Por ineficiencia, ASE y SFP nunca detectaron irregularidades en gobierno de Miguel Alonso
Zacatecas, Zac.- Por carencia de recursos económicos y humanos, o por la sujeción al gobierno en turno, la mayoría de los órganos de fiscalización de las entidades federativas del país fallaron en la detección de los hechos de corrupción de las instituciones locales, pues hubo casos en los que ni siquiera reportaron anomalías, pese a los contrastes con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este fenómeno de ineficiencia en la revisión de las cuentas estatales llevó a que órganos fiscalizadores en Zacatecas, léase la Auditoría Superior del Estado (ASE), que encabeza Raúl Brito, tesorero en la campaña proselitista del ex gobernador Miguel Alonso y su amigo íntimo; así como la Secretaría de la Función Pública, que dirigió Guillermo Huizar Carranza, actual asesor del mismo ex gobernador pero ahora en Fonatur, no detectaron irregularidad alguna, a pesar de los señalamientos públicos contra funcionarios.
En Zacatecas, se acusa al ex gobernador Miguel Alonso Reyes de incurrir en desvíos económicos, pero los órganos fiscalizadores no tienen antecedentes de haber procedido legalmente; ni siquiera existen observaciones en la revisión de las cuentas públicas; al menos no en sus versiones públicas.
Hasta el día de hoy, y a pesar de las denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de Alonso Reyes, y de los señalamientos del mismo gobernador Alejandro Tello Cristerna, de haber recibido en quiebra las finanzas de la entidad, no hay un proceder claro al respecto.
La actual secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina supuestamente ha enfocado sus baterías a una investigación en contra de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), situación que es del orden federal.
En contraparte, la investigación sobre las observaciones por más casi siete mil millones de pesos a la administración del ex gobernador priista Alonso Reyes, que sí es de carácter local, no presenta al momento avance alguno.
Las recomendaciones
En reporte del periódico Excélsior se dice que en octubre de 2016, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló que tres cuartas partes de los órganos de fiscalización superior en los estados reprobaron en materia de autonomía, uno de los principios básicos para revisar la correcta aplicación de los recursos públicos locales.
“Tres cuartas partes de las entidades de fiscalización superior subnacionales obtuvieron una puntuación de cinco o menos en el tema de la autonomía”, lanzó al presentar el estudio El Sistema Nacional de Fiscalización de México. Fortaleciendo la Rendición de Cuentas para el Buen Gobierno.
José Ángel Gurría presentó seis propuestas, entre ellas fortalecer la autonomía de estas instituciones locales; homologar los marcos jurídicos y mejorar la coordinación entre los órganos de auditoría interna y externa, así como simplificar los procedimientos de auditoría para los órdenes subnacionales de gobierno para reducir al mínimo la duplicidad de trabajo.
También consideró que se deben aumentar los recursos presupuestales y corregir las deficiencias de capacidades; fortalecer el servicio profesional de auditoría e intensificar los esfuerzos para desarrollar capacidades de gestión, específicamente en materia de riesgos, concentrándose en funcionarios de mandos medios y superiores.
Propuestas similares hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en 2013, las que plasmó en el estudio de Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su Normatividad, Prácticas y Transparencia.
Desde entonces, los órganos fiscalizadores no estaban obligados a ser del todo transparentes ni a rendir de cuentas sobre su gestión y actividades pues el marco normativo se quedaba corto.
“Del análisis de las propias experiencias y perspectivas de las entidades de fiscalización locales, comentadas por los propios titulares y/o personal a través de un cuestionario, se sabe que en 60% de ellas se considera que el marco legal correspondiente es insuficiente en cuanto a las capacidades para sancionar. También se encontró que en la mitad de éstas no se ha integrado un servicio civil de carrera, cuando por su carácter técnico, la profesionalización del personal es clave para el éxito en el desempeño de sus atribuciones”, precisa el Imco.
Tres años después de este reporte, las debilidades de las instituciones de fiscalización estatal son las mismas.
LNY/Redacción
