La Casa de los Perros: En Zacatecas el hilo se rompe por lo más delgado
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Humbelina López Loera, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue clara en su exposición: son ocho ex trabajadores del gobierno diferente del exgobernador Alejandro Tello Cristerna, los que podrían ser inhabilitados por corruptos.
El proceso, del que en conferencia de prensa informó su avance, no está concluido. Esto es paso a pasito. Aquellos manos largas y tapaderas de las acciones que encabezó el super honesto exgobernador Tello Cristera tienen la oportunidad de impugnar para salvar esos 171 años de inhabilitación del servicio público.
Lo sucedido en el gobierno diferente es una muestra clarísima de que los de arriba pocas veces pagan por los actos de corrupción que se cometen bajo su mando. Porque si una hoja se mueve sin que el gobernador lo sepa, quiere decir entonces que el jefe estaba ahí nomás pintado, ¿o no?
El “manto protector» que creó Alejandro Tello para defender a capa y espada a su amigo del alma, el otro exgobernador Miguel Alonso Reyes, surtió efecto. El honorable priista que pasea feliz por Aguascalientes presumiendo sus logros nada le debe a nadie. Y lo que debía pues ya prescribió. Misión cumplida.
Así, las anomalías y expedientes de casos de corrupción e impunidad en temas como la construcción de la Presa Milpillas, las transas en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, los gastos millonarios sin comprobar, además de los aviadores y los viajes desmedidos habrían sido perfectamente archivados por Paula “N” y Gabriela “N” quienes cumplieron puntualmente las órdenes de Alejandro Tello y ahora son ellas las que en capilla están.
Y si no fue así, si ellas actuaron solas, Alejandro Tello, que también trabajó fuerte para que el manto protector lo cubra a él en el presente, tendría que aclararlo, lo que difícilmente sucederá. Él anda ocupado con la mudanza a Querétaro.
Lo dicho, el hilo se rompe siempre por lo más delgado.
Humbelina López, cuidando el debido proceso, lo que no hicieron desde la taquería oficial de la nueva gobernanza, si bien habló de Milpillas, omitió decir que Fernando “N”, es uno de los que deberán iniciar un proceso de impugnación para salvar la honra. Sobre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas dijo que hubo saqueo en sus arcas, aunque el nombre de Salvador “N”, mejor se lo guardó.
La funcionaria, que salió a informar el avance en las investigaciones y por ello se le acusa de lanzar cortinas de humo, dejó en claro que el despilfarro y el robo “sin contemplación ni miramiento alguno” serían castigados con sanciones que van de los 34 a un año de inhabilitación. El daño al erario es de casi 600 millones de pesos, lo que, por cierto, al haber prescrito varios expedientes, no serán recuperados por el pueblo bueno y sabio.
Eso sí, aquello de las inhabilitaciones hace recordar que otra funcionaria de SAMA, Fabiola “N”, fue inhabilitada quesque para no poder trabajar en el servicio público y a pesar de eso se le conoce como la mandona en JIAPAZ, en donde se regodea feliz y contenta.
Ella, hasta el 31 de marzo del 2022, según la Plataforma Nacional de Transparencia, seguía cobrando como directora técnica de la JIAPAZ, sus 43 mil 669 pesitos.
Humbelina López tiene pues en las manos la posibilidad de seguir el proceso hasta su conclusión, con buenos resultados y sentencias firmes sobre cada uno de los casos. Y sí, tendrá que seguir saliendo a informar de los avances, eso sí, evitando que los de la taquería se involucren demasiado porque ellos sólo sirven de lengua, y mala.
Puras mentiras
Al puro estilo del presidente de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, salió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para abrir un frente con la Iglesia Católica y negar, por los clavos de Cristo, que en el estado que gobierna haya retenes del crimen organizado en carreteras.
Esto quiere decir que tanto el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles, como el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, son unos mentirosos que se irán al infierno por violentar los mandamientos de Dios.
El gobernador, enfilado en Movimiento Ciudadano, dijo que al cardenal le tienen “un profundo respeto”, pero que es muy extraño que “haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento”.
Y de paso, pidió a los jerarcas católicos “hablar las cosas con cuidado y sin buscar generar una alarma, en un asunto que me parece se debe analizar en su justa dimensión”.
La cuestión es que, a las denuncias del cardenal y el obispo, se sumaron las del coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, César Castro; del delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Diego Javier Bolio, y del presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Miguel Ángel Landeros, quienes afirmaron que esos retenes sí existen.
Twitter: @lasnoticiasya @claudiag_valdes