Rechazan Alerta de Género: Décima ocasión

SARA LOVERA *

Al mensaje político de que no se aceptará poner en marcha una Alerta de Género en cualquier parte del país, puesto que el martes pasado rechazaron esa demanda para Guanajuato y están pendientes dos: Morelos y Estado de México, donde grupos de Derechos Humanos insisten en solicitarla, tuve que indagar por qué es eso y cómo se lo puede una explicar. No se entiende.

Primero decir que en la discusión extraordinaria del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que esta vez, no presidió el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, 20 institutos de las mujeres la rechazaron; ocho se abstuvieron, en tanto que el Distrito Federal, Michoacán y Puebla votaron favorablemente.

Me parece inaudito. Según información confirmada sólo entre enero y mayo en el Estado de México más de 145 mujeres han desaparecido, principalmente en los municipios de Valle de Chalco, Chimalhuacán y Ecatepec.

Cualquier opinión sale sobrando. Cifras semejantes y terribles conocemos de Morelos (más de 400) y cientos en Guanajuato, sólo por mencionar dos entidades. Sabemos también que desde hace tres años que se solicitan estas alertas, en alrededor de 10 entidades, sin resultados.

Vele la opinión preocupante del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, Javier Hernández Valencia, en un foro denominado Mesa para la Construcción de Consensos sobre Derechos Humanos, realizado en Morelos expresó que: «Hay una demanda que se ha hecho pública desde hace días, sino semanas, tal vez hasta meses, en la que se ha puesto el tema de debate el feminicidio en Morelos. Déjeme decirle una cosa señor secretario (de Gobierno Jorge Messeguer Guillén) es una curiosa experiencia para mí como funcionario internacional, encontrar en muchos escenarios internacionales que la voz oficial del Estado mexicano, la integralidad del Estado no sólo la Federación, hablan de las bondades de ley y por supuesto de la institucionalidad que se ha construido alrededor de ella».

«Y, sin embargo, en los dos años y medio que llevo acá, encuentro que la ley tiene un candado, porque la percepción desde los gobernantes de la declaración de la alerta de género es como si fuera un baldo, como si fuera un error, y se evita entonces poner a disposición y movilizar lo que en la institucionalidad se ha construido para ser más eficaces por evitar el costo político de ser, la primera entidad en la cual se declare la alerta de género. Es como si fuera un pecado de origen, en el que nadie quiere caer y eso ha atado de manos, de pies, vendado de ojos, amordazado, taponado los oídos a nuestra construcción institucional».

El representante de la ONU parece un mago. Parece haber dado en el clavo. Investigué y ¿saben lo que pasó? Que el ejecutivo de Guanajuato envió una carta al Instituto Nacional de las Mujeres, señalando que ha iniciado un programa de fondo para atender el problema de la violencia feminicida; que está a punto de resolver muchos casos, que ya tiene a todo su gabinete actuando…pienso que eso hizo hace tres semanas, pero en público, el gobierno de Hidalgo. No dudo ni tantito que lo mismo digan otros gobiernos.

Es posible, me pregunto ¿qué todo sea política?. Que nadie quiere tener el costo político de que sea el gobierno central quien mandate esta situación. Es claro que tenemos gobernadores e institutos locales, capaces de engañarse a sí mismos, de inventar que hacen, cuando no hacen.

El sorprendido y audaz representante de la ONU dijo más, sobre todo porque la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos ya está gestionando su queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que preside Emilio Álvarez Icaza. Hernández Valencia afirmó que todo es contradictorio que «la legislación que presumimos en escenarios internacionales y que nunca hacemos funcionar, eso es como tener un Lamborghini[1] guardado en un desván de vacas, perdiendo una enorme oportunidad. Creo que hay ahí cosas que suponen no sólo decisiones en el estado Morelos sino también, ojalá, decisiones en la Federación. Es una bonita pieza de arquitectura barroca que nos sirve cuando mucho, cuando las emergencias están ahí y eso, para lo que se diseñó (la ley), no permite que la utilicemos».

Sus palabras están grabadas no sólo por los periodistas de Morelos sino por otras personas de la Sociedad Civil. Ahora resulta que inmediatamente después de la mesa de debates sobre derechos humanos, el Secretario de Gobierno de Morelos, anunció que analizarán los informes y, ahora sí, estudiarán la posibilidad de solicitar la Alerta de Género. Pamplinas, no le queda de otra tras la crítica. Pero, dicen algunas feministas indignadas, que vigilarán, tras tomarle la palabra. Eso no libra a nadie de la queja ante la CIDH.

En el caso de Guanajuato, dijo la directora de las Libres, Verónica Cruz, que se irá al amparo. Al cierre de este comentario todavía no se conocen las razones de la negativa.

Pero algo más. Un brillante documento didáctico elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, dice que el procedimiento para la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género se inicia con una solicitud de investigación, que puede ser enviada incluso por correo postal a la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Que esa solicitud tiene que cumplir con requisitos como nombre, domicilio del solicitante y carácter con el que actúa, como institución u organismo de la sociedad civil. Sencillo.

Pero los solicitantes deben demostrar que en un territorio determinado (delimitación territorial) existe violencia sistemática contra las mujeres, etcétera, que son delitos del orden común, que existe un contexto de impunidad o permisibilidad social y que la violencia proviene de un conjunto de conductas misóginas…etcétera.

Esto es que la tarea del gobierno tiene que hacerla esa institución especializada en Derechos Humanos o civil. O sea que los requisitos son inauditos. Es probable que al tema político, se agrega esta barbaridad, sólo producto de esta deformación legislativa y aberrante, excesivamente precisa en leyes inútiles, que acaban siendo el maravilloso pretexto del Sistema, ese de prevención y atención, y de los gobernadores para decir que no.

Estoy alucinada con el exceso de reglamentación que se ha promovido, para algo tan evidente. No sé en qué momento este exceso, producto de mentes muy complicadas e ineptas, esté jugando en contra de la evidencia. No en vano me comentó una amiga, que van a cambiar semejante enredo. Sería bueno. Porque de tanto querer suplantar las tareas que sólo son del gobierno, quien haya hecho ese reglamento, quiere entrar al oscuro entramado de la ley que protege al sistema, la misma que usó en manos de Lutero a la Iglesia, como se dice, creo su propio cautiverio. Ahora entiendo que no, que será muy difícil esta empresa y que siempre es mejor la movilización y la denuncia. Mientras esperamos a ver qué pasa con las siguientes peticiones que están en puerta.

Antes de irme diré. Eso ya está pasando con el exceso de reglamentación que ha creado la figura del delito de feminicidio. Es posible que se enredará tanto que no habrá forma de comprobarlo. Mientras seguirán desapareciendo y muriendo mujeres asesinadas. Pero, me dirán, se trata de hacer visible el problema. ¿Será? Yo creo que es visible y preocupante. Las expertas debían saber que hoy lo que urge es acción política.

Veremos

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