La Casa de los Perros: Los damnificados con la transparencia
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Al final de cuentas, lo que tanto se trató de ocultar se hizo público, aunque no de la mejor manera. El listado de la llevada y traída ex nómina secreta, publicada íntegra por lasnoticiasya.com en este link: http://lasnoticiasya.com/nominasecreta/ sólo deja ver el que presupuesto destinado a estímulos para los funcionarios, que no siempre funcionan bien, es utilizado de manera discrecional y a gusto y disgusto del inquilino de La Casa de los Perros en turno.
Hoy, algunos, muy pocos, sobre todo los afectados por la transparencia, culpan a la ex diputada de Morena, Soledad Luévano Cantú, de sumar y multiplicar a diestra y siniestra, pero olvidan que la información entregada por la Secretaría de Finanzas da pie a muchas especulaciones porque simple y sencillamente no es clara.
Eso de omitir desde títulos, hasta membretes, y además sin desagregar datos ni especificar la periodicidad de los pagos ocasionaron que, aún entregando los datos, el Gobierno del Estado haya incumplido la Ley de Transparencia.
Esos mismos afectados intentaron también meter en una errónea dinámica al IZAI, quien únicamente cumplió, ellos sí, con su obligación de hacer valer la Ley. Su compromiso con la sociedad de velar por el derecho a saber quedó a salvo.
Uno de los damnificados fue Jaime Santoyo Castro, quien trabajó como secretario general de Gobierno al final del sexenio de Miguel Alonso Reyes. Sin duda se dejó ver como uno de los más indignados, por ello dedicó parte de su tiempo a recorrer medios de comunicación entregando talones de cheques; y aunque en un inicio negó haber recibido el bono, después dijo que sí, pero que no era quincenal, sino mensual.
Así, entregó, por ejemplo, un recibo con fecha del 1 al 31 de agosto de 2016, que ampara un pago por 46 mil 98 pesos, pero lo interesante hubiera sido que esos talones los hubiera publicado, en tiempo y forma, en la plataforma de transparencia de la Secretaría General, y no a toro pasado.
Además, si ese mismo ahínco con el cual se dedicó a defenderse de las falsedades que dio a conocer la Secretaría de Finanzas, lo hubiera empeñado cuando estaba en el cargo, otro gallo le hubiera cantado al gobierno de Miguel Alonso Reyes, y hoy nadie se preguntaría por qué recibió un pago que no se ganó.
Quien salió también a decir que las cosas no están del todo claras fue la titular de la Secretaría de Educación (Seduzac), Gema Mercado Sánchez. Ella utilizó su Facebook para asegurar «de forma enfática y pública», que la lista de pagos a funcionarios en el sexenio pasado, presenta cifras equívocas.
Mercado Sánchez, como titular del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (Cozcyt), dice «nunca» haber recibido algún «bono secreto», y reitera que, a pesar de lo dicho por el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, actualmente tampoco recibe algún pago económico diferente a su salario.
A Gema Mercado también le brinca el monto, y es que ella aparece en la lista distribuida por Soledad Luévano, la cual realizó con la información que el IZAI obligó a la Secretaría de Finanzas a entregar, con 74 mil 14 pesos mensuales.
Lo que realmente amerita ya una investigación profunda por parte de Paula Rey Ortiz Medina, la titular de la Secretaría de la Función Pública –también beneficiada con los bonos–, son las compensaciones o premios entregados a quienes no laboraron en el gobierno y que aparecen en la lista.
En esta columna hemos dado cuenta de algunos nombres, pero ahora resalta el de Edgar Ortega Guerrero, a quien se le pagaban 130 mil pesos mensuales. Este sujeto ya fue identificado como hijo de Joel Guerrero Juárez, quien fungió como director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) pero, sobre todo, es recordado en Zacatecas por su tarea política en la entidad, cuando fue designado no sólo delegado del Comité Ejecutivo Nacional, sino presidente del PRI en el estado.
Él, desde esa posición, ayudó al ex mandatario a hacerse de la gubernatura. Hoy ha trascendido que fue nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación, en sustitución de Miguel Rivera Sánchez. Por lo visto a este priista se le tiene mucho agradecimiento.
Así las cosas, a partir de ahora se espera que el gobernador Alejandro Tello Cristerna, antes de entregarle un bono de productividad a Paula Ortiz, le pida a la funcionaria que rinda cuentas claras a los zacatecanos, se ponga a trabajar, deje los videos de Facebook para otra ocasión, y emita las resoluciones que el caso amerite. Pagar a aviadores es corrupción, aquí y en China, con la diferencia que allá les aplican la pena de muerte. Aquí nos conformamos con que paguen a la sociedad lo que se robaron y reciban el castigo que la ley mandata.
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