La Casa de los Perros: reformas penales en Zacatecas: ¿soluciones superficiales?
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Las modificaciones propuestas en la última sesión de la Comisión Permanente de la LXV Legislatura, al Código Penal de Zacatecas, reflejan un intento de adecuar la legislación estatal a necesidades concretas y apremiantes, pero también generan interrogantes críticas respecto a su impacto real en la justicia, la prevención del delito y la protección de derechos humanos.
La propuesta del diputado morenista Martín Álvarez Casio, de despenalizar ciertas conductas relacionadas con el manejo bajo el influjo de alcohol o narcóticos y otros comportamientos peligrosos en carretera, bajo el argumento de que merecen sanciones administrativas y no penales, podría interpretarse como un retroceso en la protección de la vida y la seguridad vial.
Si bien la intención de evitar la saturación del sistema penal y dar claridad jurídica es válida, cabe preguntarse: ¿cuenta la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad con los mecanismos efectivos para sancionar y prevenir estos actos?
Sin una adecuada capacidad de supervisión y aplicación de sanciones administrativas, existe el riesgo de fomentar la percepción de impunidad y reducir el impacto disuasorio de estas disposiciones.
Además, despenalizar conductas como invadir un carril en zonas de baja visibilidad o estacionarse en lugares peligrosos podría enviar un mensaje de menor gravedad ante infracciones que han causado accidentes mortales en el pasado.
Resulta crítico garantizar que cualquier cambio en este ámbito sea acompañado de una estrategia robusta de educación vial y cumplimiento efectivo de las normas administrativas.
Hoy, las estadísticas específicas más recientes sobre accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol en Zacatecas son limitadas.
Según datos de 2011, el 19 por ciento de los accidentes automovilísticos en el estado estuvieron asociados al consumo de alcohol, con un total de 875 accidentes registrados ese año, resultando en 282 lesionados y 15 fallecimientos.
A nivel nacional, el 30 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito se atribuyen al consumo excesivo de alcohol.
Este problema afecta principalmente a personas de entre 20 y 39 años.
El mismo legislador por el Distrito VII, propuso incluir agravantes al delito de feminicidio, lo cual resulta positivo al visibilizar la vulnerabilidad de ciertos grupos, como menores de edad, mujeres con discapacidad o personas indígenas.
Sin embargo, se queda corta frente a la realidad de un problema sistémico de violencia de género en el estado y el país.
¿De qué sirve endurecer las penas si los feminicidios, en muchos casos, ni siquiera son investigados bajo ese tipo penal debido a prejuicios y deficiencias en las instituciones de procuración de justicia?
Además, endurecer penas no ataca las raíces del problema, como la desigualdad estructural, la falta de prevención efectiva y la revictimización de las mujeres en los procesos legales.
Es imperativo acompañar estas medidas con fortalecimiento de las capacidades investigativas, capacitación de funcionarios públicos y programas integrales de prevención de la violencia de género.
El también diputado de Morena, Jesús Padilla Estrada, propuso sancionar con prisión de cinco a 10 años a quienes provoquen incendios forestales, intencionadamente o sin permiso, lo que sin duda es un paso necesario frente a los devastadores impactos ambientales que estos causan.
Sin embargo, cabe preguntarse si esta medida será suficiente para prevenirlos.
Gran parte de los incendios forestales no son resultado de actos dolosos, sino de negligencia o desconocimiento.
¿De qué manera se complementará esta reforma con campañas de concienciación y medidas de prevención?
Por otro lado, la criminalización de estas conductas podría tener consecuencias no deseadas, como la persecución injusta de campesinos o comunidades indígenas que, por usos y costumbres, realizan quemas controladas sin entender las nuevas normativas.
Es esencial que estas reformas incluyan un enfoque de justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades rurales.
Aunque las propuestas reflejan un esfuerzo por atender problemáticas específicas, la mera modificación del Código Penal no será suficiente si no va acompañada de una implementación eficaz y un enfoque preventivo.
Los legisladores deben asegurarse de que estas reformas no sean sólo cambios cosméticos o punitivos, sino parte de una estrategia integral que incluya prevención, educación, justicia pronta y equitativa, y el fortalecimiento de las instituciones responsables.
Sin ello, estas modificaciones podrían quedarse como buenas intenciones que no transformen la realidad que pretenden mejorar.
Y a las pruebas…
X: @lasnoticiasya @claudiag_valdes
