La Casa de los Perros: Jorge Miranda, preparado para lo que venga
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que los zacatecanos pueden seguir esperando. Total, qué tanto es tantito.
Así, la decisión sobre la elección del pasado 2 de junio sigue en veremos.
Y mientras el panista Miguel Varela ya casi se acabó las uñas de los nervios, Jorge Miranda Castro presume tranquilo que su gobierno no dejará deudas “a las próximas autoridades municipales”.
Por lo pronto, el alcalde grita a los cuatro vientos que el rigor en el gasto, así como ahorros importantes en varias de las economías del municipio y, sobre todo un control en las finanzas logró el cumplimiento de las obligaciones que el municipio tiene con entidades estatales y federales.
Experto en las finanzas, y mientras hay nueva elección o Miguel Varela termina por tomar posesión del cargo de presidente municipal, Jorge Miranda confía en dejar saldados los compromisos con el Infonavit, el IMSS, los impuestos a pagar por ley y todos los proveedores del municipio.
Jorge Miranda sabe bien que Ulises Mejía, y después Salvador Estrada como interino, cuando dejaron el Ayuntamiento, saldadas dejaron las cuentas. Lo menos que le corresponde a él es cumplir con lo mismo.
Tan bien andan en las sumas y restas que hasta les pagarán a los trabajadores sindicalizados su bono trianual. Para que nadie se queje. Y hasta un guardadito para que los que llegan no hablen mal de los que se van y terminen diciembre sin necesidad de rogar por un adelanto de participaciones.
Si la autoridad electoral decide que la elección es el camino y la Legislatura tenga que designar un Concejo Municipal, que saldrá del actual Cabildo, la entrega-recepción será como cuchillo en mantequilla.
Así, Jorge Miranda se dice listo para atender cualquiera de los escenarios que se presenten, más allá de los conflictos poselectorales que están en la agenda pública y dirimiéndose en los tribunales.
Mientras, a esperar, sentados.
Regalados
El zacatecano Carlos Puente Salas, coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista que entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre, anunció que son 15 los legisladores que amablemente cederán a Morena.
Puente Salas, en un comunicado, explicó que, tras platicar con su homólogo de Morena, y paisano, Ricardo Monreal Ávila, decidió que para apoyar a que el partido mayoritario pueda conservar la coordinación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante los próximos tres años, la opción fue apoyarlos.
Porque, según el zacatecano del Verde, los Morenos apoyarán las propuestas de medio ambiente y discapacidad que ellos enarbolan. ¡Qué felicidad!
Carlos Puente esperó sólo unos minutos luego de que el Tribunal Electoral avalara que el PVEM, con el 8.31 por ciento de los votos tenía derecho a 77 escaños en la Cámara de Diputados, para regalarle a Morena nomás 15 legisladores.
Y así, como si nada, se quedó con 62, para contribuir a la construcción del segundo piso de la 4T.
Es de notar que, entre los cedidos, se encuentra la representante de la comunidad afrodescendiente de Zacatecas, Julia Olguín Serna.
Ahora, integrada a la mayoría guinda, podrá proponer con más tranquilidad todas las propuestas para apoyar a la comunidad que dignamente representa.
Ayuda al amigo
Para mantenerse como una de las diputadas más faltistas de la agonizante LXIV Legislatura, Violeta Cerrillo, a control remoto, para evitar la fatiga, presentó una iniciativa con claro destinatario.
La morenista, feliz, feliz, quiere que se reforme el Artículo 153, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con la única finalidad de que los servidores públicos con fuero constitucional que enfrentan un proceso penal sigan gozando de su libertad, sin ninguna necesidad de recurrir al proceso de desafuero.
Todo esto hasta que haya una sentencia condenatoria. Si la hay.
La diputada, amiga del alma del prófugo de la justicia Julio César “N”, señala en su iniciativa que “las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad”, además de que, “el auto de vinculación a proceso podrá ser recurrido directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Violeta Cerrillo también pide eliminar el requisito de que se tenga que declarar en la Legislatura si procede el desafuero contra un servidor público, para proceder penalmente contra él.
En su lugar, podrá ejercer la acción penal el Ministerio Público directamente, pero el servidor público se mantendría en el encargo y sólo hasta que fuese declarado culpable se separaría de este, “quedando a disposición de la autoridad correspondiente. La separación del cargo tendrá efectos mientras se extingue la pena”.
Mientras tanto, a disfrutar lo votado
X: @lasnotiasya @claudiag_valdes
