La Casa de los Perros | El Viaducto del Desprecio

CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ

En Zacatecas, donde las piedras cuentan historias de siglos y las callejuelas empedradas resguardan el alma de una ciudad Patrimonio de la Humanidad, un viaducto elevado amenaza con rasgar el tejido mismo de su esencia. La resolución judicial emitida el 11 de marzo de 2025 por una Jueza de Distrito ha sido un golpe certero contra la soberbia gubernamental: se ha concedido la suspensión provisional de las obras.

El amparo 588/2025-III, promovido por varios ciudadanos no busca más que lo obvio: proteger el patrimonio cultural de Zacatecas. Su reclamo es claro y contundente: la construcción del viaducto avanzaba sin los estudios, autorizaciones y dictámenes de impacto ambiental, cultural y urbano que dicta la ley. Es decir, el Gobierno del Estado de Zacatecas, respaldado por diversas secretarías estatales, el Ayuntamiento y las Procuradurías de Protección al Ambiente, pretendía edificar sobre la historia sin más cimientos que la improvisación.

La jueza, en un acto que honra el equilibrio de poderes, ha decidido detener la maquinaria hasta que el 13 de marzo, en la audiencia incidental, se determine si la suspensión provisional se convierte en definitiva. Y lo ha hecho con argumentos irrefutables: el riesgo de causar un daño irreparable al patrimonio cultural pesa más que cualquier promesa de agilizar el tráfico vehicular.

El fallo, más que un freno a la obra pública, es un recordatorio de que el progreso no puede cimentarse sobre los escombros de la memoria histórica. Porque Zacatecas no solo pertenece a sus habitantes actuales, sino a las generaciones que la heredaron y a las que vendrán.

Es preciso preguntarse: ¿qué intereses mueven a un gobierno que, a pesar de las advertencias, pretendía avanzar sin los permisos esenciales? ¿Es la movilidad vehicular una excusa para beneficiar a grupos de poder y constructoras afines?

La historia nos enseña que el dinero tiene prisa, pero la justicia —aunque a veces tarde— llega. Y hoy, la balanza se inclina hacia el derecho colectivo de preservar el alma de Zacatecas. Porque, como bien reza el dicho, más vale paso que dure y no trote que canse.

La estadística fría y la tragedia silenciada

Presumen que los homicidios dolosos van a la baja en Zacatecas. Lo repiten como mantra desde las conferencias del poder, alardeando que el estado ocupa el lugar 23 a nivel nacional con 44 casos durante el primer bimestre de 2025, un 22 por ciento menos que el año pasado.

Los números, dicen, son prueba irrefutable de los avances en materia de seguridad.

Pero hay otra cifra que se ahoga en el silencio institucional: 129 personas han desaparecido en Zacatecas en lo que va del año, según las fichas de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De ellas, 62 siguen sin ser localizadas. Es decir, cada día, prácticamente, alguien desaparece sin dejar rastro. Un promedio de 1.84 desapariciones diarias, una tragedia constante que no encuentra eco en las estadísticas oficiales.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación arroja números similares: entre el 1 de enero y el 11 de marzo, han desaparecido 107 personas.

De ellas, sólo 37 han sido encontradas, una fue localizada sin vida y 69 siguen ausentes. Un rostro tras otro, nombres que se suman a una lista interminable.

¿De qué sirve que las cifras de homicidios dolosos desciendan si las desapariciones avanzan como una epidemia silenciosa?

La violencia no ha disminuido, sólo ha cambiado de forma.

Ya no siempre hay cadáveres en las calles; ahora, la crueldad se mide en hogares vacíos, en madres que buscan con las manos desnudas, en marchas que claman justicia, como la que este jueves recorrerá las calles de Zacatecas exigiendo la aparición de Manuel Fernando Ramos Amador.

Manuel Fernando, un hombre de 60 años, desapareció el 9 de febrero mientras presenciaba una cabalgata en Sombrerete. Su familia, junto a transportistas y madres buscadoras, caminará desde la Unidad Deportiva Norte hasta la Plaza de Armas, porque cuando el Estado calla, la sociedad grita.

El discurso oficial nos vende la ilusión de un Zacatecas más seguro, pero las cifras de desaparecidos desmienten esa narrativa. No hay paz cuando la gente sigue desvaneciéndose en el aire, cuando cada noche alguien no regresa a casa.

Bajar los homicidios no es sinónimo de seguridad si las desapariciones crecen.

La violencia sigue aquí, latente, disfrazada de estadísticas convenientes. Mientras las autoridades presumen sus números, las familias cuentan ausencias.

Y esas, señor gobernador, no disminuyen.

El fuego de la impunidad

El humo que se alza sobre las sierras de Zacatecas no sólo trae el olor acre de la vegetación calcinada, sino también el tufo de la omisión y la negligencia.

Con 136 incendios forestales registrados en lo que va del año —casi mil hectáreas consumidas—, la fallida nueva gobernanza anuncia ahora, como si descubriera el hilo negro, que revisará el marco jurídico para castigar a quienes provocan estas catástrofes, ya sea por dolo o desidia.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, por instrucciones del gobernador se presenta ante las coordinaciones municipales de Protección Civil con un mensaje que suena más a control de daños que a estrategia efectiva.

Promesas de diagnósticos de capacidades, campañas de prevención y programas de capacitación, cuando las llamas ya devoran las laderas y el viento caliente empuja el desastre hasta las puertas de la capital.

¿Dónde estaba ese ímpetu preventivo antes de que las cenizas cubrieran La Martinica, CTM y Paseo La Bufa 2? ¿Por qué esperar a que 54 incendios en enero y 49 en febrero marcaran el paso de un problema evidente para entonces hablar de fortalecer las coordinaciones municipales?

La realidad es clara: el fuego no únicamente quema los cerros, también calcina la confianza ciudadana. Porque elevar las penas contra los incendiarios suena rimbombante, pero de poco servirá si las autoridades continúan sin identificar a los responsables, si no hay investigaciones serias o detenciones ejemplares.

La ley sin aplicación es un fósforo húmedo: inútil y decepcionante.

El inquilino de La Casa de los Perros, a través de su representante, promete apoyo y colaboración. Pero los zacatecanos no necesitan discursos inflamables; exigen resultados concretos: brigadas bien equipadas, recursos suficientes y operativos preventivos eficaces.

Y mientras el humo continúa enrareciendo el cielo de Zacatecas, cabe recordar un viejo refrán: «Después de ahogado el niño, a tapar el pozo».

Ojalá esta vez el gobierno cierre el pozo antes de que el fuego lo convierta en cenizas.

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