Jornada electoral judicial ejemplar
ULISES MEJÍA HARO
Este domingo 01 de junio se realizó con éxito la polémica elección de 9 ministros y ministras, 486 magistrados y magistradas, 386 juezas y jueces federales; así como magistrados (as) y juezas y jueces estatales en 19 entidades del país, incluido Zacatecas, fue una jornada electoral ejemplar, se instalaron el 99.9 % de las casillas y no hubo incidentes mayores.
La participación ciudadana estimada por el INE fue de aproximadamente 13% de la lista nominal, la cual está dentro de los márgenes esperados 10 a 18%, al ser una elección extraordinaria, no concurrente con elecciones constitucionales ordinarias, las cuales despiertan más interés de la ciudadanía como son las presidenciales, estatales y municipales (excepto Durango y Veracruz, donde hubo elección a las alcaldías); además por lo complejo para sufragar por el número de boletas (10) y la lista extensa de candidatas y candidatos; así como, por las prohibiciones de los lineamientos del INE, al no permitir reuniones abiertas, mítines, carteles, publicidad pagada en redes sociales; ni se dio la exposición de las y los candidatos en la radio y televisión mediante el uso de los tiempos oficiales para que la ciudadanía conociera sus trayectorias y propuestas; sin financiamiento público y privado, solo se permitió los trípticos en papel reciclable para entregarse en las calles, plazas y lugares públicos, aunado a un periodo corto de 60 días de campaña. La limitada campaña se dio en gran medida a través de las redes sociales, con la limitante de que un 25% de las y los mexicanos carecen del Internet.
Otro factor que limitó la participación ciudadana fue la costosa y exagerada campaña mediática orquestada por la oligarquía y grandes monopolios en la radio, televisión, prensa y redes sociales para llamar a no votar por parte de comentaristas, intelectuales orgánicos, personajes del medio artístico, expresidentes de México (Zedillo, Fox, Calderón), legisladores, líderes y dirigentes políticos de la oposición, entre otros, que faltando a lo dispuesto en la Constitución, malinformaron y tergiversaron la información con mentiras, calumnias y argumentos falsos, como “ si votas es validar la reforma judicial”, “si votas es votar por el fraude y por una elección de Estado”, “si votas afecta el estado de derecho, la división de poderes, la democracia y la legalidad”, “ la reforma judicial es una venganza de López Obrador” contra el poder judicial; el propósito de los opositores era confundir y engañar a la ciudadanía para que no ejercieran su derecho ciudadano constitucional de votar por los juzgadores, lo cual lograron al menos con sus seguidores.
Los opositores a la reforma y a la elección judicial, intentan regresar al pasado, donde una oligarquía dorada decidía el rumbo del país a conveniencia de sus intereses económicos y políticos sobre los intereses del pueblo, de unos cuantos acostumbrados a los grandes privilegios, a las condonaciones de impuestos, al trafico de influencias y a los grandes negocios con el gobierno en obras públicas, servicios y compras gubernamentales, amasar grandes fortunas con las concesiones y privatizaciones de bienes públicos, a los contratos millonarios con los grandes medios de comunicación.
Sus argumentos se derrumban por sí solos: ¿Validar la reforma judicial?, la reforma ya fue validada por mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores y por la mayoría de los congresos locales, ya está en la Constitución. ¿Fraude y elección de Estado?, la elección judicial no fue decidida por los partidos políticos ni por los gobernantes o por las altas esferas del Poder Judicial, como sucedía antes de esta elección; hoy los juzgadores fueron electos por el pueblo en una elección directa en las urnas, y, la organización eficiente y el recuento de votos lo realiza con transparencia el INE, ese que defendía la oposición y decía “el INE no se toca”. ¿Afecta el estado de derecho, la división de poderes, la democracia y la legalidad?
Todo lo contrario, la elección judicial tiene como propósito una justicia pronta, expedita, imparcial y gratuita para todas y todos, sin injerencias políticas, económicas y de los poderes fácticos; situación contraria, a lo que sucede actualmente, en casos donde se interpreta y se tuerce la ley en beneficio de los poderosos e influyentes y en contra de los que menos tienen; hoy con el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), se vigilará que las resoluciones de los juzgadores sean conforme al estado de derecho, de lo contrario, serán sancionados o removidos. Tampoco se afectan la democracia y la legalidad; al contrario, se democratiza al Poder Judicial al ser electos los juzgadores por el pueblo y no por la presidenta o presidente de México como sucedía anteriormente, habiendo casos bochornosos como el de Ernesto Zedillo, que removió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombró una nueva Corte a su contentillo. Asimismo, la elección judicial es legal desde el momento que está en la letra de la Constitución.
Repito, la participación en la elección judicial tuvo un buen comienzo, si consideramos que fue una elección extraordinaria no concurrente con elecciones constitucionales ordinarias, fue exitosa, si consideramos que es un primer ejercicio, seguramente en el 2027 la participación será mayor, porque la gente podrá ver sus beneficios en la impartición de justicia y tendrá más interés en participar en este tipo de elecciones, las cuales se irán poco a poco normalizando en la ciudadanía; además en lo sucesivo serán concurrentes con las elecciones ordinarias para renovar congresos federales y locales, gubernaturas y ayuntamientos municipales, lo que incrementará la participación.
Los nuevos integrantes del Poder Judicial serán mejores, porque llegarán sin compromisos políticos, abatiendo con ello la corrupción, el tráfico de influencias, las omisiones, el nepotismo judicial, ya que el TDJ vigilará su desempeño para que sus sentencias estén apegadas a derecho y que la justicia sea pronta, expedita, imparcial y gratuita.
Considero que habrá que simplificar el proceso de la elección judicial, realizar reformas para reducir el numero de postulantes propuestos por los tres poderes y que estos pasen el tamiz de un órgano consultivo de ciudadanos independientes expertos y probos para reducir el numero de candidatas y candidatos a los diferentes puestos, con el propósito de que la ciudadanía conozca con oportunidad las trayectorias, experiencia y valores de las y los candidatos.