Auditor superior de Fiscalización oculta desvío de recursos: PAN

diputados panPor Benny Díaz

Aguascalientes, Ags.-  Diputados del grupo parlamentario del PAN volvieron a la carga sobre sus acusaciones contra el auditor superior de Fiscalización, Arturo Solano López, porque los dejó plantados en dos ocasiones en que fue citado para comprobar el uso de recursos para Salud y Seguridad Pública por 176.3 millones de pesos.

Alfredo Reyes Velázquez, Alfredo Nieto Estebanez y Arturo González Estrada aseguraron que Solano López fue citado a reunión de trabajo el día 12 de marzo, pero sólo envió a un representante con alguna información en la computadora en la que no se aclaraba nada sobre el asunto.

Fue por eso, que en un “acto de buena fe”, decidieron programar una nueva cita para el día siguiente, sin embargo nuevamente volvió a faltar y como excusa envió un oficio en donde les comunicó que le era imposible reunirse con ellos porque tuvo que viajar al Distrito Federal.

Hace dos semanas, los panistas iban a presentar un ponto de acuerdo para hacer comparecer ante el pleno al Auditor Superior de Fiscalización para que les aclarara el por qué no se aclaró ante la Auditoría Superior de la Federación en qué se gastaron los recursos que se enviaron para salud y seguridad pública.

Sin embargo, en la propia sesión y ante la presencia y aparente disposición  de Arturo Solano López dicho punto no fue votado y en su lugar habría una reunión de trabajo entre las Comisiones de Gobierno y Vigilancia en donde se aclararía a dónde fueron a parar esos 176 millones 300 mil pesos.

Ante el fracaso de dicha junta, los diputados panistas entendieron que el “mensaje que envía a la sociedad aguascalentense es que no hay voluntad para transparentar el ejercicio de los recursos del gobierno de Carlos Lozano de la Torre”.

Asimismo, dijeron que “tenemos pendiente conocer el fin destino y uso legal de los mil 700 millones de pesos que fueron autorizados para la instalación de la planta Nissan II; conocer qué procesos y su estado actual se han iniciado por las contralorías internas de todas las dependencias de la administración pública que les fue revisada la cuenta pública;  el desvió de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación en el Instituto de Educación del Estado; conocer la situación jurídica y económica bajo la cual se está dando la explotación por parte de una empresa privada de los 50 unidades eléctricas adquiridas con recursos públicos, además del tema que nos ocupa”.

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