Peña Nieto: Sus retos
SARA LOVERA *
En el centro de la ciudad de México las madres de Ciudad Juárez se han plantado nuevamente. Hace 20 años que gracias a los artículos periodísticos fue denunciado el feminicidio en Ciudad Juárez. Dos décadas después sabemos que en ese municipio de la frontera norte hay 108 desaparecidas y que son las familias las que investigan, las que están detrás de cada expediente, las que no se cansan.
Este gravísimo fenómeno parece no importar gran cosa a los señores del poder. A ver, estamos viviendo, como si fuera 1928, una etapa reformadora que se nos quiere presentar amablemente tras largos 12 años de equivocaciones. Peor, el asesinato sistemático de mujeres en el país parece no importar a nadie. El próximo día 21 de nueva cuenta se discutirá la alerta de género para el Estado de México y parece que es más importante la política, el arreglo, que la realidad.
Esta vez el plantón de madres de Ciudad Juárez está aquí para exigir al gobierno que investigue, simplemente eso. Que de una vez por todas, el gobierno se ponga en el lugar de las familias, que busque indicios, que haga su trabajo. Es como el caso de la impunidad permanente respecto del homicidio de periodistas, hombres y mujeres en todo el país. Nunca nadie sabe nada de quién o quiénes son los culpables. En el caso de la desaparición de mujeres, de su asesinato, las autoridades que no atinan qué decir sobre sus funcionarios corruptos, tampoco saben cómo encarar el problema del feminicidio en el país y no obstante la condena internacional, no dan resultados. Dan discursos.
Con toda tranquilidad asumimos que en el centro de Ciudad Juárez opera una red de trata de mujeres encabezada, dice la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, por una pandilla denominada como Los Aztecas, y presuntamente relacionada con lo que se define como crimen organizado.
Las madres atribuyen el fenómeno a “la embestida de la Operación Conjunta Chihuahua –cuando el gobierno federal les incautó armas, personas y drogas- esa pandilla empezó a traficar con jovencitas.”
No es que se trate de algo nuevo. También nadie oye, ni escucha, ni pone atención al tema de la traba de jovencitas, de niños y niñas. Se hacen oídos sordos a cómo peligran las niñas y los niños, las adolescentes por este fenómeno ya estudiado por las Naciones Unidas, que tiene una cifra de ganancias, dentro de esa cosa que definen como crimen organizado en toda la orbe.
Se trafica para explotación sexual y explotación laboral. Eso sucede en muchos lugares del país, pero es en Ciudad Juárez donde no se quita el dedo del renglón y según la activista María Luisa García Andrade, la desaparición de mujeres en aquella frontera arreció en 2008, es decir hace cinco años, tienen el seguimiento. ¿A quién le toca resolverlo? ¿Quién o quiénes, además de las madres está detrás de las investigaciones? ¿Dónde están las comisiones de equidad y género del Congreso? ¿Dónde se esconden los llamados abogados democráticos? ¿Qué hacen las comisiones de Derechos Humanos? Estos verdaderos elefantes blancos que comen y se desarrollan gracias a nuestros impuestos.
Las madres explican que la desaparición de jovencitas en Ciudad Juárez sucedió el mismo año en el que creció la ola de homicidios atribuidos a la guerra del cartel de Juárez –para el que trabajan los Aztecas- contra el de Sinaloa por el control del narcotráfico en esa ciudad, es decir, las madres tienen la información, la viven. El tema es que no se las toma en serio, lo cual es grave.
Es el Juárez, herido de muerte, donde según García Andrade todo se inició en 2008 una ola sin precedentes de desapariciones de jovencitas, se ha documentado que existe una lista, con nombres y apellidos, expedientes de 108 casos, sin que haya ninguna respuesta de parte de las autoridades. Lo grave es que se crean nuevas instancias que nos costarán y cada día aparece una nueva, de “expertos o expertas” en seguridad ¿para qué?
La impunidad parece ser el signo de estos tiempos, a pesar de los discursos, a veces convincentes, de las autoridades del gobierno de Peña Nieto. La verdad es que veo un nuevo problema. No hay de dónde tener expedientes ordenados, no tienen antecedentes las autoridades o los ocultan; no pueden iniciar procesos y diligencias, no obstante todas las evidencias que se ven y se explican a la opinión pública.
Ese es el caso de ex gobernadores que dejaron desmantelados los proyectos de atención a la salud, que no sé cómo se califique. Dejar sin medicinas los hospitales para la clase popular es como una operación de lesa humanidad. Ahora van a ver cómo juzgan al nuevo ex gobernador acusado. Los otros ya huyeron y nadie se acuerda de los documentos apócrifos de Coahuila; ni tampoco de las atrocidades fraudulentas de Veracruz, menos de los hospitales vacíos en Oaxaca y lo sucedido en Guerrero y Aguascalientes. Hay quien, en la pantalla de televisión defiende al ex gobernador de Tabaco, quien escenifica el nuevo show.
Menos van a reconocer que la falta de justicia permite que las jovencitas y muchos niños y niñas son sujetos de la trata. No hay tiempo, hay que hablar más bien de las instituciones.
Eso me recuerda el estudio magnífico de Luis Javier Garrido, que estudió cómo se formó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1929, sin democracia, juntando los intereses de todos los caciques, argumentando que había que poner en paz al país, no importaba en nada la justicia social por lo que habían muerto un millón de hombres y mujeres durante la Revolución Mexicana. No, no se trataba de eso sino de mantenerse y hacer crecer su poder.
Igual ahora, en tiempos de discursos y reformas anunciadas. Los grandes asuntos no tienen respuesta. Menos pueden ser caminos para la democracia y pareciera que nos indican que tampoco es un tema de ética, sino de pragmatismo. Lo que importa ahora es quiénes y cómo llegan a ocupar los puestos de poder. Vean si no las discusiones radiadas o televisivas de esa nueva clase de opinadores y opinadoras. Las asesinadas, las desaparecidas, las madres desesperadas están ahí, en un rincón de la ciudad de México apenas percibidas por la opinión pública.
Cuando estas mujeres hablan. Dicen con claridad, dónde fueron vistas su hijas por última vez, sencillo: el sector de la zona centro de Ciudad Juárez, territorio considerado último reducto del otrora poderoso cartel local.
Las madres explican su exigencia: que el gobierno federal atraiga los casos que contienen indicios de participación del crimen organizado en lo que muy probablemente es una red de trata de mujeres con base en el centro histórico juarense.
“Es un foco rojo, casi todas se han perdido ahí, y hemos dicho que se haga algo con ese lugar del Centro, pero no han hecho nada (…) Ahí está la banda, ahí es donde operan”, dijo una de las madres y aunque algunas personas se dan golpes de pecho, todavía no conseguimos que realmente se parapeten y no se cansen, frente a las instituciones que no dan respuestas.
Y cuál es el relato. Al parecer las investigaciones periodísticas son muy claras. Se trata de la trágica calle Javier Mina de Ciudad Juárez. Según la hipótesis de García Andrade, eso coincide con una investigación periodística realizada por El Diario de Chihuahua en 2012, sobre los casos de once víctimas, la cual encontró que al menos siete pasaron o debían pasar por la misma calle del centro de Ciudad Juárez antes de que se les perdiera la pista. ¿Por qué no se hace algo?
La descripción es precisa: la calle ubicada dos cuadras al sur de la Catedral –a pocos metros de la frontera con Estados Unidos-, es la Francisco Javier Mina, caracterizada por la presencia de prostíbulos y frecuente en los recorridos de las jóvenes del poniente de Juárez, porque ahí se detienen los camiones públicos que las conectan con el resto de la ciudad.
Ahí, mostró la investigación periodística, entre 2008 y 2011 fueron vistas por última vez María Guadalupe Pérez Montes, de 17 años; Cinthia Jocabeth Castañeda, de 13; Perla Marisol Moreno, de 16; María de la Luz Hernández, de 18; Jessica Ivonne Padilla, de 16, y Nancy Iveth Navarro Muñoz, de 18 años.
Una de ellas, María Guadalupe Pérez Montes, fue encontrada a inicios de 2012 junto a los restos óseos de al menos otras once mujeres halladas en un descampado al sur del Valle de Juárez conocido como “Arroyo del Navajo”, donde las madres presumen podrían haberse encontrado más cadáveres.
Apenas la semana pasada, la Fiscalía General del Estado le notificó a Bertha Alicia García, de 46 años, que un par de restos craneales, también encontrados en el Valle, correspondían con el perfil genético de su hija Brenda Berenice Castillo García, reportada como desaparecida desde 2009.
Como otras siete madres de mujeres víctimas, Bertha Alicia García integró el grupo que decidió viajar a la Ciudad de México para exigir la investigación que no se ha resuelto en aquella frontera.
“A Berenice me la entregaron el miércoles de la semana pasada, dos pedazos (óseos) es todo lo que hallaron”, dijo la mujer con tono de cansancio a los periodistas del Distrito Federal y agregó: “Yo no estoy de acuerdo con lo que me dieron ni confío para nada, por eso estoy pidiendo una segunda prueba”. Como otras víctimas, Berenice tomó una unidad de transporte público para dirigirse a las mismas cuadras aledañas a la Catedral en las que todo indica que se perdieron varias de las otras jovencitas.
Las madres están aquí desde el pasado lunes 10 de junio; se reunieron ya con el titular de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Rodrigo Archundia, quien se comprometió a resolver este martes si la federación atrae o no los casos. Pernoctan en la calle, hacen mítines. Protestan, llaman la atención de los transeúntes. Están solas, hace 20 años que oímos hablar de Ciudad Juárez, cuya verdadera entereza son estas madres, que no se resignan.
Claro, si se pidiera la Alerta de Género en Ciudad Juárez, también les dirían que no, que no tienen los datos ni se ajustan al formulario, que en realidad es pura percepción y un imaginario que no tiene relación con la realidad, como se ve ni los nombres, ni las circunstancias, ni el sitio donde las jóvenes desaparecen convencen a nadie. Es lo mismo, tampoco sabremos dónde están los ocho u 11 jóvenes secuestrados en un bar del Distrito Federal. Nadie sabe nada y nadie parece ser capaz de atender lo importante, mientras como el general Calles, se reparte el poder y los puestos. Las elecciones del 7 de julio, son el tema.
Veremos.
