”, en las que normalmente se repartían a diestra y siniestra los recursos (por lo menos un audio ventiló está vergonzosa práctica); se aprobaban Leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos enviadas por el titular del Poder Ejecutivo, además de que ahí se daban, sin la mínima transparencia, los nombramientos para los que el Congreso está facultado, entre muchas transas cosas más.
Para que los diputados procedieran a “ayudar” a la sociedad, con pírricas dádivas cuya única comprobación era la copia fotostática de una credencial de elector, los diputados reciben, todavía, unos 200 mil pesos mensuales. Las ayudas, por cierto, nunca variaban: mil 500 pesos por ciudadano.
La única duda que ahora queda es quién decidirá el destino de esos recursos, ya que, supuestamente, serán los diputados de la LXIII Legislatura los que dirán hacia dónde irán esos millones de pesos, luego de que manifestaron que el presupuesto deberá ejercerse “exclusivamente” en acciones propias de las actividades legislativas, dejando establecida la prohibición de utilizar el dinero en otros conceptos que no correspondan estrictamente a las actividades legislativas.
Pero, el inquilino de La Casa de los Perros, el pasado 15 de junio, durante la ceremonia por el XVI aniversario de la creación de la Policía Estatal Preventiva (PEP), anunció que, a manera de retribución a los miembros de dicha corporación, se creará un fideicomiso que garantice la educación de los hijos de elementos caídos; se incrementará el número de agentes de seguridad; “y se redestinará el recurso de las extintas herramientas legislativas para la compra de equipo”.
Según el comunicado de prensa 845, el presupuesto para fortalecer la corporación saldría “de los ahorros que el Gobierno del Estado realizará, luego de que el Congreso local canceló las herramientas legislativas, lo que permitirá salvar 72 millones de pesos anuales y destinarlos a comprar equipo de seguridad”.
Las denuncias
Ahora que llegaron a su fin las campañas electorales, sigue el periodo de denuncias antes de la elección a efectuarse este domingo 1 de julio, siendo una de las que más ha llamado la atención la interpuesta ante Rosalina Álvarez Mercado, fiscal especializada para la atención de delitos electorales, por los regidores en el Ayuntamiento de Jerez, Octavio de la Torre Jiménez y María Elva Sosa Macías.
Ellos se apersonaron para denunciar directamente a Carlos Santoyo Reveles, presidente municipal interino del Pueblo Mágico, así como a David Venegas Duarte, actual tesorero municipal, además de Cintya Araika Pérez Hurtado, directora del DIF en Jerez.
La denuncia también alcanzó a Jaime Ambriz Moreno, secretario del Gobierno Municipal; Norma Cristina Martínez Mireles, la jefa de Recursos Humanos, y a José Manuel García, actual encargado de Cultura.
Obviamente, no podía faltar Fernando Uc Jacobo, el actual candidato a presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la comisión de varios actos que pueden constituir delitos electorales.
Todo, a raíz de una serie de mensajes vía WhatsApp en los que se giran instrucciones para que las brigadas del priista reciban gasolina de la Presidencia Municipal, para las labores de proselitismo. Esto, sin dejar de lado que en dichos mensajes se habla hasta de “protección especial” por parte de la Policía Municipal, a quienes porten propaganda a favor de Fernando Uc.
Mucho trabajo le espera a la Fepade, quien deberá resolver de manera pronta y expedita a estas denuncias, con la finalidad de que “el día después” de la elección no se convierta en un suplicio para nadie, y mucho menos en un pretexto para que la violencia se pueda desatar.
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