La Casa de los Perros: Leña del árbol caído
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hoy, la ex diputada Soledad Luévano Cantú arremeterá con una nueva demanda en contra del ex gobernador Miguel Alonso Reyes. Esta vez será por un supuesto desvío que superaría los mil millones de pesos. Además, entregará pruebas del uso de recursos públicos para pagar campañas publicitarias en época electoral. La embestida no cesará.
En la denuncia, que será ante la Procuraduría General de la República (PGR), aparecen como presuntos cómplices el diputado priista Le Roy Barragán; el ex secretario de Finanzas y de Administración, y nueva adquisición en Fonatur, Fernando Soto Acosta, y el ex jefe de la Oficina del Gobernador, Rafael Sescosse.
Esta nueva demanda se sumará a las varias que ya tiene el director general de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, en su contra en la PGR, y de las cuales, hasta la fecha no se ha sabido nada. Ni si avanza la investigación, si ya están en el cajón del olvido, o si de plano no proceden.
Y mientras las pruebas que la ex diputada de Morena ha entregado se acumulan en el escritorio del procurador Raúl Cervantes, en la Secretaría de la Función Pública (SFP) local, que encabeza Paula Rey Ortiz Medina, los esfuerzos se han enfocado en las denuncias por presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en contra del delegado en Zacatecas, Rolando Garza Martínez, pero de lo sucedido en el sexenio pasado, nada de nada.
Así, el trabajo en la SFP está estancado por una simple razón, Paula Rey no sólo se encuentra sola y sin saber ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni a qué amo seguir obedeciendo, sino que además enfrenta la recurrida grilla de parte de quien, grita en los pasillos, merecía el cargo porque «hice mucho en la campaña para que Alejandro Tello ganara».
Ella es Araceli Aguilar González, directora de Auditoría en la administración pasada y ratificada ahora. Gente de todas las confianzas del anterior titular Guillermo Huizar Carranza, y del Auditor Especial Categoría «B» en la Auditoría Superior del Estado (ASE), Ramón Elizondo Viramontes.
La funcionaria está muy molesta porque el 9 de septiembre se despidió del personal, porque la nombrarían secretaria de la Función Pública, y tuvo que regresar al mismo puesto para cumplir el cometido que le encargaron desde hace unos años, no auditar las cuentas de Alonso Reyes. Ella, por eso, es señalada como parte de la red de encubrimiento que se tejió al interior de la SFP.
Desde la Dirección de Auditoría, la acusan sus subordinados, ayudó a maquillar las cuentas de la administración pasada, y ahora que las pruebas de los supuestos desvíos comienzan a salir, las cosas se le ponen feas.
Además, en el listado general de auditorías practicadas por la SFP, publicado en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, de las 77 aplicadas entre el 2010 y el 2016, ninguna se hizo a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), en donde, extrañamente, su hermano José Ángel Aguilar González era el director de Recursos Financieros.
Y decimos era porque al llegar el gobierno diferente a esta dependencia, brotaron desfalcos en tres ejercicios fiscales, por lo que de manera fulminante fue cesado, además que el evidente conflicto de interés no podía seguir soportándose y le dijeron adiós.
Hoy, acorralada, exige que su hermano sea reinstalado o lo ubiquen en otro puesto, pues de lo contrario, amenazó, morderá la mano de quien le dio de comer y hará público, a través de las filtraciones que tanto le gustan, las pruebas «que meterían a Miguel Alonso a la cárcel».
Siendo la corrupción, uno de los lados más flacos de los actuales gobiernos, y cuyo combate es una de las banderas del inquilino de La Casa de los Perros, llegó el momento de poner orden en esa dependencia, o de lo contrario, alguien sí hará leña del árbol caído.
Contralorías
Mientras en Guadalupe, la revelación ha sido Carlos Salmón, que impulsado por Morena llegó a la Contraloría Municipal a trabajar en serio de la mano del alcalde Enrique Flores, haciendo una interesante mancuerna, en Sain Alto, Valparaíso, Cañitas de Felipe Pescador, Enrique Estrada, Mezquital del Oro y Mazapil simplemente no se han podido poner de acuerdo.
Por ello, la Comisión de Gobernación, de la LXII Legislatura, que integran Luis Medina Lizalde, Julia Olguín, Geovanna Bañuelos, Lorena Oropeza, Santiago Domínguez, Le Ro Barragán y Carlos Peña, estudian la forma de solventar las irregularidades en los nombramientos que de contralores se hicieron en esos municipios.
Por lo pronto, los diputados decidieron que deberán comparecer los presidentes municipales de estos municipios, para que explique qué hicieron, o qué dejaron de hacer, y en el 2017 todo se solucione.
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