Desaparición de personas, crisis humanitaria de hoy
LUCÍA LAGUNES HUERTA
Concluyó la visita en nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, una visita que esperó 8 años para lograr pisar suelo mexicano, debido a las resistencias de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De su mensaje final, al concluir su visita oficial, quiero rescatar cuatro elementos que me parecen torales ante la crisis humanitaria que vivimos en México por las desapariciones.
El primer punto que vale la pena recuperar del Comité, es la constatación que la desaparición forzada de personas en nuestro país ocurre en este gobierno y no se ha erradicado. No es un tema del pasado solamente, sino un asunto de gobierno del presente, que debe ser atendido urgentemente.
El segundo tiene que ver con la impunidad que permite que esto siga ocurriendo, ya sea por la ineficiencia de las fiscalías, por connivencia e incluso por colusión con organizaciones criminales, aunado a una comprensión desvirtuada de la autonomía de las Fiscalías, que más bien se ha convertido en una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda.
El siguiente punto es el reconocimiento que hace el Comité al papel de las defensoras para hacer visible esta grave situación de nuestro país, la cual, dijeron, sin la fortaleza de las buscadoras no tendría la dimensión que hoy tiene y la visibilidad que ha logrado, incluso a nivel internacional.
Y cuarto, el aumento en el número de niñas y niños y mujeres desaparecidas, el cual refleja una tendencia agravada durante el COVID.
Rescato estos cuatro puntos porque me parece que son una hoja de ruta mínima que marca el quehacer de los gobiernos para erradicar esta práctica lesiva de nuestro país.
El gobierno federal, por su parte, debe dejar de mirar sólo el pasado y reconocer lo que está ocurriendo en su mandato, para tomar las acciones que, como bien señala el Comité, lleven a la construcción urgente de una política de Estado.
Es decir, que todas las instituciones se involucren en las tareas para erradicar esta práctica, generar un verdadero Sistema Nacional de Búsqueda, que cuente con la coordinación efectiva de todas las instituciones del Estado mexicano a nivel Federal Estatal y sobre todo municipal.
Que tenga los recursos suficientes tanto financieros, como políticos y materiales que le permitan hacer su tarea para dar respuesta a la demanda de dónde están las y los desaparecidos, y superar la crisis forense de nuestro país para poder identificar las 52 mil personas fallecidas que aún esperan ser identificadas, lo cual sin duda, sería un gran avance para cruzar esta información con el registro de 95 mil 200 personas que hasta el día de hoy se encuentran en la base de datos de personas desaparecidas o no localizadas.
Un sistema que permita la construcción de un banco de datos de ADN. Que cuente con un verdadero enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género y que coloque al centro centro una política clara de prevención.
El Comité contra las desapariciones ha llamado a que esta política de Estado se construya con las víctimas y las defensoras, lo cual no puede ocurrir sin que medie un verdadero reconocimiento de ellas como pieza clave.
Reconocimiento que debe hacer el Estado mexicano quien debe dejar de perseguir y criminalizar a las defensoras y periodistas que las acompañan en sus tareas de búsqueda y de verdad, como son el caso de Ana Lorena Delgadillo, Mercedes Doretti y Marcela Turati, que recientemente sabemos, son investigadas por la Fiscalía, indebidamente.
Pasa por la justicia para las y los defensores y periodistas violentados, por la localización con vida de la defensora Irma Galindo, desaparecida desde el 27 de octubre quien contaba además con medidas de protección por parte del Mecanismo Federal, lo cual me parece doblemente grave, pues ya se tenían antecedentes del riesgo a su integridad.
Porque la desaparición de personas no es en abstracto, hablamos de vidas humanas, de personas concretas, de familias que quedan con el dolor de la incertidumbre por no saber lo que sucedió con sus seres amados, donde se suma la impunidad, la falta de reparación de daño y la estigmatización para las defensoras.
Y por supuesto por la salvaguarda de las mujeres, niñas y niños quienes representan casi un tercio de las desapariciones de nuestro país.
Y finalmente, como lo señaló el propio Comité, la desaparición forzada deja huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto.
