Derechos humanos por conveniencia
GABRIELA CUEVAS *
Un Estado democrático de Derecho es, por definición, un sistema de instituciones, de leyes y de mecanismos de control de la discrecionalidad del gobernante en turno.
El sistema de protección de los derechos humanos en el Distrito Federal ha seguido un proceso largo de consolidación, integrando mecanismos jurídicos de defensa y asistencia disponibles para los ciudadanos. Dentro de ese sistema de protección, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ocupa un lugar destacado por su autonomía y su profesionalismo, que ha ido consolidando durante sus 19 años de existencia, y que el pasado 30 de septiembre conmemoró su fundación.
Es precisamente la autonomía del ombudsman la que le dota de mayor credibilidad, pues en un contexto político donde un partido domina las instancias legislativas, delegacionales y ejecutivas de la ciudad, no es difícil observar que los programas o políticas del jefe de gobierno reciben respaldo en automático, sin el debido análisis.
Hoy, en la capital del país, la situación de los derechos humanos en el Distrito Federal es sumamente difícil.
Movilización forzada de personas en situación de calle, homicidios y redes de trata de reas al interior de los centros de reinserción social, tortura cometida por miembros de corporaciones policiacas, redadas que provocaron la muerte de jóvenes, mala calidad del agua y falta de su suministro a grupos importantes de la población, violaciones a la propiedad y a la participación ciudadana para edificar vialidades privadas, deficiencias que permitieron la sustracción de 12 niños, son sólo algunos ejemplos de las violaciones graves a los derechos humanos en esta ciudad.
No es casual que el gobierno de Marcelo Ebrard sea, entre las administraciones que han gobernado la ciudad, el que mayor número de recomendaciones del ombudsman ha recibido y ha incumplido.
Del periodo que corre de diciembre de 2006 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos ha emitido 110 recomendaciones al jefe de Gobierno, de las cuales sólo han sido cumplidas 16. Las autoridades más señaladas por cometer violaciones a derechos humanos son la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Gobierno (SG) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Sin duda preocupante porque el propio jefe de Gobierno ha manifestado que el modelo de operación que sigue la SSP debiera ser utilizado por otras corporaciones en el país. Vale la pena decir que los delitos del día a día, el robo en transporte público o a casa-habitación no se han contenido.
En esta administración, la PGJ ha recibido 43 recomendaciones, el mismo número que recibieron las dos administraciones anteriores en su conjunto (20 en el periodo 1997-2000 y 23 en el periodo 2000-2006). Por su parte, la SSP ha recibido 21, igual que en el periodo 2000-2006. Y la SG, a través de las áreas que regulan los centros de reinserción social (reclusorios) ha recibido 24, superando a las dos administraciones anteriores (6 en el periodo 1997-2000 y 10 en el periodo 2000-2006).
Una reforma pendiente para el sistema de Ombudsman local (que también pudiera aplicarse a los organismos nacional y estatales) es dotar de vinculatoriedad a las recomendaciones por violaciones a derechos humanos. El mecanismo que propuse como diputada en la legislatura pasada en la iniciativa de reforma constitucional al Distrito Federal consiste en facultar a la Asamblea Legislativa a que, tras escuchar los argumentos de la autoridad señalada como responsable para no cumplir una recomendación, decida por dos tercios de sus miembros si dota de obligatoriedad a ésta o no. Esto permitiría que en situaciones insostenibles de violaciones a derechos humanos el órgano deliberativo local, con la votación de los grupos parlamentarios minoritarios, haga cesar el estado de violación.
De poco sirve el discurso de derechos humanos a Marcelo Ebrard cuando las violaciones que suceden en su gobierno son la cotidianidad que aqueja a los ciudadanos.
* Senadora
@GabyCuevas
