Madres: sujeto político

SARA LOVERA

El asesinato de Mara Fernanda Castilla movilizó a mujeres y hombres, miles de miles y la mayoría jóvenes, en 13 entidades del país hasta el cierre de SemMéxico la madrugada del 18 de septiembre. La indignación está creciendo.

En las ciudades de Xalapa, Puebla, Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez, San Cristóbal de las Casas, Mérida, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo, Veracruz puerto, Oaxaca y la Ciudad de México, marcharon pacíficamente; un grupo de separatistas, jóvenes desesperadas ante la falta de justicia ubican la razón de su protesta en hombres concretos.

Son estas jóvenes las que están dando un nuevo rostro a la protesta. En los hombres aparece el miedo. Su permiso para matar, sin consecuencias, se acaba, está en el borde. Nadie tiene porque conocer a quienes se han solidarizado, si el viejo feminismo fustiga a los medios sistemáticamente.

En la calle un grito casi único: alerta de género por la violencia contra las mujeres, en todo el país. Es decir, poner fin a la impunidad. Aunque la Alerta es un dispositivo de emergencia, la emergencia parece haber llegado a todos lados.

Esta es la voz que se extendió en todos los rincones, vi la reproducción de las marchas, no sólo en las redes sociales, 25 veces en la televisión; es primera plana en varios diarios esta madrugada, virtuales e impresos. Así el dolor se hunde como un aguijón en el cerebro: ¡NI UNA MÁS!

La desaparición y los asesinatos de jóvenes mujeres; la impunidad y el Estado rebasado por esta realidad, hace totalmente inoperante la política pública; supera esa actitud tibia y con miedo, de dirigentes y dirigentas, que no saben qué hacer: han sido incapaces de educar y obligar a su funcionariado a dejar de juzgar a las asesinadas, violadas, secuestradas, hostigadas, para dar paso a la atención y a la prevención sin prejuicios.

Procuran “capacitaciones” desde la tecnocracia; tallercitos de tres horas en una tarde, sin procurar el cambio de conducta; convenios que los gobernadores ni leen, ni nadie se los hace leer; medios de comunicación oficiales sin órdenes de trabajo en acuerdo con la Constitución.

Medios que ahora se desgarran las vestiduras por la agresión o rechazo a Jenaro Villamil, que fue expulsado de un contingente ¿deberían conocerlo? Pues no. Nadie conoce a quienes hablan y actúan en círculos concéntricos.

Las marchas son apenas el dintel de la indignación. Ahora aparecen nuevas actoras políticas, surgidas de la incapacidad oficial para detener las violencias, son las madres, la de Lesvy, la de Mara, otras muchas que empiezan a tomar el timón para decir ¡Basta!

Ojo, las madres que en algunos países, como México, no se cansaron durante 40 años buscando a los desaparecidos de la guerra sucia, con Rosario Ibarra a la cabeza; las madres que buscan a las desaparecidas en las fosas de Veracruz; las organizadas en Coahuila; las que hoy no se cansan en trámites y exigencias en las procuradurías; las madres de Juárez, otra vez, las madres sangradas, desesperadas, y pronto surgirán las abuelas y las hermanas, no es suficiente el discurso político, ni los observatorios que llevan cuentas higiénicas.

Ya no valen los golpes de pecho televisivos, asociados, redes sociales que rebasan el contenido de las marchas por la discusión si los hombres querían un lugar en el contingente; ni los que acaban de descubrir que hay violencia machista. Ni los que hablan de la Alerta de Género sin conocer la ley que obliga a un sistema integral; ni los abogados que ni idea tienen de las convenciones que están ahora en la Constitución y que piensan, cuando son llamados a juzgar a un violador, piensan, piensan, piensan, ¿qué haría esta chica para merecerlo?

Esta es la cuestión. La violencia contra las mujeres, protagonista de los informes periodísticos de hoy, no es sentida como un asunto de Estado, que es necesario parar. Que llega para ser ariete de política o discurso pasajero. No es posible que todavía ni la empresa de taxis, ni la policía ni los gobiernos respondan o sean responsables. Y es una desgracia que en el mar de la indiferencia social no se obligue a cumplir lo que se ofrece, ni se hagan revisiones sistemáticas de los sistemas integrales que tienen que operar.

La alerta de género, sólo en 11 entidades para algunos de sus municipios, el 3.3 por ciento en todo México, es al menos, una pequeña línea de una enciclopedia. Tenemos que exigir que se cumpla la ley, integralmente, que operen las procuradurías y las fiscalías; que integralmente los gobiernos hagan prevención; que haya multas y penalidades a las voces indignas de las radios y las televisiones; que el sistema oficial de las televisiones y radios públicas hablan con lenguaje inclusivo y hagan series educativas para cambiar la cabeza a los machos; que los curas cierren la boca y dejen de joder; que las funcionarias de los institutos y secretarías de la mujer salgan a las calles con los violentómetros del IPN y las películas que financian, a todos los rincones; que las presidencias municipales cumplan y que sientan los machos/violadores/asesinos que en México se acabó el permiso para matar.

Me quedo así. Pensando que no será sencillo, pero como gritaban las niñas y jóvenes de México ayer. Ni una más.