Desenterrando los “otros datos”
NOEMÍ LUNA AYALA
En el rancho Izaguirre los colectivos ciudadanos están “desenterrando los otros datos” de López Obrador. Son más de mil 300 hallazgos sobre hechos que sucedieron cuando él encabezaba el Estado y que hoy son su herencia maldita.
Desde 1974 se integró en México el registro de víctimas de desaparición, que hasta la fecha supera las 124 mil víctimas.
El oficialismo fracasó en su intento de ocultar las cifras de desapariciones forzadas, porque hoy la realidad abofetea a los gobiernos mentirosos de Morena, puesto que es en el sexenio de López Obrador cuando se registró el mayor incremento. Prácticamente en sus seis años de gobierno la cifra de desaparecidos es similar a la que se acumuló en casi 60 años previos. Y Claudia Sheinbaum ya lo supera con una desaparición cada media hora.
El expresidente hasta se atrevió a “desaparecer a los desaparecidos” de un plumazo al quitar de los registros a 20 mil víctimas, para reducir la cifra histórica y cerrar su gobierno con menos de 100 mil casos. Rechazó que el país es un gigantesco cementerio, pese a que más de la mitad de las casi seis mil fosas clandestinas existentes fueron localizadas en el periodo lópezobradorista.
Andrés Manuel López Obrador concluyó su gobierno con casi 52 mil personas desaparecidas y no localizadas, a razón de una víctima cada hora. Sólo en los primeros 100 días de su sucesora Sheinbaum se registraron cuatro mil 120 desapariciones, el doble que su antecesor contabilizó de dos mil 18; y cuatro veces más que con Enrique Peña Nieto, que tuvo mil 93.
Las cifras alarmantes son resultado de la fallida estrategia de “Abrazos no balazos”; así como de la disminución de recursos y subejercicios en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Sólo para el 2025 el recorte de dinero a esa instancia superó los 47 millones de pesos y los subejercicios presupuestales del 2019 al 2023 (en el sexenio de López Obrador) fueron del 39, 36, 19, 19 y 33 por ciento, respectivamente.
En mi calidad de vicecoordinadora del GPPAN en la Cámara de Diputados, el martes presenté ante la Jucopo una propuesta clara para crear una Comisión Especial para la Búsqueda de la Verdad y las Personas Desaparecidas, que permita compartir datos entre las fiscalías, colectivos y gobiernos locales para localizar fosas clandestinas e identificar a las víctimas.
Pero, al oficialismo no le urge y en lugar de votar mi propuesta la enviaron para análisis. En pocas palabras dijeron: “será otro día”. Igual que lo hicieron en el presupuesto 2023 y 2024, cuando no etiquetaron recursos para el funcionamiento de las comisiones de atención a víctimas y búsqueda de personas, porque prefirieron destinarlos a programas sociales e infraestructura electorera, mientras las familias lloran a sus desaparecidos.