La Casa de los Perros: El financiamiento primero
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Supuestamente, la principal función de un partido político es presentar candidatos y, con ellos, participar en las elecciones a efectos de que los ciudadanos puedan seleccionarlos basados en su proyecto para, con ello, detentar el poder y alcanzar el beneficio de la población de un país, estado o municipio.
Bueno, eso es lo que nos han dicho…
Pero resulta que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside Claudia Valle Aguilasocho e integran Yairsinio David García Ortiz y Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann, echó para atrás el acuerdo ACG-IEEZ-029/VII/2018, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), y la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas (Trijez), que obligaba al partido político La Familia Primero, a participar en esta elección 2018.
Y lo exigía por varias razones, la principal, que desde el 25 de marzo fue declarado partido político estatal y, por tanto, ya recibe financiamiento público justamente para la obtención del voto ciudadano.
Cuando el IEEZ le hizo saber a La Familia Primero que, como todos los partidos políticos con registro debía presentar a sus candidatos a más tardar el 14 de abril, participar en la elección y obtener, mínimo, el 2.5% de la votación para mantener su estatus claro que pegaron el grito en el cielo y, de inmediato, Mauricio Javier Vázquez y Raúl Ramírez Cid presentaron su respectiva demanda ante el Trijez. Ellos sólo quieren recibir el financiamiento, pero, participar en una elección, ¿para qué?
El Trijez determinó, al igual que el IEEZ, que la Familia Primero sí disponía de los mecanismos necesarios para poder participar en condiciones de igualdad y equidad en el proceso electoral ordinario.
Pero eso no estaba en los planes, y a unos días de haber fundado un nuevo negocio a costa de los ciudadanos, La Familia Primero no está dispuesta a perder y acudió a la Sala Monterrey del TEPJF quien les dio la razón y, con la mano en la cintura, les dijo que estuvieran tranquilos, que podían seguir felices viviendo del pueblo como partido político, sin participar en la elección. ¿Para qué?
Así, sus dueños, entre los que figura Eduardo Noyola Ramírez, hijo del ex consejero electoral Eduardo Noyola Núñez, ya reciben desde el 25 de marzo, del erario, 867 mil 602 pesos para actividades ordinarias; 32 mil 535 pesos, para actividades específicas, y 260 mil 280 pesos para la obtención del voto. La intención es obvia, seguir con esta beca hasta el 2021.
La excusa es que La Familia Primero obtuvo su registro como partido político estatal apenas el 25 de marzo, es decir, siete meses después del inicio formal del proceso electoral 2017-2018, y pues a estas alturas quién se va a poner a trabajar para buscar candidatos, hacer campaña, salir a las calles a defender sus propuestas –si es que las tienen– ¡no!, la idea es participar del financiamiento público, pero eso de ir a una elección, y menos a una como la de este 2018, jamás visto.
Lo bueno es que, tanto rezar les funcionó y ahora, tranquilamente desde sus templos, podrán seguir este proceso electoral, vivir cómodamente, y ya para el 2021 se verá.
Nada es definitivo
Soledad Luévano Cantú está en campaña, quiere ser senadora por la coalición Juntos haremos historia y ha iniciado su labor para conseguir el objetivo como sólo ella lo sabe hacer. Tuvo suficiente tiempo para prepararse y, con decenas de solicitudes de información ante las unidades de transparencia, ahora cuenta con muchos datos que, dicen los que saben, harán temblar a más de dos durante esta campaña.
El problema, para los que no quieren ni en pintura a la candidata, es que cuenta con los papelitos que sustentan todas y cada una de sus denuncias, y eso les duele, y mucho. Dicen por ahí que no pueden dormir porque «tienen miedo».
Por lo pronto, Soledad Luévano ya pegó y lo hizo primero, al dar a conocer que un juez otorgó el amparo para declarar inconstitucional el Impuesto a la Infraestructura, un nuevo y diferente gravamen que creó el inquilino de La Casa de los Perros; lo que pocos saben es que estos amparos fueron concedidos desde el 2017 y sí, si traen en jaque al Gobierno del Estado.
La Secretaría de Finanzas, a cargo de Jorge Miranda Castro, rechazó categóricamente, aunque muy tarde, que se haya declarado inconstitucional dicho impuesto en virtud de que no existe una resolución definitiva, tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), o bien un Tribunal Colegiado, quien emita esta resolución ahora sí de manera concluyente después de la revisión que ya solicitó el Gobierno del Estado. Este proceso podría durar, cuando menos, unos seis meses.
Esto, dicen muchos, no se trata más que de una falsa alarma ante la falta de propuestas de Soledad Luévano. Engañar a la población y propiciar, todavía más, que la población odie con odio jarocho al Gobierno y, por lo tanto, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el único objetivo. Y sí, claro que esto es real, el proceso no está concluido, y el que la candidata pretenda ir a exigir a Alejandro Tello Cristerna que devuelva el dinero a los contribuyentes es un escenario perfecto en tiempos de campaña, pero nada más.
Pero, antes de cantar victoria, hay que esperar con calma antes de lanzar las campanas al vuelo y esperar a que, algún día, la SCJN, que tiene una lista interminable de casos pendientes –entre ellos el Impuesto Ecológico–, se decida a estudiar y dictar sentencia sobre el Impuesto a la Infraestructura, lo que, seguramente no sucederá en este agonizante sexenio.
Lo que le queda al Gobierno del Estado es aplicarse con más entusiasmo al trabajo, olvidarse que los domingos son días de descanso, y no soslayar el hecho de que estamos en medio de un proceso electoral muy difícil que requiere de toda su atención sino quiere ser víctima de otro gol.
Ulises Mejía, firme
El desastre del que son protagonistas todos, pero absolutamente todos los partidos políticos en Zacatecas, vivió sus horas más críticas este fin de semana, sobre todo cuando el IEEZ cerró las puertas del salón que habilitó para los registros de candidatos. Las debilidades en las convicciones, así como los intereses personales y de grupúsculos mafiosos se hicieron presentes en cada firma, en cada documento y en cada fotografía con la promesa de un triunfo electoral.
Por lo pronto, Ulises Mejía fue objeto de mil presiones para que la planilla que registró fuera a modo, pero no de sus intereses y de su proyecto como gobierno municipal en el capital, sino de otros que no quieren ponerse a trabajar y desean seguir viviendo del erario, cueste lo que cueste.
Pero resultó que el joven empresario no fue el hueso fácil de roer que todos esperaban y se mantuvo firme, aguantó presión y sigue adelante con su aspiración como candidato de la coalición Juntos haremos historia.
Dos candidatos
En donde también traen un desastre es en el Distrito II, pues resulta que hasta ayer, la coalición Juntos haremos historia tenía dos candidatos a diputado registrados: Por Morena, Ernesto González Romo, y por Encuentro Social, a Javier Calzada. Ambos son excelentes prospectos que fácilmente se harían de la posición, pero estos pleitos innecesarios claro que les resta fuerza y energía.
Por lo pronto, el IEEZ ya dijo que enviará un escrito el martes, a cada partido, la notificación de la duplicidad de candidatos, por lo que tienen hasta el 17 de abril para que Morena y Encuentro Social se pongan de acuerdo, aunque, la verdad sea dicha, quienes tiene la razón son Nicolás Castañeda y Enrique Rayas, ya que ese distrito está siglado justamente a su partido en el acuerdo de coalición firmado. A ver en qué acaba este nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe Zacatecas.
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