La Casa de los Perros: Va Morena en Guadalupe contra Plan «B» de López
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
El canciller Marcelo Ebrard Casaubon se reunió con autoridades estatales de justicia en un encuentro efectuado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El tema para abordar: el problema del tráfico de armas en nuestro país.
A la reunión llegaron 19 fiscales estatales de todo el país, estuvo ahí Francisco Murillo Ruiseco, representando a Zacatecas, para intercambiar información y experiencias sobre la lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego y sus efectos negativos en la seguridad en el país.
Marcelo Ebrard, además de adelantar que sostendrá esas reuniones bimestralmente, habló sobre la correlación entre las armas y la violencia en cada entidad. Donde hay más detenciones vinculadas a armas hay más violencia.
Y resulta que Zacatecas, dentro del ranking nacional, ocupa el cuarto lugar con mayor número de aseguramientos en los últimos cuatro años, lo que confirma: el estado está entre los cinco más violentos del país.
El fiscal Francisco Murillo Ruiseco, en entrevista con la periodista Irma Mejía, reconoció que Zacatecas está en una situación “muy comprometida”, y debido a ello, sino se actúa a la brevedad las cosas podrían complicarse aún más.
Porque resulta que desde 2019, la licencia del software del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS por sus siglas en inglés), que se supone sirve para capturar, compartir y comparar información e imágenes de muestras en una red de sitios de adquisición de imágenes balísticas, además de identificar proyectiles o casquillos que probablemente coincidan de manera automatizada, está vencida.
Sí, en Zacatecas no se cuenta con esta licencia porque no hay dinero. Y claro, el fiscal se lava las manos y jura que él ya hizo su parte, pedir el recurso al Poder Ejecutivo y al Legislativo.
Pero al final, como cada uno de los poderes tiene sus prioridades, la renovación de la licencia IBIS sigue detenida. Total, qué tanto es tantito.
Al vivir en la miseria presupuestal, Murillo Ruiseco y su equipo se pusieron creativos y se la ingeniaron para tener su propio sistema, pero, obviamente, es muy limitado y al final no sirve para maldita la cosa. Simple y sencillamente no se puede alimentar de manera sistematizada a la plataforma nacional.
Y así, con una mano atrás y otra adelante, Francisco Murillo quiere entre 70 y 80 millones de pesos para IBIS y, de paso, para crear la Unidad Especializada de Homicidios. Bien dicen por ahí, se vale soñar.
Eso sí, como la visita del embajador norteamericano Ken Salazar a Zacatecas, sólo sirvió para exhibir a la nueva gobernanza como un ente en donde la inteligencia no funciona del todo, Francisco Murillo se ciñe a la esperanza de que el canciller Marcelo Ebrard sí pueda ayudar a Zacatecas y, por caridad de Dios, logre que la entidad sea considerada por el gobierno de Estados Unidos y, en un momento de bondad extrema, done un software que sí permita enlazarse a las plataformas binacionales.
Pero ¿qué cree?, que para eso se necesita del apoyo del gobierno estatal y sí, ahí es en donde la puerca torció el rabo.
En la reunión sostenida con Marcelo Ebrard, a los fiscales les dieron a conocer cuáles son las entidades con el mayor número de armas aseguradas. Ahí les va: Sonora con el 25 por ciento; Tamaulipas con el 21 por ciento; Michoacán con el 7.39 por ciento y Zacatecas, siempre Zacatecas, con el 5.52 por ciento. Ya después siguen Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Baja California.
Y para que no quede duda de estos datos, que son los oficiales, y nos vayan a salir con que en la nueva gobernanza tienen los suyos propios, el fiscal de Zacatecas reconoció que en los últimos seis años se han incrementado los delitos con arma de fuego en un nada despreciable cien por ciento. Vaya, vaya…
Los homicidios, robos, secuestros, lesiones, cometidos con un arma de por medio en 2016 fueron mil 401 delitos, pero resulta que ya para el pasado 2022 se llegó a la cifra de dos mil 754 delitos.
Resulta además que los índices de los homicidios dolosos con armas de fuego también se fueron al alza, como el precio del huevo y el aceite. En 2019 se incrementó un 62 por ciento; y ya para lo que va de este 2023, la cifra alcanza el 85 por ciento.
Como parte de la herencia maldita, Zacatecas cuenta con un Laboratorio de Balística en el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, y ahí se han analizado 542 armas de fuego: 176 cortas y 366 largas, como parte de las investigaciones en los homicidios cometidos en Zacatecas.
Es decir que, como dice Francisco Murillo, o en Zacatecas se aplican a trabajar o las cosas seguirán, como hasta hoy, pintándose con tinta sangre.
Julio César Chávez contra el Plan “B”
Este fin de semana, el presidente de la fallida 4T, Andrés Manuel López Obrador, la pasó muy mal, luego de que el magistrado Javier Laynez Potisek asestará tremendo revés al objetivo de destazar al Instituto Nacional Electoral (INE) a través del Plan “B”.
Pero, la suspensión de la aplicación de la Reforma Electoral de López Obrador es sólo un pasito en el duro caminar de los mexicanos por defender del autoritarismo, a la democracia en México.
El Mesías de los morenistas, en esa ambición que ya raya en locura, tiene ahora sus baterías dirigidas al Plan “C”, que consiste en adueñarse del INE a través de los aspirantes que inscribió para llegar al Consejo General del INE.
Por lo pronto, el Comité Técnico de Evaluación, en donde hay una mayoría morenista, ya decidió que la quinteta para consejera presidenta esté integrada por Bertha Alcalde, la hermana de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján; Guadalupe Álvarez Rascón, hija del exgobernador José Antonio Álvarez Lima, y hoy senador de Morena.
También está Iulisca Bautista Arreola, cónyuge del subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo, ambos exfuncionarios en el sexenio de la exgobernadora y hoy diputada de Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina; y Guadalupe Taddei Zavala, tía del director de LitioMex y prima del superdelegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Taddei.
Sólo Rebeca Barrera Amador, expresidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur, no formaría parte del Plan “C” de López Obrador, por lo cual, si la selección se va a la tómbola, que hoy es muy probable, la posibilidad de que la nueva presidenta del lNE sea afín a la 4T es abrumadoramente mayoritaria.
López Obrador no se amedrenta y, como dijo, es muy terco. Va con todo hasta lograr su objetivo de aplanar el camino para seguir adueñándose y destruyendo las instituciones que tanto han costado a los mexicanos construir.
Pero lo que ha llamado la atención en Zacatecas es que, para enojo del Mesías, el Plan “B” de la reforma electoral ha sido impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nada menos que por el hijo predilecto de la nueva gobernanza, Julio César Chávez Padilla, alcalde morenista de Guadalupe.
El Gobierno Municipal se encargó de llevarle la contra a López Obrador y procedió a impugnar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Hubo otros gobiernos municipales emanados de la 4T que hicieron lo propio, como el de Ciudad Juárez, gobernado por Cruz Pérez Cuéllar, ex panista y quien fuera postulado a su actual cargo por la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, conformada por Morena y los partidos del Trabajo y Nueva Alianza.
También destaca está el caso del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, ayuntamiento gobernado por el alcalde Daniel Andrade, quien fue postulado por el Partido Encuentro Social.
Y finalmente el municipio veracruzano de Oteapan, que también impugnó el primer paquete del denominado Plan B electoral, cuyo alcalde Jairo César Martínez González ganó la elección bajo las siglas del Partido Cardenista, pero que en meses recientes se unió a Morena.
Morenistas contra López Obrador, eso no suena nada bien.
Compadre detenido
La Fiscalía General de Justicia del Estado no se quiso meter en líos y prefirió nomás confirmar que Juan García Lazalde, jefe de la región número 11 de la Secretaría de Educación de Zacatecas, fue detenido en Sombrerete.
Resulta que el funcionario de la nueva gobernanza y ex precandidato de Morena a la presidencia municipal de Sombrerete, en la pasado contienda electoral que ganó el priista Alan Murillo Murillo, recibió “medida cautelar de prisión preventiva justificada».
Hasta hoy se sabe que este sujeto, quien al ser detenido gritó a los cuatro vientos que era compadre superultracercano del gobernador David Monreal Ávila, estaría acusado de los delitos de extorsión, amenazas y portación de arma de fuego, entre otros, en contra de una familia sombreretense.
Por eso, llegó la policía, cumplimentó la orden de aprehensión en contra del morenista funcionario del Gobierno de Zacatecas que hoy, tras las rejas, espera a que mañana martes, a eso de las 15:00 horas, se lleve a cabo su audiencia para saber si lo sueltan o siguen el proceso en el Cereso Regional de Sombrerete.
Bien dicen, no son iguales, son peores…
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