Alerta de violencia de género contra las mujeres

SARA LOVERA

La idea y expectativas sobre los alcances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es resultado de la mala información.

Un día, una respetable y sabia abogada feminista, me dijo que la revelación mediática que produjo la aparición de las AVGM, ahora declaradas en 19 entidades –incluyo a la Ciudad de México- permitió difundir y reflexionar como no había sucedido nunca, sobre la violencia contra las mujeres. Acepté sin conceder. Las cosas hoy han cambiado y estamos en presencia de una vulgarización tremenda sobre la violencia feminicida.

No estoy hablando de las protestas de las jóvenes que ya salieron a denunciar el acoso y hostigamiento que viven como generalizado; ni de las denuncias puntuales y la falta de pericia de toda clase de autoridades o instituciones, como en las universidades, sino exclusivamente de la AVGM y su uso político.

Mientras crece la Marea Verde en la consecución de legislar sobre la Interrupción Legal del Embarazo y se anuncian buenas noticias, porque algunas iniciativas hacen notar que son las mujeres más pobres las que más arriesgan su vida y son también aquellas se sufren violencia sexual y embarazos no deseados.

Esa eclosión de informaciones, según la creadora de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, esa cascada permanente de cifras también ha originado una tremenda discusión que ha perdido seriedad, fundamentación y el sentido profundo que da origen a la violencia feminicida.

Para muestra, como dice el lugar común, un botón. Hoy 23 de septiembre de 2019 en la primera plana del diario Excélsior en un roba plana espectacular, el periodista Andrés Mendoza firma una nota cuyo encabezado es: UTILIZAN MÁS ARMAS CONTRA LAS MUJERES. Feminicidios sube 150 por ciento en 5 años. Siete de cada 10 indagatorias por asesinatos cometidos este año en el país se encuentran en 18 entidades con alerta de género.

Si revisáramos los titulares de diarios impresos de las últimas 20 semanas, encontraríamos un galimatías de cifras, comparativas, fuentes muy diversas y noticias muy amarillas e impactantes sobre el fenómeno. Lamentablemente todo ello no incluye un análisis de esta situación.

También menudean, en muchos espacios, los reportajes sobre casos específicos. Algunos alarmantes, donde se asienta con claridad cómo no opera la justicia, como hay impunidad, quienes son los jueces y donde están los procesos sin solución. El tema es que la violencia contra las mujeres en los medios y mensajes para el gran público se constriñe única o principalmente a su judicialización. Y eso, según mis enseñanzas feministas, tiende una pesada y gruesa cortina de humo.

La AVGM es un dispositivo en la Ley de Acceso, creado para atender los casos de emergencia. Por supuesto que la primera que se solicitó, no recuerdo si fue en el Estado de México o en Guanajuato, recibió el rechazo de los gobernadores en aquel momento. Se reventó su objetivo y se politizó, desde las organizaciones peticionarias; desde las instituciones oficiales que dicen procurar la igualdad entre hombres y mujeres, y desde los medios.

Ello apareció lentamente como noticia hasta convertir el asunto en este de la primera plana de Excélsior. Yo diría que hoy se acompaña de un tufo que naturaliza el asunto, en medio también de la naturalización de la violencia generalizada por la que atravesamos. Y eso, según los especialistas en comunicación, no es recomendable. Inundadas de tan malas noticias cotidianas, nos hemos olvidado del asunto profundo que significa la violencia contra las mujeres. Su tremenda relación con la desigualdad, la opresión y la discriminación que vivimos millones de nosotras.

Además, el asunto ceñido a la justicia criminal, oculta el fondo: la cultura machista y la incapacidad de nuestros sistemas, formados por gobierno y sociedad, para ir operar un cambio que pasa por el Sistema Educativo Nacional, los medios, las costumbres, la idea terrible de que las mujeres valemos menos que los hombres. Asunto que requiere una revolución cultural.

Me asusta además la incapacidad de las responsables de la política de igualdad, para explicarlo y realmente armar una política pública que sume al avance y no al retroceso.

La AVGM se establece en un sólo artículo de la Ley de Acceso, no es una política pública, no es como dijo recientemente la secretaria de Gobernación, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, una cuestión de modificación legal o el reajuste que pide la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, que en su infinita paridad masculina dice “la acepto”, pero, habría que ir a acciones integrales. La verdad no entiendo.

Se promovió y vendió la AVGM como un castigo a quien gobierna. Y no era sino el pedido de actuar frente a una emergencia. Les pongo el caso, supongamos, la acción sistemática de una banda de aparentes o reales taxistas, en la alcaldía Venustiano Carranza identificados por agredir, robar, violar o hasta asesinar a algunas mujeres. Identificado el caso, lo urgente es lanzar una alerta y actuar.

Lo de fondo está claramente expuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, un cuerpo legal sólido fundado en una investigación que determina, esa sí, los componentes de una política pública para acciones de corto y largo plazo, para atemperar las violencias contra las mujeres que involucra a todos y todas, del presidente de la República a las y los ciudadanos comunes. Define los tipos de violencia y los ámbitos donde se da.

Esta Ley mandata a la creación de un Sistema Nacional para erradicar la violencia y a sistemas estatales y municipales que teóricamente deben trabajar en muchos sentidos, como se dice, transversalmente en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Plantea qué y cómo hacer.

Pero, metidas en esta danza de cifras, de imágenes sólo criminales y gobernantes asustadizos, ignorantes e irresponsables, lo cierto es que nadie cuestiona cómo no se cumple la ley, cómo funcionan o no los sistemas, no hay políticas públicas realmente funcionales.

A cambio de todo ello nadie cuestiona, investiga, analiza cómo se operan los programas, que debían ser prioritarios, de prevención; cómo se ha perdido tiempo y espacio en multitud de oficios, declaraciones, programas simulados de capacitación, recursos para crear centros de atención fantasmas, presupuestos en manos de los gobernadores que los desvían, sesiones para mitigar la angustia de las madres del feminicidio y no pocos recursos para analizar sólo los datos de asesinato y no de violación, maltrato, hostigamiento, acoso, discriminación y muchos etcéteras.

Por ello caen en el descrédito las declaraciones como la de Claudia Sheinbaum Pardo quien debía averiguar cómo ha funcionado o no su sistema, eso vale para los otros 31 gobiernos donde ni siquiera se ha leído la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, ni las recomendaciones internacionales. Todo ello no significa para nada disminuir en un ápice la tragedia de las mujeres asesinadas, 9 o 10 diarias según la fuente.

Quién se pregunta dónde están las acciones según el mapa nacional de la violencia, y si se critica a las encargadas de educar, promover, accionar a favor de la igualdad, se considera una ofensa y si se habla de las malas políticas, de los políticos misóginos y omisos, entonces otra vez el asunto se politiza y desdeña. El ejemplo más claro es el perdón que pidió el presidente de la República para José Manuel Mireles Valverde, exdirigente de los grupos de autodefensas de Tepalcatepec, subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán.

Contra los dichos, por ejemplo, del abogado del Observatorio del Feminicidio, Rodolfo Domínguez, quien no pudo contestar qué es en realidad la AVGM a un periodista de Milenio TV o aquellas voces que piden la Alerta para toda la República, en lugar de exigir el cumplimiento de la política pública prevista en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, o no se profundiza en cómo la costumbre familiar ha generado los embarazos en adolescentes, y un otro etcétera.

Yo creo que es tiempo de acabar con esta ignorancia supina y replantear realmente la política pública para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como sugirió el grupo Eurosocial -estudio que tiene Gobernación- y que explica con palitos y bolitas como la AVGM no es una política pública ni la vía para resolver el problema.