¿El Proigualdad, dónde está? ¿Qué fue de Inmujeres?

SARA LOVERA

El Programa para la Igualdad (Proigualdad) 2019-2024 no es un simple programa de gobierno. Es la directriz que debe marcar la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en los tres órdenes de gobierno y poderes de la Unión.

Sin esa guía, solo se estarán haciendo acciones aisladas, coyunturales, sin presupuesto, sin indicadores ni evaluación, como ha sucedió por más de un año del gobierno de la 4T. No es una cuestión burocrática. Es la postura política de gobierno para erradicar la violencia, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres.

Debía ser una obligación del Estado, puesto que lo marca la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Así pasa con el programa que marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia Conavim. La comisionada Candelaria Ochoa lo presentó en septiembre pasado y nada que se publica. ¿Es ineptitud, omisión o de manera deliberada no están cumpliendo con las leyes?

Esta es la reflexión que en redes sociales publicó una preocupada feminista. Ya estamos a 13 de febrero. No hay Proigualdad y, en cambio, ya se publicaron las reglas de operación de este inexistente programa ¿qué pasa?

Hace unas semanas lo que publicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), responsable de elaborar y conducir el (Proigualdad), fue un folleto con los resultados de una consulta nacional, que hizo en las 32 entidades de la República, precisamente para definir las acciones del programa, que se ha elaborado en los últimos 3 sexenios, antes de la 4T.

Lo que reflexiona la feminista preocupada contrasta con la febril actividad en el Congreso de la Unión, donde en un año al menos se han presentado 75 iniciativas relativas a mejorar o empeorar el marco jurídico de la igualdad. En 2019 se aprobó la paridad total, ya se aprestan las legisladoras a revisar la reglamentación adicional para que toque tierra y ayer se anunció que en el poder Judicial, al presentar una reforma de gran calado. El mismísimo presidente de la Suprema Corte de la Nación presumió que en esa iniciativa se prevé como fundamental la transversalidad de género, lo que implicará -veremos la discusión- algo más que lo planteado.

Es decir, seguimos construyendo, modificando, ampliando leyes y reglamentos. Hace poco en al menos 20 entidades del país se reglamentó la criminalización de la violencia cibernética, Ley Olimpia y se apresta el Senado a discutir y aprobar al menos seis iniciativas que recibió de la Cámara de Diputados, donde destaca, por fin, la que busca acabar con la violencia política contra las mujeres y otras –se dice, un paquete- que reforman la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.

Para hablar así, en general, pienso que no cesa el reformismo de muchas disposiciones que ya logramos. Y también se ha documentado cómo se redujeron los presupuestos para la política de género, esa que no tiene programa. Es como si estuviéramos en un gobierno bipolar. Mucho bla, bla, bla, discursos, papel mojado, tiempo y dinero no sólo en el Congreso de la Unión, también en los congresos estatales.

Respecto de Conavim, efectivamente no hay un programa publicado, aunque las líneas generales están publicadas en la página de la Secretaría de Gobernación, pero el detalle, la distribución de tareas y los presupuestos no están desglosados.
No hay, en relación a la política de género ni un ápice de transparencia.

Cuando la feminista preocupada habla de que sin el Proigualdad no se puede evaluar, tiene razón. Un día me declaró Candelaria Ochoa que al presidente le parecía que las mexicanas están sobre diagnosticadas, esto es, que ya se cuenta con todos los pormenores de su situación, de la violencia infinita, de los modelos de atención, de los enormes libros sobre la desigualdad económica y más, mucho más, o sea que informar, con documentos o estadísticas, o evaluaciones cae en la idea presidencial que son estudios y por tanto inútiles.

Pensé, cuando me lo dijo, que había algo de razón y entonces, reflexiono, hay materia para política pública, planes y programas. Pero ¿dónde están?, aún no nos dicen que realmente harán en cualquier rubro.

Un Proigualdad, de cualquiera de los gobiernos del 2000 a 2018, se puede analizar, hay mucha tela de donde cortar, muchos mandatos, Secretaría por Secretaría, organismos del gabinete ampliado, etcétera, vaya ahí hasta para copiar.

Pero no sucede. Y es que tal vez, otro amigo periodista me decía, “vivimos el régimen de la demolición”. Donde todo lo que se considera que está mal o requiere modificaciones, a veces como pura percepción, hay que demolerlo.

Por ejemplo nadie ha respingado por la reducción administrativa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde la Unidad de Género dejó de funcionar, no lo sé de cierto, pero sí sé que actuó como soporte sustantivo para las recomendaciones cuando se atenta contra los derechos de las mujeres, o el seguimiento de las Alertas de Violencia de Género o las acciones del Proigualdad que por ley corresponde a la CNDH, pero los análisis y los estudios, los soportes, seguro ya no se harán, cuestan dinero.

¿Para qué tanta parafernalia dirá el Presidente? si ya sabemos que todos los días, en toda la República se violan los derechos humanos de las mujeres.

Es bien triste. Desespera. Es como si nos estuviéramos regresando a la mitad del Siglo XX, cuando no teníamos ni idea clara y documentada del tamaño de nuestra discriminación, cuando la Constitución no hablaba de la igualdad, como sucedió hasta 1974 y lo único que teníamos, en 1950, eran los derechos individuales y colectivos inscritos en la Constitución donde podíamos sumarnos, exigirlos para nosotras también. Y nada más.

Lo construido es mucho. Pero no hay cómo hacerle en el futuro cercano. Si, volvimos a 1950, el presupuesto del anexo 13 que logramos en la Ley del Presupuesto, ahora subsume los programas de género, la mayor parte de ese presupuesto etiquetado es para los Jóvenes Construyendo Futuro y las becas para la tercera edad. La explicación es que, en esos segmentos de la nación, nosotras somos el 50 por ciento y también nos toca.

La inexistencia del Proigualdad y otros programas, la desaparición en la práctica de una política de género, hace peligrar seriamente la vida del Inmujeres, que hoy realiza higiénicamente labores de administración, enlaces internacionales de diplomacia, discursos bien bonitos y reparte el exiguo presupuesto para las entidades federativas, de modo que -en lo posible pero poco probable-, sigan trabajando los institutos o secretarías de la mujer estatales y municipales. Veremos.