Con Ley Anticorrupción, México avanza en rendición de cuentas
Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República, con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, aprobó en lo general el dictamen por el que se reforman los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Federal, en materia de combate a la corrupción.
Carlos Puente, coordinador de los senadores del Partido Verde, destacó que la transparencia y la rendición de cuentas se inicia cumpliendo con el mandato que les dieron los ciudadanos para legislar sobre los problemas que más les preocupan como la corrupción.
“Hoy, los 107 senadores que estuvimos presente en el recinto legislativo cumplimos con nuestra obligación. Los que votamos a favor del dictamen por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción le damos respuesta a México y a los mexicanos. Estoy seguro que este sistema representa un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas”, abundó.
La corrupción es uno de los problemas que más lastima a los mexicanos y representa altos costos económicos para el país porque inhibe las inversiones, limita el crecimiento, afecta los bolsillos de las familias y, con ello, promueve la desigualdad afectando en mayor medida a las personas más pobres.
Al posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Puente Salas aseguró que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción es una herramienta integral y transversal que ayudará a generar mejores estándares en el servicio público y combatir los actos de corrupción.
El coordinador Parlamentario destacó que la reforma constitucional fortalece la Auditoría Superior de la Federación porque “se le otorgan facultades de atracción para investigar las finanzas estatales y municipales, así como para realizar auditorías en tiempo real”.
El Sistema Nacional Anticorrupción fortalece también al Tribunal de Justicia Administrativa porque se le adicionan facultades para “imponer mayores sanciones derivadas de responsabilidades graves administrativas de servidores públicos así como a particulares involucrados”.
Asimismo, el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá facultades para determinar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones económicas por daños y perjuicios que afecten a las finanzas públicas.
El integrante de la Comisión de Gobernación explicó que con la reforma constitucional se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal para implementar dicho Sistema.
Una vez publicada la reforma constitucional, el Congreso Federal tendrá un año para expedir las leyes secundarias. Asimismo, los estados y el Distrito Federal tendrán que hacer las adecuaciones legales correspondientes en esta materia.
LNY/Comunicado
