Importa a las mujeres claridad sobre la política de género
SARA LOVERA
A 38 días del gobierno no sabemos que se esté elaborando el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como lo establece la Constitución de la República. El nuevo régimen en cambio sí planteó un proyecto de nación con 100 acciones de la cuarta transformación. En ninguna de ellas es claro cómo será la política de género.
Ello es importante porque el PND podría indicarnos la ruta política, administrativa y filosófica de la nueva administración. Hasta ahora, en estas poco más de cinco semanas hemos oído de cambios y acciones: bajar salarios a personal de la Administración; resolver el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y un planteamiento de aportaciones económicas en lo individual para jóvenes de hasta 44 mil 300 millones de pesos para becas y para personas adultas mayores de hasta cien mil millones de pesos, dinero fresco que administrará centralmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más del 50 por ciento de lo que definió como 18 programas sociales prioritarios.
Para atemperar la violencia contra las mujeres se destinaron 394 millones. Para todos sus aspectos, prevención, atención, sanción y erradicación del fenómeno que cobra la vida de siete mujeres diariamente. Preocupa mayor claridad, porque entre el uno de enero y el día 7, una mujer o niña ha sido asesinada cada día, tres en el Estado de México; una en la capital, Oaxaca, Guerrero y Coahuila respectivamente sin considerar las denuncias, que son 5, de mujeres desaparecidas, como la de la Universidad de la Ciudad de México, conocida hoy.
En el presupuesto, único indicador de la política nacional del nuevo régimen y sus propósitos nacionales, gracias al compromiso e intervención de las diputadas federales, el presupuesto para transversalizar la perspectiva de género y seguir adelante en las tareas federales a favor de las mujeres destinó 64 mil 656 millones de pesos, para lo que se conoce como anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”; más de 25 por ciento que el monto asignado en 2018, no obstante que se redujeron otros presupuestos importantes, como el de estancias infantiles y recursos etiquetados para algunas enfermedades y para los programas específicos de salud.
En las otras prioridades, donde se nos dirá que se incluye a hombres y mujeres, aunque la falta de lenguaje de género o expresión clara de diferenciación, nos hace durar y la política de género no es transparente.
Nos importa no saber qué sucede con el PND, me dirán, pero esa es todavía la ley, y México cuenta desde 1972, con un sistema nacional de planeación democrática que establece, que en los primeros 120 días de gobierno, se tendrán que realizar diversas consultas especializadas por tema, sector y región, para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual deberá presentarse hasta el último día de febrero del 2019 al Congreso de la Unión y éste tendrá, al menos tres meses, para validarlo, observarlo y aprobarlo.
Nuestros ordenamientos, todavía vigentes establecen que “La planeación nacional de desarrollo, es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen”.
De manera explícita el PND del llamado régimen autoritario de 2012-2018 puso en su tercera línea prioritaria, transversalizar el género, como un mandato para todas las dependencias públicas. Lo que estuvo siempre transparente para ser reclamado o darle seguimiento.
El PND debe convocar a las organizaciones representativas de la sociedad a participar como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática. Lo que no era garantía automática, pero si un mandato, que debía se reclamable. En ausencia del proceso para crear el PND, frente al proyecto de nación no es claro cómo hacerlo ahora.
Llama la atención, en cambio, otro tipo de vías para proponer, demandar o sugerir. Leí una nota informativa, muy clara, del periodista de La Jornada, Alonso Urrutia, quien averiguó que en a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, situada en Palacio Nacional, decenas de personas acuden todos los días, y sólo del pasado primero de diciembre al 6 de enero seis mil 641 personas que buscan esta ruta de solución a sus conflictos, para proponer y solicitar que sean escuchados sus puntos de vista. El periodista da cuenta de que las mujeres encabezan el número de gestiones: tres mil 902 solicitudes han sido promovidas por ellas y dos mil 532 por hombres. No necesariamente ello sustituye las consultas, previstas en la ley.
Por ejemplo, un tema muy ruidoso, en estos días, es la postura del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional EZLN, frente al anunciado y no discutido Tren Maya, cuando la ley de planeación, establece que las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. Además, los indígenas, dice la ley, expresamente “el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente”, sobre proyectos que involucren a sus comunidades.
Más allá de la convicción –que nadie puede discutir- sobre la realidad, una esperaría que la ley se cumpla, en un gobierno democrático, que hemos buscado denodadamente. El PND, como lo establece la ley debería realizarse a partir de un diagnóstico general sobre la situación de los temas prioritarios. Asuntos de fondo que debe atender el gobierno.
Este es el caso de la condición social de las mujeres, tanto como la creación anunciada de la Guardia Nacional y nuevas y potentes responsabilidades del Ejército y la Marina. Importa mucho a las mujeres. Me recordaba recientemente que hace casi 25 años tres indígenas Tzeltales fueron agredidas, violadas y violentadas por un piquete de soldados en abril de 1994, en Altamirano Chiapas, asunto que quedó opaco, sin resolución y también en los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la queja documentada no fue atendida y el Gobierno Mexicano no recibió ninguna recomendación hasta ahora.
El proyecto de Nación para la cuarta transformación de la vida pública del país, así como los resultados de diversas consultas, foros, encuestas y las múltiples propuestas que diversos grupos de interés aportan, desde ya, dan un perfil del nuevo gobierno, las acciones y proyectos de largo aliento, la premisa de la austeridad republicana y el combate decidido a la corrupción. La nueva administración prefirió anunciar sus 100 proyectos prioritarios que se someterán a las consultas, que ajustarse a tradicionales programas de los primeros 100 días de gobierno. Veremos.
