El pro equidad en reserva durante la junta de gobierno de Inmujeres
SARA LOVERA
Es claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha llegado a la conclusión de que las organizaciones civiles –todas, no discrimina- son grupos intermediarios o subsidiarios de políticas públicas que corresponden al Estado y no a la sociedad. Esta es la convicción del nuevo gobierno.
Dos anuncios paralelos cimbraron apenas ayer a muchas personas. La reducción de recursos al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), órgano que en los últimos años llevó un registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil, especializadas en los más diversos temas y promoventes, y hasta vigilantes de las políticas públicas. Una política de antigua data, correspondiente con la modernización de los estados, fundados en la participación social, la democracia, la rendición de cuentas y la pluralidad.
Muchos de sus recursos han sido destinados a la detección y prevención de la violencia contra las mujeres.
El mandato, en circular firmada de puño y letra por el Presidente de la República, de cortar esos recursos, a todas las organizaciones, es muy clara.
La afectación es para las asociaciones, grupos, militantes, profesionales, investigaciones sobre la condición de las mujeres, algunas instituciones construidas a lo largo de más de 40 años. La convicción presidencial es que dichas organizaciones son cuando menos, de dudosa actividad y administración. Como todas y todos hemos presenciado, escuchado y visto, fue el recorte a las estancias infantiles, un programa otorgado a particulares, lo primero en una larga lista que afecta a educación ciudadana, ecologista y hasta de cabildeo las que ahora tendrán que demostrar cómo sí podrían coadyuvar al desarrollo, y en el caso de las estancias infantiles, con el cuidado de niñas y niños.
Pero la circular presidencial es para toda la administración. Y ayer, mientras teníamos el ojo puesto en la muy cercana decisión de regularizar y poner en marcha al Instituto Nacional de las Mujeres, con el ya muy cercano nombramiento de su presidencia, en la Junta de Gobierno saltó el tema de un fondo de recursos destinado a las asociaciones de mujeres, que conocemos como Organizaciones no Gubernamentales, llamado Programa Pro equidad (Igualdad de Género).
Este fondo que 2018 se otorgó a 269 proyectos, con cantidades de 200 mil a 800 mil pesos hoy podría desaparecer. El tema de Pro equidad quedó en reserva, porque habrá que ver si continua o no en Inmujeres. El fondo tuvo siete emisiones, según el portal de ese Instituto, para que las asociaciones y sus proyectos, tendientes a promover acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población femenina, y cuyo propósito es erradicar toda forma de discriminación, así como procurar la igualdad de condiciones y de trato entre los hombres y las mujeres, responsabilidad del Estado en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.
La Junta de Gobierno que decidió la terna para la presidencia, como se sabe con 18 personas del Gabinete –ningún titular asistió, excepto Gobernación- y 16 consejeras de las organizaciones, escucharon ahí que habrá de darse vista a la Secretaría de la Función Pública para saber sí el programa continuará, en vista de la prohibición presidencial.
En otras palabras, tras más de dos décadas, los grupos de mujeres no tendrán acceso a recursos gubernamentales. El fondo para promover una cultura de no violencia y otras acciones, también de la sociedad civil, que opera Indesol está al menos en riesgo y opacidad.
De un plumazo, todo ese esfuerzo de la sociedad se acaba o está en peligro real de desaparecer en alguna medida. Ello, a pesar de que la Cámara de Diputados autorizó para Inmujeres un presupuesto de 802 millones de pesos para el Instituto, de esos recursos sólo se programaron y autorizaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF de 20 millones, 228 millones 302 pesos para el programa de Pro Equidad. Apenas poco más del 20 por ciento, para casi 300 proyectos.
¿Y de qué son esos proyectos? ¿Simulación y Corrupción? como dice el Presidente de la República. Pondré sólo cuatro ejemplos: Para la Unión Indígena Otomí Tepehua, A.C., prevención y fortalecimiento para la contención y sensibilización del embarazo adolescente en cuatro municipios indígenas del estado de Puebla, con 605 mil 300 pesos, algo así como 50 mil pesos al mes; Proyección y Liderazgo Juvenil ¡Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones! por la prevención de embarazos adolescentes en comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, 249 mil 605 pesos, 20 mil pesos al mes. Estos dos ejemplos para que grupos o personas vayan a las montañas y den capacitación, apoyo de emergencia y prevención a la juventud indígena.
Para generar liderazgo femenino Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad de Oaxaca AC, y hacerlo entre indígenas Mixes, se destinaron 800 mil pesos. Algo así como 66 mil pesos mensuales. En pluralidad la conservadora Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C., obtuvo apoyo para una escuela de incidencia política para mujeres líderes, su quinta generación: consolidando competencias para la incidencia, esta agrupación recibió 650 mil pesos, algo así como 54 mil pesos al mes.
Son 269 proyectos, son para agrupaciones o proyectos de todo el país, para distintas clases sociales, pero principalmente marginadas o pobres, concursaron y se apegaron a las reglas de operación, fueron elegidas por grupos de evaluación y se confrontaron para no repetirse, o para que no fuera a personas, según se lee, es pública la información y asequible para cualquiera que quiera leer en el portal oficial. Esto es, una derrama, nada parecida a los miles de miles de millones para otras entidades o programas sociales.
La justificación de este programa, donde hay asociaciones de hombres y mujeres, una mayoría para población pobre o alejada, donde los gobiernos de los estados no llegan, dice el portal que así se reconoce la necesidad de promover acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población femenina, con el propósito de erradicar toda forma de discriminación hacia las mujeres, así como procurar la igualdad de condiciones y de trato entre los géneros.
Con este propósito y ante el desafío de diseñar e instrumentar políticas públicas en las que participen las instancias gubernamentales y civiles, el Inmujeres estableció, en el año 2002, el Fondo Pro Equidad, denominado recientemente Programa Pro equidad, con el objetivo de apoyar a organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género en los ámbitos social, político, económico o cultural.
Esto responde, según mi opinión, a la necesidad de cambiar mentalidades y crear una nueva cultura de igualdad, algo que no se revierte de un plumazo y que requiere de un largo proceso de educación. Muchos de estos proyectos buscan revertir un pensamiento discriminador, que en la práctica tiene los funestos resultados de la violencia feminicida que debiera ser una prioridad.
El Portal explica además que hay demanda e interés por la sociedad civil, así como la necesidad de favorecer a un mayor número de mexicanas, ha dado pie a la continuación (siete emisiones) de este esfuerzo mediante la publicación de doce convocatorias a partir de la creación del Fondo, en las cuales cada año se contemplan proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mexicanas, incluyendo temas prioritarios como promover el acceso a la justicia, la igualdad jurídica, los derechos humanos y la no discriminación de las mujeres, así como a una vida libre de violencia; fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género; potenciar la agencia económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo e impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisiones en el Estado y consolidar una cultura democrática.
Entre 2002 y 2013, el Pro Equidad otorgó financiamiento a 383 organizaciones para la realización de 587 proyectos que han beneficiado a mujeres y familias de diferentes estados de la República que por sus circunstancias son núcleos de población que requieren atención prioritaria.
Señala que el compromiso del Inmujeres no se limita al otorgamiento de un recurso financiero, el propósito es coadyuvar para que estos proyectos se difundan, se promuevan y sirva de ejemplo para el desarrollo de nuevos programas que beneficien a un número mayor de mujeres en todo el territorio nacional. Asimismo, pretende impulsar que fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, la creación de redes y cada vez más se incorpore la perspectiva de género, no sólo en las actividades, sino al interior de las mismas.
La pregunta es si esto se vale. Los proyectos rigurosamente pasan por procesos administrativos y de análisis de fondo; se evalúan y nadie puede acceder al siguiente año si no entrega resultados.
Por ello, ayer frente a diputadas del Congreso en un foro dentro del Parlamento Abierto, Gloria Alcocer Olmos, de Fuerza Ciudadana, además de afirmar que al Instituto de la Juventud Mexicana se le recortó el 70 por ciento de sus recursos, pidió a las diputadas y a las mujeres que detengan la destrucción de la sociedad civil; solicitó que el gobierno, si tiene dudas, “nos haga una auditoría, yo la estoy esperando” y afirmó que si no encuentran corrupción, malos manejos o malas cuentas -como sucederá- que el presidente Andrés Manuel López Obrador “nos dé una disculpa pública”.
Esto es. Aún no se sabe cuánto significará y cómo la decisión gubernamental de evitar a la sociedad civil. Muchas agrupaciones y asociaciones seguirán trabajando con recursos privados, nacionales e internacionales; algunas se han convertido en verdaderas instituciones y es probable que sean por ahora el único contrapeso de un gobierno tan fuerte, centralizado y legítimo, por los votos y apoyos ciudadanos, que por ahora desprecia el trabajo y esfuerzo, de esa sociedad que nos ha permitido con el tiempo leer las desigualdades, atajar peores circunstancias de las conocidas y algo más importante: producir conocimiento, invaluable e inestimable, para un México que había pensado caminar hacia la democracia y la modernidad de cara a un mundo globalizado.
