La Casa de los Perros: El calvario de las familias de desaparecidos en Zacatecas
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hace cinco años, Luis Antonio de Ávila Reyes hacía su trabajo. Como empleado de la empresa Mexicana de Lubricantes SA de CV repartía lubricantes para automóviles. Cubría la ruta en el municipio de Loreto.
Lo último que de Luis Antonio se sabe es que estaba comiendo “para que no se le hiciera noche” y poder regresar a su domicilio, en el municipio de Guadalupe, con su esposa Angélica y sus tres hijos.
Después de eso, su celular se apagó y de Luis Antonio nunca se volvió a saber.
Ese 17 de junio de 2017 comenzó el calvario para Elvia Margarita Reyes Rodríguez, su madre, que ha dedicado los últimos cinco años de su vida a buscar a su hijo. Sin descanso, sin desfallecer.
Hoy, el caso de Luis Antonio se encuentra asentado en la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF- ZAC/0001023/2019, en esa carpeta en la que este joven que desapareció a los 31 años, otra vez se eclipsó, como dicen las madres buscadoras: entre archivos y carpetas, en el propio olvido institucional y social.
El paradero de Luis Antonio, que hoy tendría 36 años, se desconoce y se presume que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito, específicamente el de desaparición forzada de personas.
Pero la desaparición de una persona no sólo duele en lo personal, sino también en lo administrativo.
Elvia Reyes tuvo que acudir a los juzgados para solicitar algo que ninguna madre quisiera siquiera pensar: que oficialmente se declare la ausencia de su hijo.
Ya había dolido mucho el que la empresa que lo mandó a Loreto a trabajar, le diera de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 16 de marzo de 2018.
Pero ese sufrimiento seguiría cuando, oficialmente, la Jueza Segundo de Distrito, María Citlallic Vizcaya Zamudio, declarara oficialmente su ausencia como persona desaparecida, el 10 de diciembre de 2021.
Ya Elvia Reyes, en marzo de 2019, había tenido que acudir al predio rural “El Gallinero”, en Loreto, en donde con el corazón hecho trizas tuvo que buscar con otras familias de víctimas, restos del cuerpo de su hijo.
Y sí, encontraron puros fragmentos, dientitos, huesos, como tres mil pedacitos de al menos 10 personas que tenían como dos años ahí, perdidos entre la tierra colorada en donde las víctimas fueron quemadas. Impotencia enorme al observar que en ese predio quedaban además los tambos y las lumbres que los delincuentes hacían.
Luego de tres años del hallazgo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas le dijo a Elvia Reyes que no, que ninguno de los fragmentos encontrados en “El Gallinero” eran de su hijo.
Además, como si todo esto no fuera suficiente, esta madre buscadora fue víctima de extorsión. Le pidieron 200 mil pesos, que ella pagó, para obtener información. Nada logró.
En México, y obvio en Zacatecas, las historias de perseverantes búsquedas de maridos, hijos, hermanos o padres como la de Elvia y su hijo Luis Antonio son ya incontables y sí, muy dolorosas, sobre todo cuando de parte de la autoridad encuentran insensibilidad y total desenfado.
Ayer, Alanna Armitage, la representante del Fondo de Población de las Nacionales Unidas (UNFPA) en México, llegó a Zacatecas y reconoció que hoy en día, es significativo el atraso para identificar los cuerpos localizados en fosas clandestinas o que permanecen en las salas forenses.
Su visita tuvo como objetivo el signar un convenio para que las búsquedas, y la identificación de cuerpos, no se sume al calvario que, de por sí, ya padecen los familiares.
Se prometió que, con la firma de un convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Fondo de Población de las Nacionales Unidas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se podrán tener mejores herramientas y resultados en la identificación de cuerpos.
Además, el hecho de que un órgano autónomo y multidisciplinario como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), tenga cabida en Zacatecas, sin duda es un gran avance para fortalecer y agilizar los mecanismos de búsqueda de personas en condición de desaparecidas.
Eso sí, Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas, dejó una importante tarea al Poder Ejecutivo y, después, al Legislativo de Zacatecas.
Ella presumió que en el Presupuesto de Egresos 2023, la Comisión a su cargo dispondrá de un subsidio global de mil cien millones de pesos para entidades. Y sí, ahí está incluido Zacatecas.
Ahora tocará al inquilino de La Casa de los Perros, y a los diputados locales, poner atención en el tema y entender que, sin recursos, signar convenios para coadyuvar a aliviar la crisis forense en materia de desaparición en México, y también en Zacatecas, será en vano. Pura pantomima.
En la ignominia
Cuando se cacarea que es la educación la mejor solución para detener esta ola de violencia e inseguridad que padece Zacatecas, resulta por demás incomprensible que el Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento (Cebaare) esté a nada de que su plantilla docente sea retirada sin justificación.
La nueva gobernanza, esa misma que defiende a capa y espada a la secretaria de Educación, Maribel Villapando, dedicada a pasear por el estado entregando, en electoreros eventos para la foto, mochilas y lápices, se lava las manos y recurre a lo que sabe hacer, y muy bien, esconder la cabeza debajo de la tierra: la muy ensayada política del avestruz.
Los padres de familia protestan, pero como es costumbre en los gobiernos de la 4T, son ignorados. Y están a nada de que los descalifiquen por fifís y aspiracionistas.
La promesa de la nueva gobernanza es que enviarán nuevos profesores ¿por qué? Sí, ya se la saben, eso sólo Obama lo sabe. Seguramente hay muchos servidores de la Nación sin empleo a los que se tenga que acomodar.
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