La Casa de los Perros: No funciona
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Muy grave resultó el señalamiento que el inquilino de La Casa de los Perros hiciera sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, al asegurar tajante que simple y sencillamente ni funciona ni responde al clima de inseguridad que se vive en el país.
La queja principal del gobernador Alejandro Tello Cristerna versa en el hecho de que se trabaja para detener a una persona, por ejemplo, en posesión de un arma de fuego, y día siguiente, tan campante, queda libre y, peor aún, a la semana siguiente es aprehendida por haber cometido un homicidio.
Dicho sistema penal comenzó a funcionar en México en junio de 2016 –era el plazo que marcaba la ley–, y fue justamente Zacatecas, de los primeras entidades que comenzaron a cumplir con los requisitos, pero los especialistas, que se han sumado a la queja de Tello Cristerna señalan como el principal error, el que no se hubiera creado la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, la cual se encargaría de evaluar el perfil de riesgo de los detenidos para dictar medidas cautelares –prisión, arraigo o un embargo– y con ello evitar que quienes delinquen, sigan en las calles.
Cabe destacar que, según el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una medida cautelar para una “persona de riesgo” era colocarle un localizador electrónico, pero hasta ahora eso es letra muerta por el simple hecho de que no hay recursos para adquirirlos, y como tampoco existe la autoridad encargada de su funcionamiento, al final todo queda en puro bla, bla, bla.
También está el hecho de que ante la premura por poner en funcionamiento dicho Sistema Penal, hace falta contratar más abogados, asesores, policías y peritos que estén verdaderamente capacitados y puedan hacer frente a este reto.
Y aunque el gobernador le achaca el incremento de los niveles de inseguridad casi en su totalidad a las fallas del Sistema Penal, los expertos dejan ver que es la policía el verdadero punto débil, ya que al menos el 90% de los agentes de seguridad tampoco están capacitados y la mayor parte de los casos consignados ante jueces son hechos en flagrancia, que no llevaron de por medio ninguna investigación.
Lo peor del caso, al menos para Zacatecas, sumido en un clima insostenible de violencia, es que se proyectó que el Nuevo Sistema Penal operaría en condiciones ideales y al cien por ciento hasta el 2024, lo que quiere decir que para ese tiempo, ya todo será un desastre.
No es elegible
Con el acta de fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de la comisionada del IZAI, Raquel Velasco Medina, en la mano, sanción aprobada por los integrantes de la LXII Legislatura, el diputado Omar Carrera, desde la Tribuna, dejó en claro lo incorrecto de siquiera haber contemplado la idea de tener en la lista de elegibles para ser magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa a la priista.
El sólo hecho de que la ex magistrada y jubilada de la UAZ, en donde cobra más de 30 mil pesos, sea tomada en cuenta para el análisis, pone en entredicho el proceso en el que se involucran los diputados, que aprobaron la sanción que solicitó la Auditoría Superior del Estado, y al propio gobernador, a quienes sus asesores seguramente ya lo alertaron sobre este riesgo.
El diputado de Morena, por lo pronto, ya alertó a sus homólogos a recordar que el fincamiento de responsabilidades administrativas quedó firme en contra de Raquel Velasco, penosa situación que no puede pasarse por alto cuando de elegir a un magistrado se refiere.
Sumas y restas
Mucho ha llamado la atención la disminución en el presupuesto que se asignaría al Poder Judicial durante el 2018, pero lo que pocos han tomado en cuenta es que tal recorte no es de 81 millones 562 mil 984 pesos como algunos suman y restan, sino de 61 millones 20 mil 605 pesos.
En el Presupuesto de Egresos del 2017, de los 526 millones 590 mil 422 pesos que se destinaban al Poder Judicial se asignaron al Tribunal Superior de Justicia, 516 millones 48 mil 43 pesos, y al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, 10 millones 542 mil 379 pesos, pero este último se transformó en Tribunal de Justicia Administrativa, y se sumó a los órganos autónomos.
Por ello, como una dependencia independiente recibiría 16 millones 487 mil 275 pesos, si es que los diputados, a la hora de meter la tijera, no le rebajan un poco más, y los 455 millones 27 mil 438 pesos que se manejan para el Poder Judicial irían directamente al TSJEZ.
Twitter: @lasnoticiasya @claudiag_valdes
