Sentencian a Carmen Lira a reponer el contrato colectivo de trabajo
SARA LOVERA
Este lunes se hizo público, luego de un año ocho meses, que el XV Tribunal en materia de Trabajo resolvió, el 16 de agosto, que la empresa DEMOS, editora del diario La Jornada reintegre la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo a quienes integran al sindicato. Quedó probado que el conflicto no fue de carácter económico sino laboral, y que la restitución de los derechos laborales ha mostrado la mejor cara de magistrados decentes y la peor cara de quienes infravaloran a la clase trabajadora.
Es, a todas luces, una decisión de justicia en la que ya no creíamos. La empresa no pudo demostrar que tenía problemas económicos, artimaña con la que desmanteló el Contrato Colectivo al cien por ciento; abusó, maltrató, despidió a 12 trabajadoras y trabajadores, demandó penalmente a cuatro, entre ellos, a un joven que ni trabajaba ahí, pero era hijo de la ex secretaria del Sindicato Independiente de La Jornada (Sitrajor), Judith Calderón, también despedida.
Hoy, como diría un dirigente sindical, Carmen Lira está minando los cimientos que le dieron vida a lo que se pensó como un periódico de iguales, el que durante muchos años dio voz a quienes no la tienen, abrió un suplemento de género y parecía el heraldo de la libertad de expresión. Nada, ahora 55 trabajadores se fueron de esa empresa y La Jornada es capaz de publicar un día después del ataque a los estudiantes en rectoría, que se trataba de un conflicto, de un enfrentamiento, en primera plana, a letras gigantes, como conflicto calificó al ataque artero y tremendo. En eso quedó este diario.
Quienes hemos estado atentas al conflicto laboral sabemos más. Desde 2013 la empresa pidió reducción de derechos. Entonces quienes son del sindicato durante un año sacrificaron derechos, redujeron sus beneficios, la empresa ahorró 21 millones de pesos, para “salvarse” y en lugar de pagar impuestos, seguro social y otras cosas, dilapidó el dinero, liquidó a 12 jefes, personal de confianza, por “razones políticas” y gastó millones de pesos; ha mantenido a un grupo de privilegiados, como ella misma, la directora Carmen Lira está pensionada por el IMSS desde hace 10 años y gana cien mil pesos al mes. Es decir, defrauda a ese instituto y con ella todo su grupo subordinado.
Quienes no pudieron sobrevivir con la reducción, que significó perder sus derechos, no canonjías, pagos salariales decentes, vacaciones y ahorro para pensionarse y otras cosas, se fueron. Son 55 que ya no forman parte de esa casa periodística. Bajo la eterna dirección de Carmen Lira, la empresa tampoco se modernizó frente a la competencia, se ha rezagado en el uso de las nuevas tecnologías para transmisión inmediata de información, y el producto se hace sin reportajes –como sí se hacía en el pasado-, a base de boletines oficiales.
El manejo ha sido desaseado. Por ello, nadie entiende que la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Darlen Rojas, se haya convertido en la práctica en la defensora de la empresa, guardó primero el emplazamiento a huelga que debía entregar en 48 horas; luego intentó declarar la huelga de 2017 como inexistente; el Tribunal Laboral la declaró legal, uno de los tres amparos que han dado la razón al sindicato; después se coludió para admitir una demanda, así se llama, de conflicto económico que esta resolución de los magistrados José Guerrero y Juan Alfonso Patiño, demostraron que el fallo a favor de DEMOS estaba sobre bases falsas, que no había conflicto económico, por lo tanto que trabajadores y trabajadoras tenían razón.
Restituir sus derechos, volver a la aplicación del Contrato Colectivo, le significarán a Carmen Lira, un pago de entre 90 y 100 millones de pesos, unos cuántos de los que ha dilapidado con más de 20 años en la dirección del diario, a pesar de que los estatutos de DEMOS señalan que debe haber cambio cada cuatro años y una sola reelección. Sin embargo, con sus huestes sumisas se ha quedado eternamente.
Contrató un despacho que hizo todo el enredo legaloide, que para eso los abogados mañosos se las saben todas, al frente del despacho Alejandro Roell y, con el apoyo de la presidenta de la Junta de Conciliación, otros dos funcionarios participaron en un laudo vergonzoso: María Alicia Palafox y José Antonio García, a quienes las autoridades del trabajo y, por tanto, del gobierno de la Ciudad de México, los premió, a ella como jefa de peritos y a él como asesor. Ellos fueron quienes con maniobras habrían fundamentado que el conflicto era de carácter económico, esto es que la empresa estaba con problemas para cubrir los derechos laborales. Ello está en la ley, se usa para salvar una fuente de trabajo, pero también se usa, como en este caso para arropar el despojo a las y los trabajadores. Increíble.
La sentencia del 16 de agosto restituye los derechos, pero es evidente que intentarán otras maniobras, tienen presionada a la Secretaria del Sindicato -ahora disminuido por los que se fueron y los que renunciaron a ser sindicalizados como el caricaturista Magú, en otros tiempos, y tiene atemorizados a los que aún están ahí. ¿Quién apoya a Carmen Lira? Beneficiarios históricos, como el recién nombrado jefe de la Escuela de Formación de los militantes de MORENA, Rafael Barajas, “El Fisgón” o el señor Enrique Galván Ochoa, quien integra el pequeño grupo que elaborará la Constitución Moral que ha encargado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por cierto, quien también arropó desde la huelga de 2017 al grupo que gobierna con Carmen Lira esa empresa periodística.
Yo me pregunto ¿dónde están los accionistas que quedan? ¿dónde los defensores de los derechos sindicales? ¿dónde? Y como el Sindicato de Trabajadores Universitarios STUNAM y el de los Telefonistas de la República Mexicana apoyaron al Sindicato Independiente de la Jornada, al Sitrajor, pues a ellos en ese diario no les publican nada, así sea un despido masivo o un conflicto, una propuesta económica para equilibrar los salarios que tienen a millones con los mínimos y explotados. No existen en la información, están desaparecidos.
¿Y cómo se demostró que hay pésimo desempeño en la administración de la empresa? Una comandada por Tania Paulina Olmos, la que propuso inicialmente acabar con el contrato colectivo y con el sindicato, pues un economista experto que vio números, exploró y documentó el desastre, no atribuible al Contrato Colectivo, ese contrato, el primero, que se construyó en el cambio tecnológico y logró derechos que parecían difíciles o fuera de la época de los sindicatos, como les hemos nombrado, “charros”, y ese señor, Huberto Juárez demostró las bases que devolvieron a los trabajadores su contrato.
El hecho es histórico. ¿Qué pasará en el futuro? Volverá La Jornada como lo hizo en su editorial este lunes, a tirarse al suelo y decir que es “una sentencia irracional” y buscará fantasmas, personajes que mueven la cuna, como se dice, en contra del diario, ¿cómo no? si el diario es hoy del montón, que recibe millonadas de publicidad oficial y ha dejado sus principios rectores de dar voz a los que no la tienen, ese del periodismo profesional, el que escudriña en el poder y cuenta con hechos comprobables lo que sucede, lo que pasa. Existe alguien que crea que La Jornada es atacable por lo que publica, para nada. Dejó de ser lo que algún día un puñado de periodistas creímos y trabajamos por ello. Muchos de los que hace dos décadas nos fuimos, o nos fuimos hace una, decepcionados. Hoy habrá que ver lo que sucede, desgraciadamente continua ese gobierno de la ciudad que encubrió el despojo. Veremos.
